¿En vos confío?

Denuncias contra médicos que no ejercen la cirugía plástica con rigor, testimonios de pacientes que enfrentan la secuelas de cirugías mal hechas y los micos en un proyecto de ley que buscaba poner orden en este sector de la medicina han causado un gran revuelo noticioso en las últimas semanas.

Dos hechos parecen estar claros luego de un acalorado debate sobre el ejercicio de la cirugía plástica en Colombia. El primero, el más evidente, es que en el país existen médicos inexpertos e inescrupulosos, que operan sin tener una adecuada formación académica. El resultado ha sido decenas de mujeres y hombres con daños irreversibles en sus cuerpos, que van desde la pérdida de la sensibilidad hasta la mutilación.

El segundo hecho, tal vez más importante y menos visible, es el funcionamiento del sistema de convalidación de títulos de posgrados, bastante flexible y mullido, a cargo del Ministerio de Educación, que les permite a estas personas ser médicos cirujanos con tan solo presentar un curso exprés realizado en el exterior.

Dichos cursos, conocidos en Brasil como posgrados lato sensu, sirven para especialistas que quieran actualizar sus conocimientos, mas no suplen la formación de una especialización, que tarda hasta seis años.

Para Lorena Beltrán, la periodista que padeció complicaciones médicas luego de una cirugía de reducción de senos, en julio de 2014, una de las causas que la llevó a este mal momento es haber confiado en el título de especialista en cirugía plástica validado por el Ministerio de Educación.

Hoy Lorena tal vez se arrepienta de no haber sido curiosa e investigar a fondo quién iba a transformar su cuerpo. Pero, a decir verdad, ni ella ni nadie debería cargar con esta responsabilidad cuando es una tarea que le corresponde al Estado. Por eso la lucha de Lorena se ha enfocado no sólo en demandar a quien le practicó la intervención, sino intentar cambiar ese dudoso sistema de convalidación de títulos para que nadie tenga que volver a pasar por su calvario.

“Me pasó a mí y puede sucederle a cualquiera. Lo más preocupante es que no es sólo en cirugía estética. Desde que contamos este problema han llegado más denuncias de otras especializaciones, como pediatría”, dice Lorena.

Para Carlos Trujillo, abogado de Lorena Beltrán, el Ministerio de Educación es también responsable por lo que le ocurrió: “La gente confía que los avales que da el Gobierno son seguros a la hora de escoger un médico y ponerse en sus manos. El Estado está defraudando la confianza y pone en un inminente peligro a la sociedad”.

Jorge Cuervo, abogado, docente e investigador de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado, explica que, en caso de que una demanda prospere, el Estado tendría que pagar el daño material y moral que le causaron a Lorena por no cumplir adecuadamente con sus funciones. Eso incluye desde las citas médicas y el tiempo laboral perdido por realizar todas las diligencias de su recuperación hasta las afectaciones en su vida en pareja.

Incluso, explica Cuervo, si la víctima lo solicitara, podría pedir a la Procuraduría que investigue a los funcionarios que llevaron a cabo las convalidaciones para determinar por qué decidieron aceptar esos títulos.

Pero todo eso debe primero comprobarse, aseguran Cuervo y Trujillo, pues están convencidos de que el Ministerio de Educación jamás aceptará que cometió un error, porque eso implicaría más demandas de otros afectados.

Los abogados temen que esa sea una de las causas del silencio y la falta de medidas inmediatas. El Ministerio de Educación envió hace un mes un grupo de expertos a revisar una posible falsificación de certificados, diplomas y planes de estudio de universidades del exterior. También suspendió las convalidaciones que actualmente están en trámite de títulos de posgrado de cirugía plástica otorgados en el exterior por cuatro universidades de Perú, Argentina y Brasil.

Sin embargo, para Lorena y algunos expertos esas medidas no fueron las correctas, pues la discusión no se centra en si son o no legales. El verdadero inconveniente es que en Colombia se asuman como especialización cuando en realidad no lo son. Este diario intentó obtener información en el Ministerio de Educación, pero no recibió respuesta.

Advertencias de vieja data

Aunque el tema ha sonado en las últimas semanas, no es tan nuevo como parece. Desde hace un par de años, la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (SCCP) ha denunciado esta problemática ante el Estado. Hasta 2011 esta institución ayudaba al Ministerio a convalidar los títulos. Sin embargo, el convenio fue disuelto por la cartera de Educación y esta organización no volvió a colaborar.

Lina Triana, presidenta de la SCCP, asegura que “actualmente estamos tratando de firmar un convenio en el que quede claro qué materias debe ver un cirujano plástico, con cuántas horas debe cumplir y cuántos créditos debe cursar. Y en caso de dudas, solo basta una llamada a los ministerios de los otros países y a los expertos correspondientes. Esperamos la firma de la ministra”.

Aunque suena increíble, mientras se toman decisiones al respecto, Triana recomienda a las personas que se quieren practicar alguna cirugía investigar los títulos de los profesionales para no caer en manos inescrupulosas. Un primer filtro que podría ayudar es verificar si pertenecen a la SCCP. De lo contrario, que puede pasar porque no es una obligación estar afiliado, la recomendación es ingresar a la página web de la universidad de la que el médico se gradúo y verificar los datos.

Denuncias contra médicos que no ejercen la cirugía plástica con rigor, testimonios de pacientes que enfrentan la secuelas de cirugías mal hechas y los micos en un proyecto de ley que buscaba poner orden en este sector de la medicina han causado un gran revuelo noticioso en las últimas semanas.

Dos hechos parecen estar claros luego de un acalorado debate sobre el ejercicio de la cirugía plástica en Colombia. El primero, el más evidente, es que en el país existen médicos inexpertos e inescrupulosos, que operan sin tener una adecuada formación académica. El resultado ha sido decenas de mujeres y hombres con daños irreversibles en sus cuerpos, que van desde la pérdida de la sensibilidad hasta la mutilación.

El segundo hecho, tal vez más importante y menos visible, es el funcionamiento del sistema de convalidación de títulos de posgrados, bastante flexible y mullido, a cargo del Ministerio de Educación, que les permite a estas personas ser médicos cirujanos con tan solo presentar un curso exprés realizado en el exterior.

Dichos cursos, conocidos en Brasil como posgrados lato sensu, sirven para especialistas que quieran actualizar sus conocimientos, mas no suplen la formación de una especialización, que tarda hasta seis años.

Para Lorena Beltrán, la periodista que padeció complicaciones médicas luego de una cirugía de reducción de senos, en julio de 2014, una de las causas que la llevó a este mal momento es haber confiado en el título de especialista en cirugía plástica validado por el Ministerio de Educación.

Hoy Lorena tal vez se arrepienta de no haber sido curiosa e investigar a fondo quién iba a transformar su cuerpo. Pero, a decir verdad, ni ella ni nadie debería cargar con esta responsabilidad cuando es una tarea que le corresponde al Estado. Por eso la lucha de Lorena se ha enfocado no sólo en demandar a quien le practicó la intervención, sino intentar cambiar ese dudoso sistema de convalidación de títulos para que nadie tenga que volver a pasar por su calvario.

“Me pasó a mí y puede sucederle a cualquiera. Lo más preocupante es que no es sólo en cirugía estética. Desde que contamos este problema han llegado más denuncias de otras especializaciones, como pediatría”, dice Lorena.

Para Carlos Trujillo, abogado de Lorena Beltrán, el Ministerio de Educación es también responsable por lo que le ocurrió: “La gente confía que los avales que da el Gobierno son seguros a la hora de escoger un médico y ponerse en sus manos. El Estado está defraudando la confianza y pone en un inminente peligro a la sociedad”.

Jorge Cuervo, abogado, docente e investigador de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado, explica que, en caso de que una demanda prospere, el Estado tendría que pagar el daño material y moral que le causaron a Lorena por no cumplir adecuadamente con sus funciones. Eso incluye desde las citas médicas y el tiempo laboral perdido por realizar todas las diligencias de su recuperación hasta las afectaciones en su vida en pareja.

Incluso, explica Cuervo, si la víctima lo solicitara, podría pedir a la Procuraduría que investigue a los funcionarios que llevaron a cabo las convalidaciones para determinar por qué decidieron aceptar esos títulos.

Pero todo eso debe primero comprobarse, aseguran Cuervo y Trujillo, pues están convencidos de que el Ministerio de Educación jamás aceptará que cometió un error, porque eso implicaría más demandas de otros afectados.

Los abogados temen que esa sea una de las causas del silencio y la falta de medidas inmediatas. El Ministerio de Educación envió hace un mes un grupo de expertos a revisar una posible falsificación de certificados, diplomas y planes de estudio de universidades del exterior. También suspendió las convalidaciones que actualmente están en trámite de títulos de posgrado de cirugía plástica otorgados en el exterior por cuatro universidades de Perú, Argentina y Brasil.

Sin embargo, para Lorena y algunos expertos esas medidas no fueron las correctas, pues la discusión no se centra en si son o no legales. El verdadero inconveniente es que en Colombia se asuman como especialización cuando en realidad no lo son. Este diario intentó obtener información en el Ministerio de Educación, pero no recibió respuesta.

Advertencias de vieja data

Aunque el tema ha sonado en las últimas semanas, no es tan nuevo como parece. Desde hace un par de años, la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (SCCP) ha denunciado esta problemática ante el Estado. Hasta 2011 esta institución ayudaba al Ministerio a convalidar los títulos. Sin embargo, el convenio fue disuelto por la cartera de Educación y esta organización no volvió a colaborar.

Lina Triana, presidenta de la SCCP, asegura que “actualmente estamos tratando de firmar un convenio en el que quede claro qué materias debe ver un cirujano plástico, con cuántas horas debe cumplir y cuántos créditos debe cursar. Y en caso de dudas, solo basta una llamada a los ministerios de los otros países y a los expertos correspondientes. Esperamos la firma de la ministra”.

Aunque suena increíble, mientras se toman decisiones al respecto, Triana recomienda a las personas que se quieren practicar alguna cirugía investigar los títulos de los profesionales para no caer en manos inescrupulosas. Un primer filtro que podría ayudar es verificar si pertenecen a la SCCP. De lo contrario, que puede pasar porque no es una obligación estar afiliado, la recomendación es ingresar a la página web de la universidad de la que el médico se gradúo y verificar los datos.