El Ministerio de Educación informó que, por primera vez, Colombia contará con una política pública de alimentación escolar, la cual buscará garantizar la calidad nutricional, la sostenibilidad y la cobertura para millones de estudiantes en el país a largo plazo.
La formulación de la política fue oficializada por la Unidad de Alimentos para Aprender (UApA). De ese modo, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) pasa de ser solo un programa gubernamental a una política de Estado, con el fin de “blindar su operación más allá de los ciclos políticos”.
La nueva política, agregó el Mineducación, se basa en cinco ejes estratégicos, los cuales son:
- Garantía de derechos: la alimentación escolar se reconoce como un derecho fundamental para el desarrollo integral de los estudiantes.
- Financiamiento sostenible: se establecen mecanismos financieros a largo plazo para asegurar la continuidad y expansión del PAE.
- Calidad y nutrición mejoradas: las minutas alimentarias serán revisadas y actualizadas con base en criterios técnicos, nutricionales y participación comunitaria.
- Participación ciudadana: estudiantes, familias y comunidades educativas participarán en la toma de decisiones, promoviendo transparencia y pertinencia local.
- Monitoreo y evaluación rigurosos: se implementarán sistemas de seguimiento robustos para garantizar eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.
Ante la noticia, el director de la UApA, Sebastián Rivera, aseguró que “esto va más allá de entregar alimentos en la jornada escolar. Hablamos de soberanía alimentaria, de nutrición saludable y de una política construida entre todos: sector público, privado, ONG, comunidad educativa y familias”.
La nueva política, además, responde a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo de 2022 a 2026, que reconoce la seguridad alimentaria como un problema estructural. Es por ello que la unidad ha habilitado un espacio de participación abierta a través de sus redes sociales y un formulario en línea en su sitio web.
No obstante, el ministerio aclaró que la consolidación del PAE como política pública se enfrenta a algunos retos, como la gestión descentralizada, la infraestructura y la capacitación, pero es un avance en la protección de los derechos de la niñez y la juventud.
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