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Este año el gobierno nacional redujo los recursos destinados para invertir en educación. El decreto 1523 de 2024, por medio del cual el gobierno dio a conocer el presupuesto general de la nación, muestra un recorte del 8% en el presupuesto de inversión del Ministerio de Educación Nacional, respecto al año 2024. El presupuesto de inversión es el que debe destinarse a financiar políticas públicas y programas que puedan mejorar el acceso, calidad, pertinencia, equidad, entre otros desafíos, de la educación en el país.
Históricamente, del total de recursos destinados a educación, alrededor del 92% corresponden a gastos de funcionamiento, es decir, los recursos destinados al pago de la nómica de maestros y personal administrativo de los colegios, los servicios públicos de las escuelas, el funcionamiento del Ministerio de Educación y las entidades adscritas, como por ejemplo, el ICFES y el ICETEX. Mientras que solamente se destinan cerca del 8% de los recursos para invertir en mejorar la calidad de la educación en todos los niveles preescolar, básica, media y superior. En el caso de las Instituciones de Educación Superior públicas ocurre algo similar, la mayoría de los recursos son destinados para el funcionamiento de las mismas.
Para el año 2025, se destinaron $70 billones para ser ejecutados por el Ministerio de Educación, 2 billones para el programa de alimentación escolar – PAE, $6.5 billones para las universidades públicas y $172 mil millones para cinco instituciones técnicas. Si bien, el presupuesto total tuvo un aumento comparado con el asignado para el 2024, el aumento se refleja en el presupuesto de funcionamiento, principalmente para cubrir el incremento salarial de los funcionarios públicos, maestros, profesores y personal administrativo.
Reducir los recursos destinados a la inversión en el sector educativo en un país como Colombia, cuyo sistema educativo presenta significativos rezagos en comparación con otras naciones de la región, es una decisión profundamente desacertada por parte del gobierno del presidente Petro. Esta medida no solo contradice las promesas realizadas durante su campaña, sino que ignora la evidencia que respalda la importancia de destinar recursos a mejorar el acceso y la calidad de la educación. Está ampliamente demostrado que invertir en educación es clave para elevar la calidad de vida de las personas, impulsar el desarrollo social y potenciar el crecimiento económico de un país.
Es cierto que las finanzas públicas atraviesan un momento crítico y que, este año, los recortes presupuestales eran inevitables debido a la reducción en los ingresos de la nación. Sin embargo, desde una perspectiva estratégica, la inversión social debería haber sido priorizada, y la educación, por supuesto, debía ocupar un lugar central en esa agenda. Invertir en educación genera altos retornos tanto a nivel individual como social, convirtiéndose en una herramienta indispensable para reducir las profundas inequidades que persisten en Colombia. Por ello, los gobiernos, tanto nacionales como locales, deben comprometerse a aumentar los recursos destinados a este sector y, al mismo tiempo, garantizar un uso más eficiente y equitativo de esos fondos, maximizando así su impacto y contribuyendo al desarrollo sostenible del país.
*Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Javeriana.
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Por Luz Karime Abadía*
