Caso Universidad Nacional: el sentido vacío de la “autonomía universitaria”

A propósito de los recientes hechos en la Universidad Nacional, el autor de este artículo advierte: la “autonomía universitaria” es algo más complejo que la aceptación de decisiones arbitrarias de los cuerpos colegiados como si fueran sagradas.

Foto: El Espectador - Mauricio Alvarado Lozada

Recientemente, el debate sobre de la decisión del ministro de Educación ad hoc acerca de la Universidad Nacional (UN) ha girado en torno a la autonomía universitaria. El Ministerio ha ordenado, por medio de una resolución, que el Consejo Superior Universitario (CSU) se reúna cuanto antes y nombre un rector encargado mientras se toma una decisión de fondo acerca de la legalidad de la designación de Ismael Peña. En los medios han aparecido el representante de los profesores ante el CSU (representante cuya legitimidad han puesto en duda sus colegas), el rector autoposesionado, exrectores, directivos de universidades privadas y todo tipo de “expertos en educación” lamentando la destrucción de la autonomía universitaria. Y, sin embargo, la defensa general de ese principio ha sido bien curiosa.

En una entrevista para El Tiempo en vivo del 19 de mayo, el autonombrado rector de la Nacional usa la expresión “autonomía universitaria” alrededor de una docena de veces, pero en ninguna de ellas ofrece algún indicio de su significado. Siempre habla de la necesidad de protegerla (y se autoproclama como su valiente defensor), pero en ningún momento dice de qué está hablando. Es como si el sentido del término “autonomía universitaria” fuese algo autoevidente, algo tan claro que uno puede usarlo sin sentirse obligado a explicarlo. Hay que buscar mucho en las declaraciones del profesor Peña para encontrar algún tipo de definición positiva. En una entrevista del 3 de mayo para El Espectador, dice que la autonomía universitaria, “desde la Edad Media, es un asunto sagrado, que tenemos que defender”. Y es llamativo que se ponga la autonomía en el ámbito de lo sagrado, es decir, de aquello cuya naturaleza no se cuestiona pero se defiende.

No obstante, en esa misma entrevista el entonces recién autoposesionado rector ofrecía un indicio más claro de que el término “autonomía universitaria” tiene algún tipo de contenido. Afirmaba: “El filósofo Kant, alrededor de 1700 (sic), afirmó en uno de sus escritos, refiriéndose a las universidades, que los cuerpos académicos deben garantizar la no injerencia de los gobiernos en las decisiones internas de la universidad”. La no injerencia de los gobiernos en las universidades es, en efecto, un componente básico de la autonomía universitaria, de eso no cabe duda.

Sin embargo, habría que preguntarle al “filósofo Kant” si estaría de acuerdo con esta grosera simplificación de sus argumentos. Difícilmente habría avalado Kant, quien abogó con tanto ahínco por el uso público de la razón, la falta de transparencia del CSU en la designación del rector, y sobre todo la falta de disposición de los miembros de este cuerpo colegiado para explicar las razones que justificaron su decisión. Por lo menos, diría Kant, los miembros del CSU involucrados deberían explicarle a la comunidad universitaria por qué, en el caso de esta elección, se hacía necesario el uso de un método ponderado de eliminación progresiva, con voto secreto, en lugar de una votación directa y nominal. Si sus argumentos fuesen convincentes y razonables, de seguro la comunidad académica ya no estaría tan indignada.

Todo esto indica que la “autonomía universitaria” es algo más complejo que la aceptación de decisiones arbitrarias de los cuerpos colegiados como si fueran sagradas. Pues las presiones que amenazan la autonomía universitaria no sólo provienen de los gobiernos, sino que también pueden provenir de los cuerpos colegiados. El ejemplo reciente de la Universidad del Rosario viene como anillo al dedo: fue la comunidad, que es el sujeto último de la autonomía universitaria, la que presionó para la destitución de un rector cuestionado tras el silencio de las instancias superiores. En la Universidad, cuyo espíritu es el debate de las ideas y los argumentos, el secretismo, o la opacidad en las decisiones de un cuerpo colegiado atentan contra la autonomía universitaria, porque atentan contra la idea misma de universidad.

Varios periodistas han argumentado que quienes celebran la intervención del ministro no habrían reaccionado así si el gobierno que toma esa medida hubiese sido, por ejemplo, el de Iván Duque. Comparaciones así, que abundan en el periodismo, se basan en casos hipotéticos incompletos. Lamentablemente, esta práctica es muy común en el periodismo: tomar un evento complejo, lleno de variables y circunstancias particulares, y oponerle uno simple, como caído del cielo. Habría que argumentar, en contra de esta simplificación, que la situación actual de Universidad Nacional no es el producto fortuito de una designación, sino el resultado de una inconformidad que se ha gestado por años (véase), y que los gobiernos nacionales, al menos desde la década de 1990, tienen responsabilidad en ello. Desde entonces, han sido ellos quienes, la mayoría de las veces, han usado su influencia para elegir a los rectores de la Universidad, casi siempre en contra de las razones expuestas por la comunidad. El anuncio del actual gobierno de respetar el resultado de la consulta abrió una esperanza en la Universidad Nacional para un posible cambio de rumbo.

Por eso, si uno va a plantear supuestos hipotéticos, lo honesto es mantener la integridad de los hechos. El gobierno del presidente Iván Duque (o cualquiera de sus antecesores) jamás habría tomado una decisión como la que tomó el gobierno actual, porque no le habría hecho falta. Si el gobierno hubiese sido de un signo contrario al actual, sus representantes en el CSU simplemente no habrían respetado el resultado de la consulta, como había ocurrido hasta ahora, y no habría habido necesidad de usar maniobrar turbias, conteos ponderados y actas secretas. Por primera vez, un grupo de miembros del CSU actuó en contra de la voluntad del gobierno, no por respeto a la autonomía universitaria, sino simplemente porque el anuncio de éste de respetar la consulta no coincidía con sus propios intereses.

¿Era realmente autónoma la UN cuando los gobiernos coincidían con las mayorías del CSU para nombrar rectores alineados con sus intereses, incluso en contra de la opinión mayoritaria y calificada de la comunidad académica? Es curioso que ninguno de los defensores recientemente autoproclamados de la autonomía plantee el problema de este modo, y denomine “intervención” a una acción por la que le dan al CSU las herramientas necesarias para que él mismo saque a la Universidad Nacional del embrollo en que la metió.

[i] Profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Autor del Pequeño Glosario de antintelectualismo académico, del cual han sido publicadas algunas entradas en El Espectador.