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La nueva reforma laboral aprobada por el Congreso, lejos de fortalecer los mecanismos de formación para el trabajo, ha dado un paso en falso al eliminar el contrato de aprendizaje, transformándolo en una relación laboral convencional. Esta decisión, aunque motivada por la intención de mejorar las condiciones de los aprendices, amenaza con debilitar un puente clave entre la educación técnica y tecnológica y el mundo laboral, especialmente para los jóvenes que más necesitan oportunidades reales de inserción.
Hasta ahora, el contrato de aprendizaje, regulado por la Ley 789 de 2002, constituía una figura especial que permitía a los aprendices del SENA y otras instituciones formarse en ambientes reales de trabajo, recibiendo un apoyo de sostenimiento por parte de las empresas. Este contrato no era una relación laboral, sino una modalidad formativa en dos etapas: una lectiva, con un auxilio equivalente al 50% de un salario mínimo mensual legal vigente (SMLV), y una práctica, con un 75% del SMLV y afiliación al sistema de riesgos laborales. El diseño tenía una lógica clara: ofrecer experiencia sin generar altos costos para el empleador, fomentando así la participación del sector productivo en la formación del talento joven.
Con la nueva reforma, el panorama cambia drásticamente. Las empresas deberán ahora asumir mayores cargas económicas por cada aprendiz vinculado: pagar el 75% de un SMLV en la etapa lectiva, el 100% en la práctica, cubrir salud, pensión, riesgos laborales y, además, entregar una bonificación anual equivalente a medio salario mínimo. Esta equiparación a un contrato laboral estándar no solo desnaturaliza el sentido formativo del aprendizaje, sino que crea un desincentivo poderoso para las empresas, especialmente para las pequeñas y medianas, que representan más del 95% del tejido empresarial del país.
En la práctica, lo que probablemente ocurrirá es una disminución sustancial de las plazas de práctica. Al elevar los costos, las empresas encontrarán más rentable pagar la sanción por no contratar aprendices —equivalente a 1,5 salarios mínimos por cada uno— que vincularlos formalmente. Esta monetización de la obligación desincentiva la esencia del modelo: la formación práctica.
Las consecuencias serán profundas. Las prácticas no son solo un requisito académico; son un componente central en la transición del sistema educativo al mercado laboral. Es allí donde los aprendices aplican sus conocimientos, desarrollan habilidades blandas, comprenden la dinámica del trabajo, crean redes y, en muchos casos, acceden a su primer empleo formal. Perder este espacio significa cerrar puertas precisamente cuando deberían abrirse.
En un país como Colombia, donde el desempleo juvenil supera el 18%, y más del 22% de los jóvenes no estudia ni trabaja (los llamados NINIS), eliminar mecanismos de acceso temprano al mercado laboral es un contrasentido. En lugar de facilitar la transición y brindar oportunidades, se elevan barreras de entrada. Y todo esto en un entorno donde las micro, pequeñas y medianas empresas —que ya enfrentan desafíos de productividad y formalización— verán ahora más difícil participar en la formación de aprendices.
La intención de mejorar las condiciones para los jóvenes es loable. Pero confundir formación con empleo, y aprendizaje con relación laboral, es un error que puede tener consecuencias regresivas. El contrato de aprendizaje funcionaba como un incentivo mutuo: formaba jóvenes con experiencia real y permitía a las empresas participar en el desarrollo del talento nacional sin asumir cargas desproporcionadas.
En conclusión, esta reforma no fortalece la educación para el trabajo, la debilita. No amplía las oportunidades, las restringe. Y lo más grave: no mejora las condiciones de los aprendices, sino que reduce las posibilidades de que exista siquiera un espacio para aprender. Si el objetivo es mejorar las condiciones de los jóvenes, debemos diseñar políticas que combinen sostenibilidad para el sector productivo con inclusión para los más vulnerables. Elevar los costos hasta el punto de excluir a los aprendices del mundo laboral no es la solución: es, tristemente, otro obstáculo más para una juventud que ya enfrenta demasiadas barreras.
*Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Javeriana
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Por Luz Karime Abadía*
