Educación superior en cuidados intensivos por coronavirus

No es un secreto que la educación superior del país es una de las mayores víctimas del coronavirus. Basta con echarle un ojo al análisis de los expertos, las peticiones del sector y las quejas de los estudiantes para augurar tiempos peores. Dicen los rectores que la “situación financiera de las universidades se pone muy oscura en la actual emergencia”. Los docentes predicen que lo único seguro es que “las matrículas caerán dramáticamente” para el próximo semestre. Mientras los académicos manifiestan que “de momento la mejor opción es seguir ofreciendo clases en línea”. Nadie sabe cuándo podrán ocuparse de nuevo los salones y se sospecha si las lecciones magistrales son recuerdos que se empiezan a empolvar. Ahora mismo vivimos una crisis. (Vea: No existe la educación virtual en la ruralidad colombiana) 

Aunque la crisis de las Instituciones de Educación Superior (IES), en principio, no es novedad. Desde hace cuatro años cada vez son menos las personas que empiezan a estudiar un pregrado en Colombia. La prueba de ello es que las admisiones en universidades privadas, cuyos ingresos dependen esencialmente del cobro de matrícula, cayeron un 13 % entre 2016 y 2017. En el caso de las públicas, que se sostienen por transferencias del Gobierno, la baja de matrículas fue del 18 % hace tres años, según análisis del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana.

Luz Karime Abadía, codirectora del Laboratorio de Economía de la Educación, bien lo explica. “La crisis económica que dejará el COVID-19 hará que muchos estudiantes tengan que interrumpir sus estudios por no contar con los recursos para pagar las matrículas. Tampoco aquellos jóvenes que planeaban iniciar sus carreras podrán hacerlo, debido a la pérdida de empleo de miembros de su familia o a las dificultades que suponen esta coyuntura”.

Pero el golpe va más allá de los estudiantes. Se debe a que “la mayoría de instituciones ha actuado con lentitud en aprovechar el potencial de las nuevas tecnologías”, afirma una docena de líderes latinoamericanos en educación superior a través de un manifiesto frente al COVID-19. La emergencia es una angustia que supera la región. En Estados Unidos, por ejemplo, más de 2.000 IES estiman que sus déficits aumentarán 5 % o más para final de este año, de acuerdo con un informe hecho por la consultora Mckinsey.

A los ojos de Carlos Mario Lopera, quien lleva más de una década pensado el sector desde el Observatorio de la Universidad Colombiana, no más del 20 % de las 302 IES tenían experiencia en virtualidad. Así que, “mientras más se extienda la suspensión de clases presenciales, la probabilidad de que se quiebren va a aumentar fuertemente, específicamente, las privadas. Solo un grupo de universidades grandes puede sobrevivir este año”. Para ello tendrán que bajar sus costos de matrícula, otorgar becas, descuentos, generar mecanismos de cooperación entre ellas, ser por fin un sistema de educación nacional y ofrecer facilidades de pago como algunas lo han anunciado hasta ahora.

Se trata de alivios financieros. Cuatro de ellos han sido dispuestos por el Icetex en su “Plan de Auxilios Educativos Coronavirus”, al que se han acogido 49.168 colombianos en un mes. Período de gracia en cuotas, reducción de intereses al valor del índice de precios al consumidor (IPC), ampliación de plazos en los planes de amortización y nuevos créditos para el segundo semestre sin necesidad de un deudor. Estos beneficios, promovidos como salvavidas universitario, mantienen sus detractores.

La razón está en que, salvo por el segundo, son alivios antiguos y criticados, según Daniel Torres, representante de los usuarios del Icetex e integrante de la comisión de reforma que adelantaba la entidad. “El primero es un congelamiento durante la emergencia, pero los intereses siguen corriendo, aumentando el costo del crédito. El segundo sí es un alivio destacado porque los créditos normalmente son del IPC más 7, 8 o 9 %. Este disminuye la deuda a una tasa de 3,80 %. El tercero es solo la opción de que el usuario distribuya a más cuotas su crédito, lo que al final duplica la deuda, y el cuarto es una estrategia para convocar más usuarios, puesto que desde hace seis años los créditos otorgados vienen disminuyendo”.

Otros alivios, indiferentes a entidades financieras, han propuesto las IES. La Universidad Pedagógica dictó que los aspirantes podrán fraccionar el costo de matrícula en tres pagos, uno del 10 % y los otros dos del 45 %, empezando a estudiar sin haber pagado. La Universidad Industrial de Santander amplió su fecha límite para pagar la matrícula del segundo semestre mientras que la Universidad del Atlántico , en la que sus alumnos han pedido gratuidad, ha hecho un llamado a sus docentes, trabajadores y directivas a donar planes de datos y equipos de cómputo que garanticen la continuidad de los cursos.

A esos llamados también se han unido otras como la Universidad Jorge Tadeo Lozano, UPB, Universidad de Medellín, etc. Porque la falta de herramientas y conexión es otra preocupación del sector que, cual carrera contrarreloj, ha tenido que emigrar a las nuevas tecnologías. El problema es que esa transición es costosa y toma tiempo, asegura José Leonardo Valencia, rector de la Fundación Universitaria del Área Andina, una de las IES líderes en educación virtual del país con 14 mil estudiantes a nivel nacional y otros 6 mil inscritos en Costa Rica y Panamá.

“Lo que ha hecho la mayoría es migrar de un modelo presencial a uno remoto en el que utilizan herramientas de conectividad como Zoom o Microsoft Teams, donde acceden a momentos sincrónicos, en los que hay interacción, pero esa no es la virtualidad completa. Para ello necesitas una apropiación de tecnologías y una inversión en infraestructura, no edificios sino una plataforma pedagógica, simuladores, creadores de contenido, expertos en curaduría, diseñadores, animadores, un estudio de televisión. A un equipo como ese, en Área Andina, le tarda tres meses desarrollar el modelo de una clase. Un curso nos cuesta US$5.000 y un programa de educación tiene 60 cursos, eso equivale a $1.200 millones más lo que vale la licencia”, cuenta el rector quien ha apadrinado, por petición del Ministerio de Educación, a cuatro IES del país en medio de la coyuntura.

Ese plan padrino, en el que participa Área Andina junto a otras 22 instituciones, es una ayuda para aquellas que están padeciendo la emergencia por el COVID-19, disimulando los malos augurios financieros. Están sorteando una crisis sobre la que el Gobierno, concentrado en el sector salud, dice estar estudiando cualquier apoyo con el Ministerio de Hacienda. Por el momento les queda congraciarse con una realidad que les demanda currículos más flexibles, una reinvención de los programas actuales y la transformación de un modelo clásico, magisterial, heredado desde la antigüedad.

No es un secreto que la educación superior del país es una de las mayores víctimas del coronavirus. Basta con echarle un ojo al análisis de los expertos, las peticiones del sector y las quejas de los estudiantes para augurar tiempos peores. Dicen los rectores que la “situación financiera de las universidades se pone muy oscura en la actual emergencia”. Los docentes predicen que lo único seguro es que “las matrículas caerán dramáticamente” para el próximo semestre. Mientras los académicos manifiestan que “de momento la mejor opción es seguir ofreciendo clases en línea”. Nadie sabe cuándo podrán ocuparse de nuevo los salones y se sospecha si las lecciones magistrales son recuerdos que se empiezan a empolvar. Ahora mismo vivimos una crisis. (Vea: No existe la educación virtual en la ruralidad colombiana) 

Aunque la crisis de las Instituciones de Educación Superior (IES), en principio, no es novedad. Desde hace cuatro años cada vez son menos las personas que empiezan a estudiar un pregrado en Colombia. La prueba de ello es que las admisiones en universidades privadas, cuyos ingresos dependen esencialmente del cobro de matrícula, cayeron un 13 % entre 2016 y 2017. En el caso de las públicas, que se sostienen por transferencias del Gobierno, la baja de matrículas fue del 18 % hace tres años, según análisis del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana.

Luz Karime Abadía, codirectora del Laboratorio de Economía de la Educación, bien lo explica. “La crisis económica que dejará el COVID-19 hará que muchos estudiantes tengan que interrumpir sus estudios por no contar con los recursos para pagar las matrículas. Tampoco aquellos jóvenes que planeaban iniciar sus carreras podrán hacerlo, debido a la pérdida de empleo de miembros de su familia o a las dificultades que suponen esta coyuntura”.

Pero el golpe va más allá de los estudiantes. Se debe a que “la mayoría de instituciones ha actuado con lentitud en aprovechar el potencial de las nuevas tecnologías”, afirma una docena de líderes latinoamericanos en educación superior a través de un manifiesto frente al COVID-19. La emergencia es una angustia que supera la región. En Estados Unidos, por ejemplo, más de 2.000 IES estiman que sus déficits aumentarán 5 % o más para final de este año, de acuerdo con un informe hecho por la consultora Mckinsey.

A los ojos de Carlos Mario Lopera, quien lleva más de una década pensado el sector desde el Observatorio de la Universidad Colombiana, no más del 20 % de las 302 IES tenían experiencia en virtualidad. Así que, “mientras más se extienda la suspensión de clases presenciales, la probabilidad de que se quiebren va a aumentar fuertemente, específicamente, las privadas. Solo un grupo de universidades grandes puede sobrevivir este año”. Para ello tendrán que bajar sus costos de matrícula, otorgar becas, descuentos, generar mecanismos de cooperación entre ellas, ser por fin un sistema de educación nacional y ofrecer facilidades de pago como algunas lo han anunciado hasta ahora.

Se trata de alivios financieros. Cuatro de ellos han sido dispuestos por el Icetex en su “Plan de Auxilios Educativos Coronavirus”, al que se han acogido 49.168 colombianos en un mes. Período de gracia en cuotas, reducción de intereses al valor del índice de precios al consumidor (IPC), ampliación de plazos en los planes de amortización y nuevos créditos para el segundo semestre sin necesidad de un deudor. Estos beneficios, promovidos como salvavidas universitario, mantienen sus detractores.

La razón está en que, salvo por el segundo, son alivios antiguos y criticados, según Daniel Torres, representante de los usuarios del Icetex e integrante de la comisión de reforma que adelantaba la entidad. “El primero es un congelamiento durante la emergencia, pero los intereses siguen corriendo, aumentando el costo del crédito. El segundo sí es un alivio destacado porque los créditos normalmente son del IPC más 7, 8 o 9 %. Este disminuye la deuda a una tasa de 3,80 %. El tercero es solo la opción de que el usuario distribuya a más cuotas su crédito, lo que al final duplica la deuda, y el cuarto es una estrategia para convocar más usuarios, puesto que desde hace seis años los créditos otorgados vienen disminuyendo”.

Otros alivios, indiferentes a entidades financieras, han propuesto las IES. La Universidad Pedagógica dictó que los aspirantes podrán fraccionar el costo de matrícula en tres pagos, uno del 10 % y los otros dos del 45 %, empezando a estudiar sin haber pagado. La Universidad Industrial de Santander amplió su fecha límite para pagar la matrícula del segundo semestre mientras que la Universidad del Atlántico , en la que sus alumnos han pedido gratuidad, ha hecho un llamado a sus docentes, trabajadores y directivas a donar planes de datos y equipos de cómputo que garanticen la continuidad de los cursos.

A esos llamados también se han unido otras como la Universidad Jorge Tadeo Lozano, UPB, Universidad de Medellín, etc. Porque la falta de herramientas y conexión es otra preocupación del sector que, cual carrera contrarreloj, ha tenido que emigrar a las nuevas tecnologías. El problema es que esa transición es costosa y toma tiempo, asegura José Leonardo Valencia, rector de la Fundación Universitaria del Área Andina, una de las IES líderes en educación virtual del país con 14 mil estudiantes a nivel nacional y otros 6 mil inscritos en Costa Rica y Panamá.

“Lo que ha hecho la mayoría es migrar de un modelo presencial a uno remoto en el que utilizan herramientas de conectividad como Zoom o Microsoft Teams, donde acceden a momentos sincrónicos, en los que hay interacción, pero esa no es la virtualidad completa. Para ello necesitas una apropiación de tecnologías y una inversión en infraestructura, no edificios sino una plataforma pedagógica, simuladores, creadores de contenido, expertos en curaduría, diseñadores, animadores, un estudio de televisión. A un equipo como ese, en Área Andina, le tarda tres meses desarrollar el modelo de una clase. Un curso nos cuesta US$5.000 y un programa de educación tiene 60 cursos, eso equivale a $1.200 millones más lo que vale la licencia”, cuenta el rector quien ha apadrinado, por petición del Ministerio de Educación, a cuatro IES del país en medio de la coyuntura.

Ese plan padrino, en el que participa Área Andina junto a otras 22 instituciones, es una ayuda para aquellas que están padeciendo la emergencia por el COVID-19, disimulando los malos augurios financieros. Están sorteando una crisis sobre la que el Gobierno, concentrado en el sector salud, dice estar estudiando cualquier apoyo con el Ministerio de Hacienda. Por el momento les queda congraciarse con una realidad que les demanda currículos más flexibles, una reinvención de los programas actuales y la transformación de un modelo clásico, magisterial, heredado desde la antigüedad.