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Desde 2018 y hasta septiembre de 2024, en Colombia se invirtieron 4,84 billones de pesos en infraestructura de instituciones educativas, así lo afirma un reciente informe del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Pontificia Universidad Javeriana, el cual analizó los datos del sistema de información del FFIE (Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa).
Según el análisis “Espacios que Educan: Desafíos en la Infraestructura de la Educación”, del monto total invertido, el 32,4% se concentra en Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca, mientras que solo el 1% se destina en Guainía, Vaupés, Putumayo y Vichada.
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Esto quiere decir que, por ejemplo, en Vichada se invirtieron $9.262 millones, mientras que en Antioquia la inversión fue de $598.875 millones.
Sobre el estado de los proyectos, el informe indica que el 58 % ya están terminados, el 16 % en obra, 13 % en diagnóstico, y los demás en otras fases iniciales. El análisis también señala que, a septiembre de 2024, se tienen 3.115 proyectos, de los cuales el 60% corresponden a la convocatoria de mejoramientos de 2021. De estos proyectos se abarca una población total de 997.424 estudiantes beneficiarios, de los cuales, el 43 % se beneficiaron de proyectos con aulas nuevas o ampliadas”.
“La infraestructura escolar influye en el aprendizaje, la motivación y el bienestar integral estudiantil. Espacios bien diseñados inspiran, optimizan la enseñanza y fortalecen la comunidad educativa”, señala Gloria Bernal, directora del LEE de la Javeriana.
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Los analistas señalan que este tipo de inversiones tiene repercusiones a largo plazo en la equidad social, pues se promueve una educación inclusiva que atiende las diversas necesidades de los estudiantes, ayudando a cerrar brechas educativas y sociales, especialmente en zonas vulnerables.
Para los retos que identificaron, los analistas proponen una serie de acciones como la creación de un fondo de contingencia para infraestructura educativa en regiones con menor inversión, asegurando recursos para proyectos en zonas de difícil acceso. También sugieren actualizar el Censo de Infraestructura Educativa Regional (CIER) para contar con datos precisos que faciliten la planificación y ejecución de proyectos.
Asimismo resaltan la importancia de una mayor articulación con comunidades educativas para mejorar el seguimiento de los proyectos y garantizar su adecuado uso y mantenimiento.
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