El plan de las universidades para la paz

No sólo la Colombia rural ha sido víctima del conflicto social y armado. Los integrantes de varios de los centros públicos de educación superior, en las pequeñas y grandes ciudades, también han tenido que hacerle frente a la irracionalidad de la violencia. Por eso, cuando se habla de la inminente firma de un acuerdo final entre el Gobierno y las Farc en La Habana (Cuba), los maestros, trabajadores, estudiantes y vecinos de las comunidades educativas muestran su interés por contribuir a la construcción de la paz. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Qué debe cambiar? ¿Cuál debería ser el papel de las universidades en un escenario de posacuerdo?

Aunque muchos factores entran en juego a la hora de resolver esas preguntas, ya hay varios centros educativos que están creando estrategias para asumir ese desafío. Uno de ellos es la Universidad Pedagógica, que, tras un largo proceso de análisis, intentó buscar la respuesta a esos interrogantes y poner fin, entre otras cosas, a una especie de malestar social en el interior de sus aulas que algunas veces desembocaron en conflictos. De hecho, desde hace décadas, tanto estudiantes como egresados han padecido los coletazos de la violencia. El más claro ejemplo fue la desaparición y muerte de unos prometedores profesores: el historiador Darío Betancur y el sacerdote Miguel Ángel Quiroga, asesinado en Chocó.

Por estas razones, la comunidad universitaria tomó la decisión de romper con esa espiral de violencia. Lo primero que hizo fue dejar claro cuál sería su papel en los próximos años. “Una universidad comprometida con la formación de maestros para una Colombia en paz”, fue el lema bajo el cual bautizaron su Plan de Desarrollo para 2014-2019, en el que plasman los planes para contribuir a la reconciliación de los colombianos. Para concretarlos lo más coherente era comenzar por casa y transformar todo lo que podía ser motivo de discordia.

Empezaron por cambios como darle un vuelco a la biblioteca, al restaurante estudiantil, a las baterías sanitarias y a la estructura que contiene la piscina, ocupándose, además, de descuidos como una fuga de agua que producía sobrecostos de $19 millones anuales.

A todas estas transformaciones se sumaron los múltiples trabajos entre estudiantes y funcionarios para convivir entre las diferencias, un factor que de paso ha mejorado la relación de la universidad con los vecinos del sector: “Estaba desesperada”, asegura Zulma Nieto, vecina de la institución desde hace más de dos décadas. “Antes las calles del barrio parecían una zona de guerra. Cada semana había que poner vidrios nuevos. Pero ahora todo está cambiando”.

Pero la comunidad académica también fijó sus ojos en temas claves, como la deserción estudiantil, uno de los problemas que más han aquejado al sistema universitario colombiano. Pese a los esfuerzos, el año pasado el índice de abandono en el país pasó del 40 al 45%. Y, además de eso, la U. Pedagógica intentó mejorar el clima laboral, contratando a profesores por 19 semanas cada período y no por 16, como era habitual. La idea de fondo era generar una mayor apropiación de la universidad.

“Para nosotros la universidad se constituye en un proceso cultural que está por encima de los requerimientos individuales, muchos hemos tenido que dejar asuntos académicos que queríamos continuar para pensar en la universidad. Si no lo hacemos, la universidad pública tiende a desaparecer. Si la comunidad no piensa su realidad, desde otras instancias se pueden tomar decisiones desacertadas”, explica Patricia Rodríguez Ávila, vicerrectora de gestión universitaria.

Una salida pedagógica por la paz

Pero esta no es la primera vez que la Universidad Pedagógica se enfrenta al desafío de la paz. En los años noventa, cuando el M-19 y los movimientos armados ilegales agrupados en la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar decidieron dejar las armas, esta universidad cumplió un papel clave a la hora de buscar mecanismos para la reinserción a la vida civil de los excombatientes. Muchos no sabían leer ni escribir.

Bajo la tutela de la Pedagógica se implementó un programa de tres fases: la primera estaba dirigida a los desmovilizados del M-19, el grueso del Epl, el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQUL) y el PRT. Con estos grupos se logró que 700 personas alcanzaran el título de bachiller en el país. Como bien lo reconstruye la investigadora Carol Janneth Segura Velandia, el programa fue más allá, y en su segunda fase incluyó al núcleo de los excombatientes alcanzando a formar 3.825 bachilleres. Para culminar con éxito este proceso, varias personas de la comunidad fueron beneficiarios. Entre ellas trabajadoras sexuales, madres comunitarias y más desmovilizados. De este grupo se graduaron 1.875 personas. El proceso demostró el papel que una universidad puede desempeñar en la configuración de escenarios de paz. Y lo que quieren las directivas actuales es volver a cumplir ese rol y participar de manera directa en los múltiples procesos que buscan una salida pacífica a seis décadas de conflicto social y armado.

Para lograrlo, como cuenta Piedad Ortega, vicerrectora académica de la U. Pedagógica, “ya hay estrategias claves para la consolidación del posacuerdo, entre ellas el Observatorio de Derechos Humanos, que es un trabajo interinstitucional en el que participan organismos como la Personería. Y estamos trabajando en un proyecto para proponérselo al Ministerio del Posconflicto: un programa de practicantes docentes para la paz”.

Un interés colectivo

Universidades como la de los Andes también se han embarcado en pensar estrategias para contribuir en el probable posconflicto con la creación de la maestría en Construcción de Paz, que busca “crear una base de conocimiento académicamente rigurosa de cara a los enormes desafíos que implica ese proceso”. Otros centros educativos se han comprometido por la paz participando activamente del programa “Manos para la paz”, iniciativa del Ministerio del Posconflicto, en la que estudiantes de últimos semestres de diferentes universidades, como la U. Nacional, la ESAP, la U. del Rosario, la Central y la Externado podrán realizar sus pasantías en sitios rurales trabajando en diferentes proyectos de desarrollo social a lo largo y ancho del país.

Para la vicerrectora académica de la U. Pedagógica será importante la presencia de los egresados como constructores de paz en zonas afectadas por el conflicto. En su caso, ya tienen varias propuestas para, como dice, “la construcción de una sociedad que resuelva sus conflictos de forma pacífica. Venimos desarrollando la Cátedra de la Paz, que va para su tercera versión. En ella se habla de los derechos humanos, de memoria histórica, de convivencia, de la tramitación y transformación de los conflictos, del lugar de las víctimas y de estrategias pedagógicas para la paz. Esa construcción de narrativas testimoniales sobre el conflicto y la violencia política y social en relación con los saberes propios de los maestros quedará plasmado en un libro que pronto publicaremos”.

No sólo la Colombia rural ha sido víctima del conflicto social y armado. Los integrantes de varios de los centros públicos de educación superior, en las pequeñas y grandes ciudades, también han tenido que hacerle frente a la irracionalidad de la violencia. Por eso, cuando se habla de la inminente firma de un acuerdo final entre el Gobierno y las Farc en La Habana (Cuba), los maestros, trabajadores, estudiantes y vecinos de las comunidades educativas muestran su interés por contribuir a la construcción de la paz. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Qué debe cambiar? ¿Cuál debería ser el papel de las universidades en un escenario de posacuerdo?

Aunque muchos factores entran en juego a la hora de resolver esas preguntas, ya hay varios centros educativos que están creando estrategias para asumir ese desafío. Uno de ellos es la Universidad Pedagógica, que, tras un largo proceso de análisis, intentó buscar la respuesta a esos interrogantes y poner fin, entre otras cosas, a una especie de malestar social en el interior de sus aulas que algunas veces desembocaron en conflictos. De hecho, desde hace décadas, tanto estudiantes como egresados han padecido los coletazos de la violencia. El más claro ejemplo fue la desaparición y muerte de unos prometedores profesores: el historiador Darío Betancur y el sacerdote Miguel Ángel Quiroga, asesinado en Chocó.

Por estas razones, la comunidad universitaria tomó la decisión de romper con esa espiral de violencia. Lo primero que hizo fue dejar claro cuál sería su papel en los próximos años. “Una universidad comprometida con la formación de maestros para una Colombia en paz”, fue el lema bajo el cual bautizaron su Plan de Desarrollo para 2014-2019, en el que plasman los planes para contribuir a la reconciliación de los colombianos. Para concretarlos lo más coherente era comenzar por casa y transformar todo lo que podía ser motivo de discordia.

Empezaron por cambios como darle un vuelco a la biblioteca, al restaurante estudiantil, a las baterías sanitarias y a la estructura que contiene la piscina, ocupándose, además, de descuidos como una fuga de agua que producía sobrecostos de $19 millones anuales.

A todas estas transformaciones se sumaron los múltiples trabajos entre estudiantes y funcionarios para convivir entre las diferencias, un factor que de paso ha mejorado la relación de la universidad con los vecinos del sector: “Estaba desesperada”, asegura Zulma Nieto, vecina de la institución desde hace más de dos décadas. “Antes las calles del barrio parecían una zona de guerra. Cada semana había que poner vidrios nuevos. Pero ahora todo está cambiando”.

Pero la comunidad académica también fijó sus ojos en temas claves, como la deserción estudiantil, uno de los problemas que más han aquejado al sistema universitario colombiano. Pese a los esfuerzos, el año pasado el índice de abandono en el país pasó del 40 al 45%. Y, además de eso, la U. Pedagógica intentó mejorar el clima laboral, contratando a profesores por 19 semanas cada período y no por 16, como era habitual. La idea de fondo era generar una mayor apropiación de la universidad.

“Para nosotros la universidad se constituye en un proceso cultural que está por encima de los requerimientos individuales, muchos hemos tenido que dejar asuntos académicos que queríamos continuar para pensar en la universidad. Si no lo hacemos, la universidad pública tiende a desaparecer. Si la comunidad no piensa su realidad, desde otras instancias se pueden tomar decisiones desacertadas”, explica Patricia Rodríguez Ávila, vicerrectora de gestión universitaria.

Una salida pedagógica por la paz

Pero esta no es la primera vez que la Universidad Pedagógica se enfrenta al desafío de la paz. En los años noventa, cuando el M-19 y los movimientos armados ilegales agrupados en la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar decidieron dejar las armas, esta universidad cumplió un papel clave a la hora de buscar mecanismos para la reinserción a la vida civil de los excombatientes. Muchos no sabían leer ni escribir.

Bajo la tutela de la Pedagógica se implementó un programa de tres fases: la primera estaba dirigida a los desmovilizados del M-19, el grueso del Epl, el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQUL) y el PRT. Con estos grupos se logró que 700 personas alcanzaran el título de bachiller en el país. Como bien lo reconstruye la investigadora Carol Janneth Segura Velandia, el programa fue más allá, y en su segunda fase incluyó al núcleo de los excombatientes alcanzando a formar 3.825 bachilleres. Para culminar con éxito este proceso, varias personas de la comunidad fueron beneficiarios. Entre ellas trabajadoras sexuales, madres comunitarias y más desmovilizados. De este grupo se graduaron 1.875 personas. El proceso demostró el papel que una universidad puede desempeñar en la configuración de escenarios de paz. Y lo que quieren las directivas actuales es volver a cumplir ese rol y participar de manera directa en los múltiples procesos que buscan una salida pacífica a seis décadas de conflicto social y armado.

Para lograrlo, como cuenta Piedad Ortega, vicerrectora académica de la U. Pedagógica, “ya hay estrategias claves para la consolidación del posacuerdo, entre ellas el Observatorio de Derechos Humanos, que es un trabajo interinstitucional en el que participan organismos como la Personería. Y estamos trabajando en un proyecto para proponérselo al Ministerio del Posconflicto: un programa de practicantes docentes para la paz”.

Un interés colectivo

Universidades como la de los Andes también se han embarcado en pensar estrategias para contribuir en el probable posconflicto con la creación de la maestría en Construcción de Paz, que busca “crear una base de conocimiento académicamente rigurosa de cara a los enormes desafíos que implica ese proceso”. Otros centros educativos se han comprometido por la paz participando activamente del programa “Manos para la paz”, iniciativa del Ministerio del Posconflicto, en la que estudiantes de últimos semestres de diferentes universidades, como la U. Nacional, la ESAP, la U. del Rosario, la Central y la Externado podrán realizar sus pasantías en sitios rurales trabajando en diferentes proyectos de desarrollo social a lo largo y ancho del país.

Para la vicerrectora académica de la U. Pedagógica será importante la presencia de los egresados como constructores de paz en zonas afectadas por el conflicto. En su caso, ya tienen varias propuestas para, como dice, “la construcción de una sociedad que resuelva sus conflictos de forma pacífica. Venimos desarrollando la Cátedra de la Paz, que va para su tercera versión. En ella se habla de los derechos humanos, de memoria histórica, de convivencia, de la tramitación y transformación de los conflictos, del lugar de las víctimas y de estrategias pedagógicas para la paz. Esa construcción de narrativas testimoniales sobre el conflicto y la violencia política y social en relación con los saberes propios de los maestros quedará plasmado en un libro que pronto publicaremos”.