Este miércoles 19 de febrero, la Comisión VI del Senado de la República aprobó en primer debate la modificación a los artículos 86 y 87 de la Ley 30, los cuales establecen la “fórmula” que define el dinero que le destina cada año el Gobierno a las Instituciones de Educación Superior Públicas (IES).
A modo de contexto, Sergio Lancheros, del grupo de investigación en políticas públicas de educación superior de la Universidad Nacional, explicaba hace un tiempo a El Espectador que lo estipulado en los artículos 86 y 87 de la Ley 30 obligaba al Gobierno a ajustar anualmente el presupuesto con base en el valor de la inflación. Sin embargo, esta cifra, según Lancheros, no tiene en cuenta otros gastos de las universidades, como la renovación de infraestructura física y tecnológica, los salarios de los docentes y administrativos o el avance en investigación.
Esto, sumado a otros factores como la no inclusión de las Instituciones Técnicas y Tecnológicas, han desencadenado una desfinanciación progresiva de las IES públicas. A propósito, en septiembre del año pasado, el Ministerio de Educación radicó el proyecto de ley “Acuerdo Nacional por el Rescate Financiero de la Educación Superior Pública” ante el Congreso.
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Aunque se ha tratado de un proyecto prioritario para el Gobierno, la discusión se dio apenas el pasado 16 de diciembre, durante el último día de sesiones ordinarias en el Senado, y no logró concretarse. Entonces, fue aplazada para este 2025.
Hoy, tras la aprobación de la iniciativa en la Comisión VI, el jefe del Mineducación, Daniel Rojas, dijo: “Inicia este periplo. Ahora en la plenaria del Senado seguiremos acompañando este anhelo que recoge la voluntad del Gobierno, del movimiento estudiantil y que está dispuesto para resarcir la deuda histórica que se ha tenido con la universidad pública”.
En específico la propuesta busca que, al reformar el artículo 86, los aportes del Presupuesto General de la Nación y los de las entidades territoriales destinados a las universidades públicas se calculen tomando como base el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) de las universidades estatales, calculado por el DANE, y no el IPC, como sucede en la actualidad. Según dijo el jefe de cartera en la Comisión VI, el ICES “se presenta como un índice mucho más cercano a lo que las universidades públicas año tras año tienen que ajustar”.
Por otro lado, con el cambio en el artículo 87, se espera que el Gobierno incremente sus aportes para las universidades nacionales, departamentales y municipales, en un porcentaje “no inferior al 70% del incremento real del Producto Interno Bruto y no en un 30% como está en la actualidad. Estos recursos no harán parte de la base presupuestal de las universidades estatales u oficiales”, de acuerdo con el sitio web del Senado.
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El proyecto plantea otros aspectos como asignar recursos adicionales para aumentar el acceso y la permanencia de estudiantes en educación superior pública, así como asignar recursos para fortalecer las plantas profesorales y administrativas. También se establece un parágrafo transitorio para que en un periodo de 6 meses se recalcule la base presupuestal de las universidades públicas, con el fin de ajustarla a sus necesidades reales.
Además, el proyecto sugiere la creación de un artículo nuevo, el 86a, en el que se argumente que la Nación incorporaría recursos del Presupuesto General de la Nación equivalentes al 0,05% del Producto Interno Bruto (calculado por el DANE) para el año anterior a la entrada en vigencia de esta ley, con el fin de constituir una base presupuestal para las Instituciones Técnicas Profesionales, Instituciones Tecnológicas, Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas estatales.
“El financiamiento de la oferta en la educación superior pública requiere, en el caso colombiano, una nueva dinámica que defina las características y limitaciones de la financiación estructural y acuda a nuevos instrumentos, principios y prácticas que la fortalezcan”, se puede leer en el articulado.
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Como lo hemos informado en este diario, algunas IES públicas se encuentran atravesando una seria crisis financiera. La que se recrudeció de manera más visible fue la Universidad de Antioquia, la segunda pública más grande del país, que tiene un hueco de recursos superior a los $350.000 millones de pesos.
Durante el debate la congresista Jennifer Pedraza, coautora del proyecto de ley, se refirió al respecto. “La universidad pública está en crisis. La Universidad de Antioquia estuvo en paro los últimos meses del 2024, y muchas más enfrentan dificultades”.
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