El gobierno del presidente Gustavo Petro, a través de su Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, se comprometió a construir 35 nuevas sedes universitarias, multicampus o complejos educativos, 7 nuevas universidades y 10 nuevas sedes del SENA en diferentes regiones del país. El objetivo es claro: ampliar la cobertura y llevar la oferta de educación superior a municipios apartados. En total, se contemplan 87 proyectos. Sin duda, un plan ambicioso.
Sin embargo, al cierre de 2024, el panorama plantea más preguntas que certezas. Según el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), solo 37 proyectos de construcción de sedes universitarias y uno de una nueva Institución de Educación Superior aparecen registrados, y no necesariamente coinciden con lo estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo.
De estos 37 proyectos, 20 están en etapa de estudio, es decir, no están adjudicados, 9 están en ejecución, 1 en estructuración y 4 en gestión del predial. Apenas 12 proyectos tienen contrato con valor asignado, sumando cerca de $275 mil millones.
Además, el SECOP registra 14 proyectos adicionales de mejoramiento de infraestructura en universidades públicas, 11 de los cuales están en ejecución y 3 ya se han terminado, con una inversión cercana a los $2 billones.
Construir universidades o sedes universitarias en municipios sin oferta de educación superior pública —o donde esta es limitada— es, sin duda, deseable. No obstante, para ofrecer educación superior en condiciones de calidad, hace falta mucho más que nuevos edificios. Es imprescindible contar con profesores cualificados, con formación y experiencia adecuadas, algo que escasea en muchas de estas regiones. La ausencia de condiciones para atraer y retener buen talento académico es un obstáculo crítico. Será necesario crear incentivos específicos para cambiar esta realidad.
Asimismo, estas nuevas sedes requieren infraestructura básica como conectividad, recursos tecnológicos, laboratorios y, sobre todo, garantías para su sostenibilidad financiera a largo plazo. Esto último resulta especialmente preocupante en el actual contexto de reducción de recursos para la inversión en educación en el país.
Ojalá el gobierno haya priorizado los recursos necesarios y adjudicado estos proyectos a contratistas con la capacidad de culminar las obras. De lo contrario, el riesgo de convertir estos esfuerzos en “elefantes blancos” es alto, lo que significaría dinero público enterrado en obras inconclusas. Ese sería, sin duda, el peor escenario posible.
Una alternativa más efectiva habría sido destinar estos recursos a promover el acceso de jóvenes de bajos recursos a las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas y privadas de calidad ya existentes. También se podría ampliar la oferta educativa en las regiones mediante modalidades híbridas o virtuales, utilizando la infraestructura disponible y garantizando conectividad, como colegios, hoteles o entidades públicas que ya cuentan con condiciones mínimas para impartir ciertos programas académicos.
La prioridad, más allá que la construcción de nuevos edificios es garantizar que los y las jóvenes en el país puedan acceder a una educación posmedia de calidad, con oportunidades reales de desarrollo personal y profesional, sin importar el lugar donde vivan.
*Decana, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas - Universidad Javeriana
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Por Luz Karime Abadía
