¿Doctorados de garaje?, la polémica ley que autoriza a centros de investigación a otorgar títulos

En Colombia, en los últimos 20 años, se consolidaron 260 programas doctorales ofrecidos por las 32 universidades públicas. / Getty Images.

Foto: Getty Images - skynesher

La aprobación de la Ley 2142 de 2021, promovida por el senador Carlos Andrés Trujillo González, del Partido Conservador, ha generado un gran debate en el sector educativo porque les otorga la facultad de dictar programas de maestrías y doctorados a los centros e institutos de investigación del país, un grado de educación que, hasta el momento, solo podía ser validado por alguna de las universidades del país. De entrar en vigor esta medida, que varios expertos catalogan como un despropósito, Colombia sería el único país del mundo en el que estos planteles tengan la función de expedir estos títulos.

En la actualidad, en varios países los centros e institutos de investigación actúan como aliados de las universidades. Uno de ellos es Alemania, en donde el Instituto Max Planck funciona como un espacio para que los estudiantes de doctorados o maestrías desarrollen sus proyectos de investigación planteados en sus tesis, pero es la universidad la encargada de expedir el título. Así también venía realizándose en Colombia, donde en los últimos 20 años se lograron consolidar 260 programas doctorales ofrecidos por las 32 universidades públicas del país. Por eso, “aprobar esta norma es retroceder en la educación superior”, señalan los rectores en un comunicado.

Ignacio Mantilla, doctor en matemáticas y exrector de la Universidad Nacional, explica con algunos ejemplos el escenario al que se enfrenta el país en caso de que esta ley entre en vigor: “Es como si autorizáramos a las clínicas, que es donde los estudiantes de medicina hacen sus prácticas, para que les expidan el título de especialista. O como si en el DANE, donde los estudiantes de estadística realizan prácticas, se le diera la facultad de expedir un título de doctorado o magíster. O como si los bancos tuviesen la facultad para expedir el título profesional a los estudiantes que trabajen allí en sus pasantías”, asegura.

¿Se abre la puerta a los doctorados de garaje?

La polémica, tanto para Mantilla como para los rectores de las universidades públicas que conforman el Sistema Universitario Estatal (SUE), radica en los parámetros que se tendrán en cuenta para evaluar cuáles van a ser esos centros e institutos de investigación autorizados para ofrecer los programas de doctorado y maestría. De acuerdo con el artículo 2 del segundo párrafo de la ley, estos lugares “pueden clasificarse como organizaciones de carácter público, privado o mixto” e incluso “pueden contar con cierto grado de autonomía administrativa financiera para ser aptos”, reseña el documento.

Además, la ley los clasifica en tres grupos dependiendo de la naturaleza de cada centro de investigación. Existen los que tienen autonomía administrativa y financiera, también están los dependientes que son adscritos al sector académico o a entidades públicas o privadas y que cuentan con cierto grado de autonomía administrativa/financiera. Y, por último, son los de I+D que fueron “adscritos y/o vinculados a ministerios, departamentos administrativos, unidades, agencias o entidades descentralizadas de orden nacional, para apoyar el cumplimiento de su misión institucional y mejorar la calidad técnica de las intervenciones”. Es decir, son entidades que no netamente están ligadas con la investigación.

Esta última categoría es quizás una de las más controversiales para los rectores y exrectores, principalmente, porque abre la puerta a que se reduzca el nivel de exigencia en estos programas. “Es una verdadera afrenta, con alta dosis de cinismo, rematar la definición de los (centros) de I+D, precisando que se trata de entidades que han sido creadas para otra cosa y que no tienen entre sus funciones la formación al más alto nivel, como debe ser cuando se trata de un programa de doctorado (...) se logra evadir el rigor académico universitario para poder obtener un título de posgrado”, precisa Mantilla en su blog Ecuaciones de Opinión.

Otra de las discusiones gira en torno a las facultades que se le van a otorgar al ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Tito Crissien, quien ha sido acusado en repetidas ocasiones de plagio. Según el artículo 1, el jefe de esta cartera será el encargado de determinar cuáles son los institutos y centros de investigación aptos para ofrecer los programas para que después el Ministerio de Educación adelante el trámite de registro. Y aunque el texto dice que se “tendrán en cuenta los criterios académicos, científicos y de innovación”, para Mantilla “no es correcto que ahora sea esta persona la que tiene el poder para decir qué centros podrán ser los que gradúen”.

Así como se designó un rol al Ministerio de Ciencia y Tecnología, la ley establece en el artículo 4 la implementación de la infraestructura digital que, evidentemente, estaría a cargo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Esta cartera definirá “los estándares técnicos y de calidad que deberán cumplir las infraestructuras digitales para el despliegue de los programas que también se podrán ofrecer de manera virtual siempre y cuando garanticen una infraestructura digital necesaria y un programa académico que garantice el seguimiento continuo al cumplimiento de logros”, reseña el texto.

Una ley que se aprobó sin escuchar al sector educativo

Jairo Torres Oviedo, rector de la Universidad de Córdoba y presidente del SUE, aclara que para la aprobación de esta ley no se tuvo en cuenta ninguno de los argumentos expuestos por ellos, entre los que resalta la función que ha tenido en los últimos 20 años en la educación superior el Consejo Nacional de Acreditación, que se ha encargado de exigir a las universidades la acreditación de los programas académicos y de las instituciones. “En el país hay una tradición científica muy sólida sobre la cual se soportan la oferta de maestría y doctorados que hoy en día se están ofreciendo”, asegura.

Por eso, para Mantilla, la aprobación de esta ley “es una bofetada a este proceso, a la alta calidad que ha buscado el país. Uno no entiende cómo un Congreso, sin atender las recomendaciones de los expertos ni académicos, impulsa una ley como esta”. Jairo Cifuentes, secretario general de la Universidad Javeriana, por su parte, señala que no se tuvieron en cuenta “los aprendizajes y experiencias pasadas de posgrados en salud ofrecidos por IPS, con titulación gremial. Se refleja así el poco valor, que como sociedad, le otorgamos a la historia como maestra”.

Para Diego Lucumí, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, uno de los retos a los que se enfrenta el sector se centra en buscar la manera de hacer sostenibles estos programas de maestría y doctorado, teniendo en cuenta la dificultad que en muchas ocasiones han tenido las universidades para garantizar la continuidad de aprendizaje. “Creo que hay varios puntos que se deben resolver para promover la calidad, como si se va a contar con los suficientes investigadores en esos equipos, si tendrá las condiciones para operar, un acceso a bases de datos o las bibliotecas, incluso las interacciones con otras personas del mismo nivel de educación”, anota.

Abaratar matrículas y ampliar la oferta, el propósito de esta ley

El senador del Partido Conservador Carlos Andrés Trujillo González* fue el encargado de impulsar esta ley que, según dice, “tendrá un impacto social muy positivo, ya que busca crear programas de maestría y doctorado en áreas que las universidades desdeñan por no tener mucha demanda, lo que las hace económicamente inviables para estas, pero en cambio si institutos y centros de investigación reconocidos por el Ministerio de Ciencia pueden crearlos, lo harían en condiciones de calidad elevadas y a precios asequibles para las mayorías”. Hasta la fecha no se han definido cuáles son los centros que entrarán o cuál es el costo de la matrícula.

Durante la sesión de la Comisión Sexta del Senado, en donde el 3 de junio se presentó por primera vez esta ley, Trujillo González expuso que varias de las razones para promover la iniciativa era que en la actualidad “los programas de maestría son insuficientes para las necesidades del país y los doctorales aún son escasos y se concentran en áreas de alta demanda, por lo que pueden costar hasta cuatro veces lo que valen en países como Argentina, México, España, Italia o Alemania, donde valen una fracción de lo que se cobra acá y en universidades mucho mejor ranqueadas y con programas de mucha tradición”.

A pesar de la polémica, hay algunos expertos que no ven las razones de alarma y oposición. En cambio aseguran que podría ser una forma de aprovechar mejor la capacidad de formación. Ese es el caso de Darío Maldonado, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, quien ha seguido de cerca el debate. Sin embargo, explica, que “el problema radica en que muchos de los centros, en la actualidad, no están realizando investigación, sino consultoría, y en eso las universidades están mucho más preparadas. Estoy de acuerdo con la ley siempre y cuando se garantice una planta permanente de profesores para formar a esos estudiantes y se mantengan las condiciones de alta calidad”.

¿Qué viene ahora?

Una de las propuestas que plantean los rectores desde la SUE y la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún) es que “el esfuerzo del Estado se centre en fortalecer el desarrollo científico del país y no dispersar los recursos sin ningún rigor académico, ni ningún rigor científico al darles esa facultad o permitir que centros e institutos puedan crear programas de maestría y doctorado”, añaden. Por eso, advierten, en caso de que entre en vigencia esta ley lo más probable es que se debilite el desarrollo de la investigación científica en el país y que, al dispersar los recursos, se profundice la desfinanciación de la universidad pública.

Ahora, el recurso que van a emplear las universidades es interponer una demanda, con la asesoría del equipo jurídico del SUE y la Ascún, para impedir, en términos de control de constitucionalidad, que esta ley se materialice, porque, según dicen, “de entrar en vigencia se debilita el desarrollo de la investigación científica en Colombia”.

*Para esta nota se buscó en repetidas oportunidades al senador Carlos Andrés Trujillo González, pero no respondió.