El enredo de los maestros en La Guajira

Más de 10.000 niños en La Guajira siguen postergando el inicio de un nuevo año escolar mientras en el resto de Colombia los alumnos ya se acercan al final del primer trimestre de clases. Un tremendo lío en la contratación de profesores asignados a escuelas dentro de la jurisdicción de comunidades indígenas es la causa del retraso.

La ministra de Educación, Yaneth Giha, visitó el departamento la semana pasada. Vestida con una manta wayuu, hizo un recorrido por algunos centros educativos y durante esa jornada anunció que de los 15.000 niños que estaban por fuera del sistema escolar lograron que 4.555 regresaran a las aulas de clase, gracias a los acuerdos con distintas instituciones. El resto, prometió, lo haría a más tardar antes de terminar marzo. “Podemos trabajar en equipo, con todos aquellos que puedan sumar al proceso para sacar adelante la intervención a La Guajira”, manifestó Giha.

Pero el afán por salir del inconveniente podría terminar en un problema mayor, según varios líderes de la región consultados por El Espectador. En los últimos años, la mayoría de maestros que trabajaban en colegios dentro de la jurisdicción de pueblos indígenas eran contratados a través de empresas que concursaban por la administración de esas plazas. Así como ocurrió con la prestación de servicios de alimentación y de transporte, la corrupción política del departamento terminó afectando a los maestros y en la desviación de grandes sumas de dinero.

Cuando el Gobierno Nacional decidió intervenir al departamento, el Ministerio de Educación anunció, como una de las salidas para la inestabilidad en la que vivían los maestros, que comenzaría a contratarlos directamente. La noticia corrió como el viento por los municipios y también entre las autoridades indígenas que, por ley, tienen derecho a dar un aval a quien quiera enseñar en sus territorios.

“Ahora están contratando bachilleres”, dice una líder de la región. “Las autoridades tradicionales imponen a sus hijos y sobrinos. Ni siquiera importa si son buenos bachilleres o normalistas. ¿Esta gente, una vez se posesione, quién los va a sacar, quien les va a revocar esos nombramientos?”.

La tentación de ser contratado directamente por el Ministerio de Educación es grande. Sobre todo en un departamento donde los políticos suelen traficar con los contratos, cobrar coimas o intercambiar favores por votos. Los maestros contratados a través de empresas intermediarias muchas veces recibían menos de los 10 salarios al año garantizados por la norma. Quienes logren ser contratados por el Ministerio no sólo garantizarán una larga estabilidad laboral sino que su salario inicial será mayor. También saben que el pago suele ser puntual. De ahí el apetito que ha despertado la nueva oportunidad.

No es un problema menor que los maestros con licenciatura y experiencia terminen desplazados por bachilleres sin las debidas credenciales académicas. En Riohacha hay 17 centros educativos a la espera de que se resuelvan las negociaciones, y allí se contratarían unos 560 docentes directamente. En Maicao, 16 centros educativos están afectados y unos 520 maestros serían reclutados por el Ministerio de Educación. En Uribia son 16 centros educativos, más otros 18 dispersos en el resto del departamento.

“Hemos conocido casos de maestros a los que las autoridades indígenas les dicen que los avalan tan sólo por dos años mientras se gradúan sus hijos como bachilleres”, relata otra líder de La Guajira que prefiere mantener su nombre oculto para evitar problemas. A otros les están pidiendo un porcentaje del sueldo a cambio del aval.

Es un panorama difícil. El Ministerio de Educación, que desde la intervención del Gobierno en La Guajira asumió la responsabilidad del sector, tiene el tiempo jugando en su contra. Cada día que tarda en tomar una decisión es un día menos de clases para los niños. Para las autoridades tradicionales, mantener el poder de decidir la etnoeducación en sus comunidades es un asunto no negociable. Lograr establecer unos criterios mínimos de elegibilidad y que el aval de las autoridades indígenas se dé sólo a aquellos que los cumplan es parte de la solución.

“Hacemos un llamado al Ministerio de Educación y a las autoridades tradicionales de diferentes comunidades para que lleguen a una concertación sana y sabia para hacer efectivo el derecho a la educación de los niños”, dicen los representantes de Fecode.

Más de 10.000 niños en La Guajira siguen postergando el inicio de un nuevo año escolar mientras en el resto de Colombia los alumnos ya se acercan al final del primer trimestre de clases. Un tremendo lío en la contratación de profesores asignados a escuelas dentro de la jurisdicción de comunidades indígenas es la causa del retraso.

La ministra de Educación, Yaneth Giha, visitó el departamento la semana pasada. Vestida con una manta wayuu, hizo un recorrido por algunos centros educativos y durante esa jornada anunció que de los 15.000 niños que estaban por fuera del sistema escolar lograron que 4.555 regresaran a las aulas de clase, gracias a los acuerdos con distintas instituciones. El resto, prometió, lo haría a más tardar antes de terminar marzo. “Podemos trabajar en equipo, con todos aquellos que puedan sumar al proceso para sacar adelante la intervención a La Guajira”, manifestó Giha.

Pero el afán por salir del inconveniente podría terminar en un problema mayor, según varios líderes de la región consultados por El Espectador. En los últimos años, la mayoría de maestros que trabajaban en colegios dentro de la jurisdicción de pueblos indígenas eran contratados a través de empresas que concursaban por la administración de esas plazas. Así como ocurrió con la prestación de servicios de alimentación y de transporte, la corrupción política del departamento terminó afectando a los maestros y en la desviación de grandes sumas de dinero.

Cuando el Gobierno Nacional decidió intervenir al departamento, el Ministerio de Educación anunció, como una de las salidas para la inestabilidad en la que vivían los maestros, que comenzaría a contratarlos directamente. La noticia corrió como el viento por los municipios y también entre las autoridades indígenas que, por ley, tienen derecho a dar un aval a quien quiera enseñar en sus territorios.

“Ahora están contratando bachilleres”, dice una líder de la región. “Las autoridades tradicionales imponen a sus hijos y sobrinos. Ni siquiera importa si son buenos bachilleres o normalistas. ¿Esta gente, una vez se posesione, quién los va a sacar, quien les va a revocar esos nombramientos?”.

La tentación de ser contratado directamente por el Ministerio de Educación es grande. Sobre todo en un departamento donde los políticos suelen traficar con los contratos, cobrar coimas o intercambiar favores por votos. Los maestros contratados a través de empresas intermediarias muchas veces recibían menos de los 10 salarios al año garantizados por la norma. Quienes logren ser contratados por el Ministerio no sólo garantizarán una larga estabilidad laboral sino que su salario inicial será mayor. También saben que el pago suele ser puntual. De ahí el apetito que ha despertado la nueva oportunidad.

No es un problema menor que los maestros con licenciatura y experiencia terminen desplazados por bachilleres sin las debidas credenciales académicas. En Riohacha hay 17 centros educativos a la espera de que se resuelvan las negociaciones, y allí se contratarían unos 560 docentes directamente. En Maicao, 16 centros educativos están afectados y unos 520 maestros serían reclutados por el Ministerio de Educación. En Uribia son 16 centros educativos, más otros 18 dispersos en el resto del departamento.

“Hemos conocido casos de maestros a los que las autoridades indígenas les dicen que los avalan tan sólo por dos años mientras se gradúan sus hijos como bachilleres”, relata otra líder de La Guajira que prefiere mantener su nombre oculto para evitar problemas. A otros les están pidiendo un porcentaje del sueldo a cambio del aval.

Es un panorama difícil. El Ministerio de Educación, que desde la intervención del Gobierno en La Guajira asumió la responsabilidad del sector, tiene el tiempo jugando en su contra. Cada día que tarda en tomar una decisión es un día menos de clases para los niños. Para las autoridades tradicionales, mantener el poder de decidir la etnoeducación en sus comunidades es un asunto no negociable. Lograr establecer unos criterios mínimos de elegibilidad y que el aval de las autoridades indígenas se dé sólo a aquellos que los cumplan es parte de la solución.

“Hacemos un llamado al Ministerio de Educación y a las autoridades tradicionales de diferentes comunidades para que lleguen a una concertación sana y sabia para hacer efectivo el derecho a la educación de los niños”, dicen los representantes de Fecode.