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La Defensoría del Pueblo pidió explicaciones al Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF) sobre la instrucción en su Regional Huila de utilizar la expresión “niños y adolescentes”, sin incluir explícitamente a las niñas. La medida ha generado críticas, ante las cuales la directora general del ICBF, Carolina Restrepo Cañavera, ha afirmado que su propósito es “promover una comunicación institucional clara, incluyente y acorde con la naturaleza y la misión del instituto” y que el concepto de “niñez”, básicamente, reúne a todos los niños y todas las niñas de Colombia.
Frente a la situación, la Defensoría le solicitó brindar información sobre cuál es la directriz u orientación vigente en el ICBF respecto al uso de las expresiones “niñas”, “niños”, “adolescentes” y “niñez” en sus comunicaciones, documentos, piezas y otros contenidos institucionales. También le pidió precisar si tiene alcance nacional o regional, qué autoridad la impartió y la fecha de su adopción.
La entidad requirió copia de estas directrices, circulares, correos o cualquier otro medio por el cual se haya impartido la instrucción. Pero la solicitud clave que hizo fue la de informar sus fundamentos técnicos, jurídicos, de derechos humanos, de género y comunicativos. El ICBF, en suma, deberá precisar si se valoraron los posibles efectos de la instrucción no solo sobre la visibilización y el reconocimiento de las niñas, sino también sobre las afectaciones diferenciadas que ellas enfrentan.
“La información solicitada permitirá a la Defensoría del Pueblo conocer el alcance real de la orientación referida, establecer su correspondencia con los lineamientos nacionales del Instituto y valorar, desde una perspectiva de derechos humanos, su compatibilidad con las obligaciones constitucionales, legales e internacionales de garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”, se lee en el documento firmado por la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.
“Nombrarlas ayuda a identificar desigualdades”: esto dice la Defensoría
Para la Defensoría, esta discusión va más allá de la gramática o el estilo. Subrayó que buscar claridad, sencillez o eficiencia en las comunicaciones del ICBF no puede considerarse aislando sus obligaciones constitucionales de igualdad, no discriminación y reconocimiento de sujetos que, históricamente, han sido invisibilizados. “La economía del lenguaje no debería traducirse en una pérdida de reconocimiento cuando la diferenciación resulta relevante para garantizar derechos”, apuntó.
La Defensoría recordó que, en varias ocasiones, la Corte Constitucional ha reconocido que el lenguaje cumple funciones tanto instrumentales como simbólicas. Además, refleja y al mismo tiempo contribuye a construir realidades sociales, lo cual puede implicar bien sea un factor de inclusión o, por otro lado, de exclusión.
Puntualmente, desde la Sentencia C-804 de 2006, el alto tribunal cuestionó el uso del masculino como un referente universal, si trae como consecuencia la invisibilización de las mujeres. Luego, eso mismo fue reiterado en las sentencias C-001 de 2018, C-552 de 2019, C-154 de 2022 y T-250 de 2024, entre otras.
La entidad también trajo a colación el artículo 12 de la Ley 1098 de 2006, el cual señala expresamente que la perspectiva de género se debe tener en cuenta en todos los ámbitos en los que se desenvuelven los niños, las niñas y adolescentes, con el fin de alcanzar la igualdad. Ese planteamiento parte de la premisa de reconocer que las experiencias, riesgos y afectaciones durante la niñez y la adolescencia no son necesariamente iguales, además de que determinadas formas de violencia y discriminación afectan específica o desproporcionadamente a las niñas.
“Por ello, su reconocimiento expreso no constituye únicamente una cuestión de representación simbólica: tiene también una dimensión diagnóstica, programática y preventiva”, aseguró la Defensoría. “Si las niñas soportan patrones específicos o desproporcionados de violencia sexual, explotación, uniones tempranas, embarazo forzado o adolescente, trata y otras formas de violencia basada en género, nombrarlas y desagregar la información no es ornamental, pues ayuda a identificar esas desigualdades y caracterizar adecuadamente las violencias que enfrentan”.
La visibilización, según este órgano, también permite orientar políticas, programas e intervenciones, así como adoptar medidas de prevención y protección acordes con las necesidades de las niñas. A ojos de la Defensoría, una instrucción para prescindir de su mención expresa podría, dependiendo de su alcance y de los contextos en que se aplique, dificultar que se identifiquen y se comprendan adecuadamente estas formas específicas y desproporcionadas de violencia.
“La claridad, la economía o la eficiencia comunicativa pueden ser criterios legítimos de comunicación pública, pero no bastan, por sí solos, para justificar una decisión institucional que pueda reducir la visibilidad de sujetos cuya protección diferenciada está constitucional y legalmente exigida”, concluyó.
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