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La situación de la Universidad Nacional de Colombia sigue siendo crítica y es muy importante que tengamos la información suficiente para entender el conflicto. ¿Por qué era tan grave para un sector de la comunidad académica permitir que otro sector, que representa un modelo de universidad pública diferente, administrara la UNAL? ¿Por qué preferían colapsar la universidad, someterse a ejecutar un plan global de desarrollo, sin conocerlo, en menos de un año? ¿Por qué? ¿Qué intereses hay tras esas pugnas? (Lea otro ensayo de la profesora Alejandra Jaramillo sobre la crisis de la UNAL).
Ya en días pasados empecé a describir la disputa entre dos modelos de universidad, y aunque seguramente en la comunidad universitaria habrá más propuestas, la pugna entre el modelo que administró la universidad en las últimas décadas y el modelo propuesto por quienes administraron la UNAL por los últimos veinte meses es el meollo de esta situación, y por ello en aras de clarificar la crisis debemos seguir ahora con el tema de la función misional de la extensión universitaria, porque en esa función se agrupan muchas de las grandes preocupaciones y luchas de los últimos años en la comunidad universitaria. Trataré de desenredar la madeja.
La UNAL fue fundada en el año 1867 y en menos de tres décadas ya era claro que como asesora del estado, la Universidad debía empezar un intercambio, una interrelación con la sociedad. El conocimiento que la UNAL producía era fundamental para los procesos sociales y económicos del país. Aunque hay mucha información para conversar sobre la historia de dicha interrelación, en un texto como este debo acotarla al máximo.
Se pueden rastrear proyectos de la UNAL desde la primera década de siglo XX para luego empezar a afianzarse como asesora del estado en los años 30 a través de proyectos agrarios. Colombia necesitaba una universidad capaz de ayudar en la industrialización del agro y en la reforma agraria, que por desgracia no pudo llevarse a cabo.
En los años 60, la universidad continuó con su participación e incidencia política en varias ramas, pero se acentuaron temas mineros y de salud, lo que la unió también la historia del Hospital San Juan de Dios. También fue desde la UNAL que se consolidaron procesos sociales de altísima importancia para la historia nacional. En los años 90 la capacidad investigativa de la UNAL se constituye en un amplio abanico de respuestas para el país. La universidad consolida en ese momento esa interrelación con la sociedad como una de sus tres áreas misionales: docencia, investigación y extensión y se reconoce como una institución capaz de ejecutar, desde su pertinencia académica e investigativa, numerosos proyectos en asocio con instituciones públicas (principalmente) y privadas.
Lastimosamente en esos años 90, mientras la UNAL se consolidaba como una institución de alto desarrollo investigativo y podía dar respuesta a los retos y problemáticas de la nación, la historia del país giraba hacia políticas neoliberales, hacia el desmonte del estado de bienestar incipiente que se había logrado en nuestro país, el libre mercado entraba a minar todos los espacios, incluyendo a nuestra alma mater. De la misma manera que sucedía con el resto del mundo occidental. Las lógicas del capitalismo se tomaban los sistemas educativos, pero esos cambios en los países que habían afianzado su educación pública, como Alemania, Argentina, México les daba otras salidas. Era posible negociar con el sector público y privado sin que la promesa de la educación universal tendiera a desaparecer.
El esquema de trabajo en varios de esos casos asumió la entrada de recursos externos a las universidades, a cambio de la ejecución de proyectos, como una parte más del presupuesto de las universidades y se utilizó para el funcionamiento general de las instituciones. Adicionalmente no se le pagó a los profesores y profesoras nada extra por participar en las actividades misionales de la extensión, ya su salario les reconocía su quehacer en la docencia, la investigación y la extensión. En varios países se les dio a las universidades públicas el lugar de ejecutora de muchas políticas, tanto en lo científico, lo cultural, educativo, lo creativo y en muchos casos ese lugar preponderante siguió aumentando el apoyo a la educación gratuita.
Lamentablemente en el caso de la UNAL las decisiones tomadas desde los años 90 hasta 2024 crearon un sistema de manejo de la extensión bastante perjudicial pues promovió la desigualdad entre facultades, la idea de que la universidad debía producir recursos propios para volverse autosostenible, la competencia interna y el favorecimiento de terceros.
El proceso fue así: la ejecución de los proyectos con recursos externos se realizó desde las facultades, desde allí se hacían trasferencias a los niveles de sede y nacional, sin embargo, las facultades que más contratos obtenían más recursos dejaban para su propio funcionamiento, decisión que generó de inmediato que algunas facultades crecieran de manera acelerada mientras otras se quedaban en condiciones muy precarias.
Aunque algunos directivos de la universidad apelaban a la falacia de que era por ser más trabajadores, en realidad tenía mucho que ver con el presupuesto nacional y las políticas de cada gobierno. Es interesante ver el histórico de la extensión para darse cuenta de que, por épocas, de acuerdo con los planes de desarrollo nacionales, crece la extensión en unas facultades o en otras. De esta manera el error, que muchas personas en la comunidad han venido acusando por años, radica en que si la Universidad podía hacer esos proyectos, el beneficio debería haber sido general para que no se produjeran esas brechas internas ni entre facultades, y tampoco entre sedes. Pero el resultado ha seguido siendo lamentable, es bien claro que, si un chico o chica entra a ingeniería o a filosofía se encontrará con condiciones tan distintas, en los edificios y los servicios que puede obtener, que de alguna manera se enfrentan a dos universidades diferentes.
El segundo problema del proceso de manejo de la extensión universitaria en la UNAL, denunciado también por muchas personas de la comunidad, radicó en que la entrada de recursos externos se unió a la idea de los gobiernos nacionales, aceptada por las directivas de la universidad, de buscar universidades públicas autosostenibles.
La enunciación es de por sí un despropósito. Una universidad pública se financia con el presupuesto nacional y no con recursos propios. Desafortunadamente quienes dirigieron la universidad desde los noventa hasta el año 2024 asumieron esa postura, hacer que la extensión y los posgrados (grave error) incrementaran para financiar la Universidad.
Para el caso de la extensión significó una distorsión de la función misional de la extensión, pues si lo principal está en conseguir recursos para financiar la universidad y no en hacer proyectos de pertinencia y de visión ética de compromiso con la nación, las facultades y las sedes, en muchos casos, terminaron haciendo proyectos que no son de pertinencia académica o investigativa y así se fue cayendo en intereses económicos y financieros más que en la responsabilidad de que la universidad pública ofrezca su conocimiento a la nación.
Para el caso de los posgrados: especializaciones, maestrías y doctorados, significa que las familias o los y las estudiantes colombianos tuvieran que endeudarse para estudiar en la universidad pública, un claro deterioro para la educación en Colombia. Durante los dos años anteriores se trabajó en estos temas para hacer ver la importancia de la extensión en concordancia con la docencia y la investigación, para no ver a la universidad como una empresa que ofrece servicios, sino como una institución asesora del estado que produce de forma responsable conocimientos de punta para responder a los retos de las comunidades y la nación.
Si lo más importante de hacer extensión radicaba en conseguir recursos, y esos recursos fortalecían a cada facultad y no a la Universidad en general, la competencia interna se desató. Las facultades empezaron a competir entre ellas por los proyectos, que en un 70% han sido de recursos de las instituciones públicas, hasta poner en graves riesgos litigiosos a la UNAL misma y generar una cultura de sálvese quien pueda que ha minado la confianza y el trabajo colaborativo en la universidad.
Así mismo, las facultades terminaron en muchos casos haciendo proyectos que no tenían relación con sus procesos académicos e investigativos, impidiendo que las facultades donde estaba el conocimiento pertinente adelantaran proyectos con el compromiso de ser quienes estudian el tema. Las directivas hasta 2024, lamentablemente dejaron que esas malas prácticas crecieran y por supuesto, por ello creció el sector que cuestiona estas prácticas.
Los recursos que se mueven en la extensión son muy significativos y por eso las facultades y la UNAL en general, desde estas maneras distorsionadas de manejar la extensión, vieron la necesidad de crear formas expeditas para contratar con el Estado y con el sector privado. La proporción de los proyectos contratados con la universidad ha sido en un 70% de recursos públicos, 20% de la empresa privada y 10% restante otras fuentes, incluidas las internacionales.
Para nadie es un secreto que la contratación en la UNAL, como en todo el sector público es lenta, son instituciones que necesitan transformarse para salir de esa lógica paquidérmica. Sin embargo, las administraciones anteriores, en vez de dedicarse a encontrar formas de mejorar la ejecución desde la universidad misma, crearon corporaciones y algunas spin off que pudieran realizar la contratación de la UNAL desde el régimen privado.
En primera instancia muchas personas podrían decir, pero mejor, si eso va a aligerar los procesos, el problema grave es que esas instancias terminaron llevándose muchos contratos o convenios que hacía la universidad, dejando a la nación en manos de terceros para ejecutar proyectos de alta importancia, terceros que se aprovechan de la experiencia de la universidad para contratar en cualquier área del conocimiento. ¿Es ese de verdad el destino que queremos para el conocimiento producido con recursos públicos? ¿De verdad creemos que, con el trabajo de años del profesorado, de grupos de investigación, de la comunidad nos tiene que importar más la generación de rentabilidades financieras, especialmente para terceros, que trabajar para entregar el conocimiento para el bien general?
El cuarto tema en disputa radica en la relación universidad -empresa, y por supuesto, como ya lo hemos visto, en los desarrollos del conocimiento que terminan favoreciendo a terceros y no a la UNAL. Esta lógica de trabajo donde hay recursos de las universidades, en muchos casos públicas, alimentados también por la inversión de las empresas ha permeado las instituciones educativas de muchos lugares del mundo.
De un lado porque los recursos de las universidades no son suficientes para llevar a término procesos de desarrollo investigativo o porque las empresas mismas contratan a las universidades para que le hagan desarrollos investigativos innovadores a su medida. Lamentablemente, estos procesos culminan en secretos industriales que llevan el conocimiento público a estar al servicio de intereses comerciales de privados.
Seguramente, una universidad pública contemporánea no pueda estar al margen de estas relaciones, el capital para ciertos desarrollos, por desgracia, no está solo en manos del estado, pero es necesario, o así lo piensan muchas personas de la comunidad universitaria, que las salidas del conocimiento, el gobierno del conocimiento universitario no sea visto como un plan de comercialización. Entregar el conocimiento de manera comprometida y responsable con la sociedad, sin que medie siempre la búsqueda de rentabilidades financieras, es un llamado esencial y una mirada prospectiva que permite que haya modelos alternativos al que los gobiernos fueron creando al generar leyes para tercerizar el uso del conocimiento universitario.
En las universidades del mundo ha habido diferentes modelos de esa relación universidad-empresa que pueden estudiarse y en muchos casos evitarse, para pensar en qué modelo se quiere para la UNAL, de manera que se pueda construir un gobierno del conocimiento comprometido y responsable con la nación colombiana.
Debemos estudiar con cuidado los casos extremos como el de Estados Unidos que la investigación realizada con recursos públicos se pone después al servicio de las empresas, como el caso de Apple, o un caso como el alemán que hace desarrollos con recursos mixtos, aunque siempre queda el problema de que los productos se deben a intereses privados. Un ejemplo tremendo de ello fue la vacuna para el COVID-19.
Recordarán el momento en que un laboratorio universitario alemán desarrolló una vacuna que tenía prelación de aplicación en Estados Unidos, porque así lo decidía el plan de comercialización de la empresa que invirtió para hacer posible el desarrollo. Lo vimos en vivo y en directo, cómo el gobierno alemán no pudo exigir que se liberara ese conocimiento de interés para el mundo entero, porque primaban los intereses económicos sobre la salud de la humanidad.
En esa pugna de dos modelos de universidad es importante tener en cuenta que la administración que acaba de salir construyó un Plan Global de Desarrollo y generó propuestas para la extensión universitaria y para un gobierno del conocimiento que permitan imaginar y construir una universidad responsable y comprometida con la nación.
Pensar y planear para Colombia una universidad pública gratuita, también en los posgrados, y que asuma la generación de conocimiento como un bien general de nuestra sociedad es urgente y en la UNAL ya empezó. Que el mundo se haya plegado al mercado en las últimas décadas no significa que esa sea la única salida posible, y en el caso colombiano, la UNAL puede ser un centro para encontrar salidas innovadoras, que favorezcan el bien general y no una universidad que una vez más confunda su responsabilidad con el país con una búsqueda de autosostenibilidad y lucro.
* Alejandra Jaramillo Morales, escritora, docente y ex directora nacional de extensión, innovación y propiedad intelectual de la Universidad Nacional de Colombia
Por Alejandra Jaramillo Morales * / Especial para El Espectador
