La reciente propuesta del Ministro de Educación de eliminar los exámenes de admisión en las universidades públicas ha reabierto un debate profundo y necesario: ¿cómo equilibrar el acceso a la educación superior con el mérito y la eficiencia en el uso de los recursos públicos? Las reacciones no se han hecho esperar. Hay quienes celebran la medida como un avance hacia la equidad, y quienes la critican por debilitar los estándares académicos. Estoy de acuerdo con eliminar los exámenes de admisión, pero no con renunciar a mecanismos rigurosos de selección.
En Colombia ya existe una herramienta robusta para evaluar las habilidades académicas de los estudiantes: la prueba Saber 11. La evidencia muestra que sus resultados están altamente correlacionados con los desempeños en exámenes de admisión como por ejemplo el de la Universidad Nacional. Mantener múltiples pruebas que miden, en esencia, lo mismo, no solo es redundante, sino costoso e innecesario. En ese sentido, simplificar el sistema puede ser razonable. Pero una cosa es eliminar duplicidades y otra muy distinta es prescindir de cualquier criterio de selección.
Los exámenes de admisión no existen por capricho. Existen porque los cupos son limitados. Y cuando los recursos públicos son escasos, como lo son en cualquier sistema educativo, la asignación de esos cupos debe hacerse de manera que maximice el bienestar social. Esto implica, necesariamente, priorizar a quienes han demostrado mayores habilidades académicas y mayor preparación. No hacerlo no es más justo; es, en realidad, menos eficiente y potencialmente más inequitativo en el largo plazo.
Aquí es donde conviene hacer una distinción que a menudo se pierde en el debate público: no es lo mismo igualdad de oportunidades que igualdad de resultados. Como sociedad, debemos garantizar que todos tengan oportunidades reales de desarrollar sus capacidades. Ese es, sin duda, un rol fundamental del Estado. Pero pretender que todos accedan a los mismos resultados independientemente de su esfuerzo, habilidades o preparación no solo es inviable, sino contraproducente.
Pensemos en un ejemplo simple. Supongamos que alguien desea ser pianista, pero no cuenta con las habilidades necesarias. ¿Debe el Estado garantizarle, sin ningún filtro, un cupo en una universidad pública de música, destinando tiempo, recursos y docentes a una formación que difícilmente dará frutos? Más aún, ¿es justo hacerlo si ese cupo podría ser ocupado por alguien con mayor talento y preparación? La respuesta es evidente: no. Los recursos públicos deben asignarse de manera responsable, buscando el mayor impacto posible.
Ahora bien, que una persona no acceda a la universidad no significa que deba quedarse sin opciones. Ese es, en realidad, el verdadero problema estructural que deberíamos estar discutiendo. En Colombia, el acceso a las universidades públicas de mayor calidad está fuertemente determinado por el desempeño académico previo, y este, a su vez, está profundamente condicionado por la calidad de la educación básica y media. Mientras no cerremos esas brechas, cualquier intento de “igualar” el acceso en la educación superior será, en el mejor de los casos, un paliativo y, en el peor, una ilusión.
La solución pasa por fortalecer la educación pública en sus niveles iniciales, ampliar la oferta de cupos en la educación superior, e implementar programas de nivelación que permitan a más estudiantes alcanzar los estándares requeridos. También es clave avanzar en orientación socio-ocupacional: no todas las trayectorias exitosas pasan por una carrera universitaria tradicional. La formación técnica y tecnológica ofrece oportunidades valiosas, pertinentes y, en muchos casos, altamente demandadas en el mercado laboral. Insistir en un modelo único de éxito académico es desconocer la diversidad de talentos y vocaciones.
Finalmente, hay un elemento que no puede ignorarse: el valor del mérito. La educación de calidad descansa, en buena medida, en la idea de que el conocimiento, el esfuerzo y la integridad importan. Cuando desde lo público se envían señales contrarias relativizando estándares, validando trayectorias sin rigor o debilitando los criterios de exigencia se erosiona la confianza en las instituciones y se compromete la calidad del sistema en su conjunto.
Eliminar los exámenes de admisión puede ser una buena idea si se hace para simplificar y mejorar el sistema. Pero eliminar el mérito como criterio de acceso sería un error grave. La verdadera equidad no consiste en bajar la vara, sino en asegurar que más personas tengan las condiciones para saltarla.
*Decana, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas -U. Javeriana.
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Por Luz Karime Abadía*
