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La Vicerrectoría de la Sede Bogotá de la Universidad Nacional (Unal) ha dado a conocer las medidas que se han adoptado ante la llegada de la Minga Indígena Nacional a la institución. En principio, el comunicado señala que se han registrado 16.000 personas representantes de los 115 pueblos indígenas del país.
Para atender la presencia de las comunidades, según explicó la vicerrectoría, se ha instalado un Puesto de Mando Unificado (PMU) en coordinación con los gobiernos nacional, distrital y las autoridades indígenas.
El documento subraya que se han montado ocho carpas de la Secretaría de Salud con apoyo de equipos médicos y de medicina ancestral. Como medidas sanitarias, se instalaron 250 baños portátiles en distintos puntos del campus, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) ha proveído agua y se aumentó la frecuencia de recolección de basuras por parte de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.
En cuánto a acciones sobre derechos humanos y convivencia, la institución comunicó que en la universidad hay presencia permanente de la Defensoría del Pueblo y el Grupo de Acompañamiento a Escenarios de Posible Vulneración de Derechos de la Personería Distrital (GAEVP). Los promotores de convivencia de la sede también han apoyado los procesos.
Además, se instalaron hangares y se ofrecieron algunos espacios físicos de la universidad, debido a la fuerte temporada de lluvias. “Atendiendo a las razones humanitarias generadas por esta contingencia, las comunidades se albergaron en algunos edificios del campus, lo cual se ha venido coordinando con las directivas de las facultades”, se lee en el comunicado firmado por la vicerrectora de la Sede Bogotá, Carolina Jiménez Martín.
La directiva agregó que la presencia de la minga se ha dado de manera pacífica y no se han presentado daños a los edificios de la universidad. Jimenez añadió que, incluso, los pueblos originarios han participado en clases y otros espacios académicos ofrecidos por la Unal.
Conforman comisión de verificación
Por su parte, la Procuraduría General de la Nación conformó una comisión de verificación ante la presencia de los representantes indígenas en la institución. Su objetivo, comunicó la entidad, es “velar por los derechos humanos y fundamentales como la educación, vida, libre movilidad y derecho a la protesta pacífica”.
La comisión está compuesta por funcionarios de las procuradurías delegadas para Asuntos Étnicos, Derechos Humanos, Infancia, Adolescencia, la Familia y la Mujer, Vigilancia Administrativa y las procuradurías Primera y Segunda Distrital de Bogotá. El equipo verificará las condiciones del campus para albergar a los indígenas, “sin que los derechos y las clases de los estudiantes se vean afectadas”.
La comisión del Ministerio Público, además, indagará sobre las medidas de las directivas de la Unal, así como los acuerdos planteados con líderes de la minga para garantizar que no haya riesgos de alteraciones de orden público. La entidad también acompañará los espacios de diálogo para llegar a consensos.
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