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El último mes de Ivaldo Torres, rector de la Universidad de Pamplona y director del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), una entidad clave de representación de las universidades frente al Gobierno, ha sido bastante movido, pues, se retomaron las clases de la institución, ubicada en Norte de Santander, tras más de 30 días de paro. Los estudiantes se habían tomado tres instalaciones, entre ellas la sede principal, que fueron entregadas luego de llegar a acuerdos frente al pliego de peticiones que presentaron. De acuerdo con el rector, se llegaron a tres acuerdos: la recuperación del espacio físico, incrementar el número de los docentes, y ampliar la capacidad del bienestar universitario.
En medio de las mesas de diálogo que adelanta junto a los líderes estudiantiles, en entrevista, Torres habla del panorama de la educación superior pública en el país, de las lecciones que dejan programas como Ser Pilo Paga y Generación E, y de lo que esperan las instituciones de la reforma a la Ley 30.
Además, dice que en cuanto a meta planteada en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) es un poco “soñadora”, ya que no se ha tenido en cuenta “que en las nuevas sedes regionales buscan tener mayor cobertura, pero mientras esas condiciones de cobertura nos aten a unas de calidad, como bibliotecas instaladas, conectividad, acceso a la red, laboratorios bien dotados o personal idóneo, pues no es una ecuación que se pueda generalizar tan fácilmente”.
Colombia ya cuenta con varios ejemplos de programas para el acceso a la educación superior, como Ser Pilo Paga y Generación E. ¿Qué lecciones quedan de estas iniciativas?
Un proyecto que permita formar a nuevos profesionales tiene toda la validez del mundo. El concepto de Ser Pilo es el de generar una perturbación social de que un joven de un barrio, de un sector vulnerable, acceda a la educación superior en esta oferta que tenemos, la cual es mixta, y en la carrera que desee. Es un concepto muy válido, sin embargo, lo que creo que faltó fue anticipar el control del techo financiero dentro del proceso del cobro de la matrícula. Vimos un efecto en el cual muchas instituciones doblaron, triplicaron o cuadruplicaron el costo de la matrícula, mientras que en otras universidades se mantuvo el costo base. En cuanto a Generación E creo que todas las instituciones ganamos, porque encontramos que los jóvenes que tenían unas características especiales en su desarrollo académico en la básica secundaria podían acceder a la universidad por este nivel. Esto amplió la cobertura y permitió aterrizar todo este proceso. Por último, tenemos el acceso a la gratuidad, el cual fue complementario y sigue manteniendo esa filosofía de permitir que muchos accedan a la educación superior.
Una de las grandes apuestas del Gobierno es conseguir 500 mil nuevos cupos en educación superior. Desde las instituciones públicas, ¿cómo ven este objetivo?
Vemos que hay una política de gobierno que tiene una ambición, la cual coloca como primera meta buscar 500 mil oportunidades para que los jóvenes puedan ingresar a la educación superior. Sin embargo, nunca deja sobre el escenario cuál es el camino, la fórmula o la estrategia. Solo sabemos que hay un objetivo y obviamente se abre la discusión. Lo primero que se debe aclarar es que nadie se va a oponer a esta iniciativa, pero debemos entender el escenario que nos están poniendo sobre la mesa. La lógica sería que detrás de esta debería haber unos recursos que acompañen a las instituciones para fortalecer la capacidad instalada.
Para cumplir esta meta se han flexibilizado algunas medidas, como la relacionada con los registros calificados. ¿Afectaría esta felixibilización la calidad de la educación?
Esa flexibilización de los registros permitió que el número de jóvenes que fueran admitidos en cada uno de los programas fuera un poco mayor y acorde a la autonomía y la capacidad instalada las universidades. Que cada uno de los planteles pudiera decir cuántos jóvenes podían ingresar a un programa. Para poner un ejemplo podríamos hablar de un programa de administración de empresas y su registro calificado le permitía admitir 20 jóvenes, de acuerdo con la capacidad instalada. Pero, con esta medida, podría aumentarse de 20 a 25. Sin embargo, esto no traería una solución de fondo, porque necesitamos de un esfuerzo financiero. Hoy 26 de nuestras 34 universidades tienen acreditación de alta calidad y contamos con un gran porcentaje de programas acreditados. Ya estamos entregando educación de calidad y el hecho de aumentar los jóvenes dentro del establecimiento seguramente va a debilitar esa fortaleza que ya adquirimos.
En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) está la meta de construir 7 universidades, 20 sedes nuevas y 7 sedes del Sena (Servicio Nacional de Aprendizaje). Con esta medida, al menos 23 departamentos se verán beneficiados. ¿Por qué ha generado dudas este objetivo?
Tenemos claro que hay zonas donde la cobertura de la educación superior no es tan amplia y hay dos discusiones sobre este tema. Una la llamamos “soñadora”, porque entendemos que lo ideal sería poder llegar a cada rincón del país con una universidad. La discusión se abre en el ejercicio de la condición del ideal y entendemos que en las nuevas sedes regionales buscan tener mayor cobertura, pero mientras esas condiciones de cobertura nos aten a unas de calidad, como bibliotecas instaladas, conectividad, acceso a la red, laboratorios bien dotados o personal idóneo, pues no es una ecuación que se pueda generalizar tan fácilmente. Hay una segunda discusión y es la de acompañar un crecimiento, porque si nosotros no le generamos a cada sede que se cree un recurso permanente de sostenibilidad, muy seguramente esos proyectos pueden nacer con una debilidad de permanencia o sostenibilidad.
Recientemente, ha tomado fuerza la reforma a la Ley 30. ¿Qué buscan desde las universidades?
La ley 30 tiene dos elementos fundamentales: las finanzas y el Icetex. Este último punto, para dejarlo claro, debe convertirse en una verdadera opción para que nuestros jóvenes puedan acceder a la educación superior. En algún momento se habló de que esta entidad se podría desprender del concepto de banco y se convirtiera en un fondo de acompañamiento, porque tienes que salir de una deuda la cual, sin tener un poder adquisitivo, terminaste tomando. Entonces esta discusión debe entrar en el paquete de la reforma. Ahora, en cuanto a financiación, el panorama es que el modelo que se aprobó hace 30 años nos ha generado una diferencia financiera entre muchas universidades, pues la transferencia de los recursos del estado por estudiante difiere entre una institución y otra. Podemos encontrar que algunas recibimos por debajo de la media, es decir por debajo de 2 millones por estudiante, mientras que otras están por encima de los 10 millones. No es culpa del plantel, sino del modelo, que, de alguna forma, olvidó a las regiones. La reforma lo que busca es que esas diferencias financieras se resuelvan y el objetivo es permitir que aquellas universidades que estamos alejadas de una condición financiera ideal, podamos conseguirla.
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