80 años de la ley que posibilitó la construcción del campus de la Universidad Nacional

 

Este plan debe corresponder a las nuevas exigencias que emergen y que tiene la Universidad y el país en materia de profundizar la calidad de la educación superior en Colombia; el avance en la investigación y una mayor agresividad e impacto en la extensión. 

 

Igualmente debe conectar más a Colombia con el mundo y atender las exigencias propias del posacuerdo, que posiblemente estará en vigencia en ese momento. Tal propuesta ha de ser también innovadora, buscando una mayor inclusión educativa, de una nación que debe avanzar más rápido en el desarrollo económico y social y remontar el tiempo perdido.

 

Esta perspectiva es importante y este texto menciona adicionalmente algunos de los problemas financieros que, de no ser atendidos, podrían dar al traste con los retos que tiene la Universidad Nacional en este peculiar momento histórico. 

 

Problemas que de ignorarse, pueden restarle dinamismo a una institución con una bien ganada vocación y tradición de liderazgo en todo el sistema educativo colombiano.

 

No se puede dejar de mencionar que justamente hace unos días se cumplieron los primeros 80 años de la Ley orgánica de la Universidad, establecida en la Ley 68 de 1935. 

 

Es en este texto, sancionado por el entonces Presidente de la República Alfonso López Pumarejo, que se señala muy claramente en el artículo quinto, la visionaria idea de comprar los terrenos para construir toda una “Ciudad Universitaria”, logrando así, en decisión histórica, se integren 121 hectáreas al campus de Bogotá, en un solo sitio y en epicentro privilegiado del desarrollo la ciudad, y además con 17 de sus edificios principales que son hoy monumento nacional.

 

En cualquier contexto, pero sobretodo en el actual de estrechez financiera de la Universidad, es importante detenerse sobre este hito de 1935, pues la sociedad colombiana, en un contexto de mayores restricciones económicas que las actuales, apenas superando la crisis de los años 30, tuvo la visión y el temple para privilegiar la educación superior de calidad como uno de los principales proyectos de sociedad y de nación. 

 

Es bueno situar estos antecedentes con claridad para ubicar el contexto actual en una perspectiva más amplia. En la actualidad al concluir el año 2015 esperamos ansiosamente que el país pueda de verdad transitar hacia una paz duradera, y con atención al derecho de las víctimas. Este contexto impone nuevas obligaciones a la Educación Superior, y a la inclusión social en general, con énfasis también en respuestas adecuadas para la población y para un sector rural que ha sido bastante marginado del bienestar social. Esta población está ansiosa de soluciones y ahora reclama formas ingeniosas de participación en todos los frentes, lo que incluye claramente mayores oportunidades de una educación superior de calidad y nuevas y más flexibles formas de acceso a la educación superior, incluyendo medios virtuales. 

 

A la Universidad le queda muy bien lo que dice su estatuto general sobre su razón de ser: “contribuir a la unidad nacional, en su condición de centro de vida intelectual y cultural, abierto a todas las corrientes de pensamiento y a todos los actores sociales, étnicos, regionales y locales”. 

 

La Universidad debe prepararse ahora más que nunca para cumplir con una tarea histórica en el proceso del posconflicto colombiano. Es bueno también que en el marco de La Habana exista un acuerdo explícito y definitivo, sin ambages, para hacer de las universidades un centro de transformación social, con pluralismo pero sin violencia, y de respeto a la diferencia, que le permita a la institución estar consagrada en sus funciones misionales y con invariable proyección social, a partir de un acuerdo firme y duradero. Este sería un gran legado para la Universidad.  

 

 

Uno de los aspectos más críticos de momento es el financiamiento y los aportes de la nación.  En el periodo que va del año 2000 al 2013 los ingresos netos de la Universidad crecieron un 52%. Sin embargo, en dicho periodo los aportes de la nación crecieron únicamente al 19%, pasando de $443.368 millones en el 2000 a $525.816 millones en 2013, mientras que los recursos propios se multiplicaron por tres veces, pasando $97.634 millones a $294.398 millones en el periodo, cifras tomadas del boletín  ‘Memoria económica y financiera 2000-2013’.

 

Más allá de estas cifras, la situación más inquietante es que los recursos propios, en su mayoría ingresos de servicios de extensión, claramente y por definición están comprometidos exclusivamente en cumplir unas tareas contratadas a la Universidad y no son una fuente permanente de recursos y menos para asumir servicios generales.

 

Por su parte, los aportes de la nación solo alcanzan a cubrir los gastos de personal. Ahora todos los gastos generales se financian exclusivamente con cargo a los excedentes de recursos propios y esto difícilmente puede sostenerse. 

 

Según datos de la propia Universidad, y para el año 2015 en el escenario donde los gastos aumentan con IPC, el faltante es de $66.307 millones y en el escenario requerido para atender las necesidades reales de las sedes asciende a $91.742 millones. En consecuencia sino se atiende, el problema financiero podría ser creciente y estructural. 

 

Los problemas anotados pueden conllevar a que las facultades tengan que ceder parte de sus ingresos propios y derechos de grado de matrículas que reciben del posgrado a la Administración Central de la UN, amenazando las becas que tradicionalmente se ofrecen a los estudiantes de maestría y produciendo un desestimulo al real interés de las facultades de manejar estos programas avanzados. ¿Para qué se hace un enorme esfuerzo por afirmar el carácter de producción de conocimiento de la Universidad si este esfuerzo se desdibuja en un contexto de estrechez financiera?

 

En la actualidad el número de estudiantes de la Universidad Nacional son 52.000 en total, 8.000 de posgrado y de estos 1.000 son de doctorado. De manera que se requiere proteger los recursos de las Facultades y los recursos de las Maestrías. También hacemos eco de la idea planteada por algunos rectores en el sentido que sería conveniente incluir la propuesta de crear un subsistema nacional de maestrías y doctorados.

 

 

Estamos en pleno acuerdo con la iniciativa de la actual administración de la Universidad Nacional, sede Bogotá, de compartir la Estampilla de la ciudad con Universidad Distrital (UD). 

 

Además, se debe dar entonces pronta modificación a la Ley 648 de 2001, que en su momento autorizó al Concejo Distrital a la emisión de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años. 

 

En este momento la Universidad Distrital, con visión y un entendimiento del Sistema Universitario Estatal Distrital, está de acuerdo que el 30% de esta estampilla, en una nueva Ley, sea para la Universidad Nacional-Sede de Bogotá. Es importante concluir este trámite legislativo. 

 

En el 2014 se llegó a tener aprobado ya el tercer debate en la segunda legislatura de la Ley. Pero el proyecto de Ley no pudo ser aprobado en el 2014 y desafortunadamente se tuvo que arrancar desde cero en el 2015. Esto en tanto que no se había logrado concluir el trámite del proyecto en dos legislaturas, según lo exige la Ley 5 que regula el reglamento del congreso. 

 

Asimismo y como lo han pedido las directivas de la Universidad, se requiere todo el apoyo y atención del gobierno nacional en la auditoria del recaudo de recursos estampilla (Ley 1697).  

 

En la Ley 1697 ‘Pro Universidad Nacional’ y otras universidades, bien sabemos que el hecho generador es todo contrato de obra que celebren las entidades del orden nacional. El pago es del 0.5% en contratos más pequeños y hasta del 2% en contratos mayores. 

 

La auditoría sería para garantizar que las universidades públicas y la Universidad Nacional reciban todos los recursos que en efecto deben pagar los particulares, sin elusión o evasión. En el Ministerio de Educación Nacional (MEN) se crea el Fondo Nacional de las Universidades Estatales de Colombia, como una cuenta especial y con destinación específica, manejada por el Ministerio todo esto requiere consolidación. 

 

Se requiere en consecuencia garantizar con el apoyo del gobierno nacional que ingresen al fondo todos los recursos de la estampilla y no haya elusión o desviación en el hecho generador. 

 

Esto requiere una adecuada información dentro del gobierno y unas proyecciones realistas para las Universidades, que de esta manera puedan planear mejor el trabajo al interior de las Universidades. 

 

Las proyecciones previstas no se han cumplido. Se espera poder remontar esta situación prontamente y aprovechar la agresiva inversión en infraestructura del país.

 

 

De otro lado y tal como está previsto en la Ley del Plan de Desarrollo, es bien posible que los recursos provenientes sobre el impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE quedan permanentes a partir del 2016 y se espera que un 1% sea para el sector Educativo, esto está bien. Es una buena noticia para el sector y la celebramos. De este punto adicional, el 60% del mismo será para apoyo a la educación superior pública. Ahora vale la pena anotar que la repartición de estos recursos han sido muy uniforme entre todas las Universidades Públicas, y también han sido beneficiarias Instituciones Tecnológicas e Instituciones Universitarias. 

 

Esto está bien pero es importante que a futuro, se tenga en cuenta a la Universidad Nacional y su creciente énfasis en los estudios de posgrado y doctorado y costos propios de su infraestructura de investigación. De manera que esperamos que se pueda acordar con el MEN, la consideración de sus costos más altos que son propios de un ambiente de Universidad de Investigación, y se tenga en cuenta y se le exijan también y concomitantemente a la Universidad todas las externalidades que por definición tiene la Universidad Nacional en todo el sistema de educación superior.

 

Adicionalmente, en las metas de “Colombia la más educada al 2025” se establece, entre otros aspectos, que la nación más educada de América Latina significa que al menos una universidad logre estar entre las 100 mejores del mundo al 2025. 

 

Esto puede ser oportunidad para la Universidad Nacional. Pero siempre sobre la base y con el prerrequisito de encontrar las fórmulas que puedan darle mayor solidez financiera. De lo contrario las buenas ideas, y la perspectiva de posacuerdo, y la próxima celebración de los 150 años de existencia, no podrán aprovecharse plenamente. Se requiere un trabajo articulado congreso-gobierno-universidad nacional en particular, para encontrar caminos y posibilidades.

 

*Una versión de este artículo fue publicada en el portal del Observatorio de la Universidad Colombiana.

 

Este plan debe corresponder a las nuevas exigencias que emergen y que tiene la Universidad y el país en materia de profundizar la calidad de la educación superior en Colombia; el avance en la investigación y una mayor agresividad e impacto en la extensión. 

 

Igualmente debe conectar más a Colombia con el mundo y atender las exigencias propias del posacuerdo, que posiblemente estará en vigencia en ese momento. Tal propuesta ha de ser también innovadora, buscando una mayor inclusión educativa, de una nación que debe avanzar más rápido en el desarrollo económico y social y remontar el tiempo perdido.

 

Esta perspectiva es importante y este texto menciona adicionalmente algunos de los problemas financieros que, de no ser atendidos, podrían dar al traste con los retos que tiene la Universidad Nacional en este peculiar momento histórico. 

 

Problemas que de ignorarse, pueden restarle dinamismo a una institución con una bien ganada vocación y tradición de liderazgo en todo el sistema educativo colombiano.

 

No se puede dejar de mencionar que justamente hace unos días se cumplieron los primeros 80 años de la Ley orgánica de la Universidad, establecida en la Ley 68 de 1935. 

 

Es en este texto, sancionado por el entonces Presidente de la República Alfonso López Pumarejo, que se señala muy claramente en el artículo quinto, la visionaria idea de comprar los terrenos para construir toda una “Ciudad Universitaria”, logrando así, en decisión histórica, se integren 121 hectáreas al campus de Bogotá, en un solo sitio y en epicentro privilegiado del desarrollo la ciudad, y además con 17 de sus edificios principales que son hoy monumento nacional.

 

En cualquier contexto, pero sobretodo en el actual de estrechez financiera de la Universidad, es importante detenerse sobre este hito de 1935, pues la sociedad colombiana, en un contexto de mayores restricciones económicas que las actuales, apenas superando la crisis de los años 30, tuvo la visión y el temple para privilegiar la educación superior de calidad como uno de los principales proyectos de sociedad y de nación. 

 

Es bueno situar estos antecedentes con claridad para ubicar el contexto actual en una perspectiva más amplia. En la actualidad al concluir el año 2015 esperamos ansiosamente que el país pueda de verdad transitar hacia una paz duradera, y con atención al derecho de las víctimas. Este contexto impone nuevas obligaciones a la Educación Superior, y a la inclusión social en general, con énfasis también en respuestas adecuadas para la población y para un sector rural que ha sido bastante marginado del bienestar social. Esta población está ansiosa de soluciones y ahora reclama formas ingeniosas de participación en todos los frentes, lo que incluye claramente mayores oportunidades de una educación superior de calidad y nuevas y más flexibles formas de acceso a la educación superior, incluyendo medios virtuales. 

 

A la Universidad le queda muy bien lo que dice su estatuto general sobre su razón de ser: “contribuir a la unidad nacional, en su condición de centro de vida intelectual y cultural, abierto a todas las corrientes de pensamiento y a todos los actores sociales, étnicos, regionales y locales”. 

 

La Universidad debe prepararse ahora más que nunca para cumplir con una tarea histórica en el proceso del posconflicto colombiano. Es bueno también que en el marco de La Habana exista un acuerdo explícito y definitivo, sin ambages, para hacer de las universidades un centro de transformación social, con pluralismo pero sin violencia, y de respeto a la diferencia, que le permita a la institución estar consagrada en sus funciones misionales y con invariable proyección social, a partir de un acuerdo firme y duradero. Este sería un gran legado para la Universidad.  

 

 

Uno de los aspectos más críticos de momento es el financiamiento y los aportes de la nación.  En el periodo que va del año 2000 al 2013 los ingresos netos de la Universidad crecieron un 52%. Sin embargo, en dicho periodo los aportes de la nación crecieron únicamente al 19%, pasando de $443.368 millones en el 2000 a $525.816 millones en 2013, mientras que los recursos propios se multiplicaron por tres veces, pasando $97.634 millones a $294.398 millones en el periodo, cifras tomadas del boletín  ‘Memoria económica y financiera 2000-2013’.

 

Más allá de estas cifras, la situación más inquietante es que los recursos propios, en su mayoría ingresos de servicios de extensión, claramente y por definición están comprometidos exclusivamente en cumplir unas tareas contratadas a la Universidad y no son una fuente permanente de recursos y menos para asumir servicios generales.

 

Por su parte, los aportes de la nación solo alcanzan a cubrir los gastos de personal. Ahora todos los gastos generales se financian exclusivamente con cargo a los excedentes de recursos propios y esto difícilmente puede sostenerse. 

 

Según datos de la propia Universidad, y para el año 2015 en el escenario donde los gastos aumentan con IPC, el faltante es de $66.307 millones y en el escenario requerido para atender las necesidades reales de las sedes asciende a $91.742 millones. En consecuencia sino se atiende, el problema financiero podría ser creciente y estructural. 

 

Los problemas anotados pueden conllevar a que las facultades tengan que ceder parte de sus ingresos propios y derechos de grado de matrículas que reciben del posgrado a la Administración Central de la UN, amenazando las becas que tradicionalmente se ofrecen a los estudiantes de maestría y produciendo un desestimulo al real interés de las facultades de manejar estos programas avanzados. ¿Para qué se hace un enorme esfuerzo por afirmar el carácter de producción de conocimiento de la Universidad si este esfuerzo se desdibuja en un contexto de estrechez financiera?

 

En la actualidad el número de estudiantes de la Universidad Nacional son 52.000 en total, 8.000 de posgrado y de estos 1.000 son de doctorado. De manera que se requiere proteger los recursos de las Facultades y los recursos de las Maestrías. También hacemos eco de la idea planteada por algunos rectores en el sentido que sería conveniente incluir la propuesta de crear un subsistema nacional de maestrías y doctorados.

 

 

Estamos en pleno acuerdo con la iniciativa de la actual administración de la Universidad Nacional, sede Bogotá, de compartir la Estampilla de la ciudad con Universidad Distrital (UD). 

 

Además, se debe dar entonces pronta modificación a la Ley 648 de 2001, que en su momento autorizó al Concejo Distrital a la emisión de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años. 

 

En este momento la Universidad Distrital, con visión y un entendimiento del Sistema Universitario Estatal Distrital, está de acuerdo que el 30% de esta estampilla, en una nueva Ley, sea para la Universidad Nacional-Sede de Bogotá. Es importante concluir este trámite legislativo. 

 

En el 2014 se llegó a tener aprobado ya el tercer debate en la segunda legislatura de la Ley. Pero el proyecto de Ley no pudo ser aprobado en el 2014 y desafortunadamente se tuvo que arrancar desde cero en el 2015. Esto en tanto que no se había logrado concluir el trámite del proyecto en dos legislaturas, según lo exige la Ley 5 que regula el reglamento del congreso. 

 

Asimismo y como lo han pedido las directivas de la Universidad, se requiere todo el apoyo y atención del gobierno nacional en la auditoria del recaudo de recursos estampilla (Ley 1697).  

 

En la Ley 1697 ‘Pro Universidad Nacional’ y otras universidades, bien sabemos que el hecho generador es todo contrato de obra que celebren las entidades del orden nacional. El pago es del 0.5% en contratos más pequeños y hasta del 2% en contratos mayores. 

 

La auditoría sería para garantizar que las universidades públicas y la Universidad Nacional reciban todos los recursos que en efecto deben pagar los particulares, sin elusión o evasión. En el Ministerio de Educación Nacional (MEN) se crea el Fondo Nacional de las Universidades Estatales de Colombia, como una cuenta especial y con destinación específica, manejada por el Ministerio todo esto requiere consolidación. 

 

Se requiere en consecuencia garantizar con el apoyo del gobierno nacional que ingresen al fondo todos los recursos de la estampilla y no haya elusión o desviación en el hecho generador. 

 

Esto requiere una adecuada información dentro del gobierno y unas proyecciones realistas para las Universidades, que de esta manera puedan planear mejor el trabajo al interior de las Universidades. 

 

Las proyecciones previstas no se han cumplido. Se espera poder remontar esta situación prontamente y aprovechar la agresiva inversión en infraestructura del país.

 

 

De otro lado y tal como está previsto en la Ley del Plan de Desarrollo, es bien posible que los recursos provenientes sobre el impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE quedan permanentes a partir del 2016 y se espera que un 1% sea para el sector Educativo, esto está bien. Es una buena noticia para el sector y la celebramos. De este punto adicional, el 60% del mismo será para apoyo a la educación superior pública. Ahora vale la pena anotar que la repartición de estos recursos han sido muy uniforme entre todas las Universidades Públicas, y también han sido beneficiarias Instituciones Tecnológicas e Instituciones Universitarias. 

 

Esto está bien pero es importante que a futuro, se tenga en cuenta a la Universidad Nacional y su creciente énfasis en los estudios de posgrado y doctorado y costos propios de su infraestructura de investigación. De manera que esperamos que se pueda acordar con el MEN, la consideración de sus costos más altos que son propios de un ambiente de Universidad de Investigación, y se tenga en cuenta y se le exijan también y concomitantemente a la Universidad todas las externalidades que por definición tiene la Universidad Nacional en todo el sistema de educación superior.

 

Adicionalmente, en las metas de “Colombia la más educada al 2025” se establece, entre otros aspectos, que la nación más educada de América Latina significa que al menos una universidad logre estar entre las 100 mejores del mundo al 2025. 

 

Esto puede ser oportunidad para la Universidad Nacional. Pero siempre sobre la base y con el prerrequisito de encontrar las fórmulas que puedan darle mayor solidez financiera. De lo contrario las buenas ideas, y la perspectiva de posacuerdo, y la próxima celebración de los 150 años de existencia, no podrán aprovecharse plenamente. Se requiere un trabajo articulado congreso-gobierno-universidad nacional en particular, para encontrar caminos y posibilidades.

 

*Una versión de este artículo fue publicada en el portal del Observatorio de la Universidad Colombiana.