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La Universidad de Antioquia (UdeA), la segunda pública más importante del país, ha logrado algo que pocas han hecho: llegar a las diferentes regiones de su departamento. Los docentes y estudiantes que entrevistamos para este artículo se enorgullecen de ese resultado. “Es uno de los proyectos educativos y culturales más grandes de la región”, dice Alejandro Pimienta, del Instituto de Estudios Regionales (INER) de la UdeA. “La UdeA está llevando educación superior a territorios históricamente afectados por el conflicto armado”, señala otra docente de cátedra de la seccional de Urabá, que prefiere no ser citada con nombre propio. “Es una apuesta por la equidad política y la reducción de brechas”, añade un profesor más vinculado a la Facultad de Comunicaciones y Filología.
Aunque esta iniciativa ha sido aplaudida por muchos, no todos ven con buenos ojos la manera en que se ha llevado a cabo, sobre todo a la luz de la actual crisis de desfinanciamiento que vive la universidad: su déficit histórico es de $350.000 millones, aproximadamente, según el informe con los lineamientos para la recuperación financiera de la institución.
A los ojos de la Mesa Ético Política, un grupo de personas —en su mayoría profesores— que hacen veeduría de lo que ocurre en la universidad, uno de los puntos que han causado dificultades es que se abrieron varias sedes sin tener los recursos necesarios para hacerlo. En su opinión, la UdeA “no supo cuándo parar”. Un ejemplo de ese manejo inadecuado, explica la mesa en un comunicado, es el de una pista atlética, cuya renovación costó aproximadamente $6.000 millones.
La idea de que la UdeA llegara a las regiones de Antioquia comenzó hace más de tres décadas. En 1995 se inauguró la primera sede en Turbo. Desde entonces, se han abierto 12 campus más en las ocho subregiones del departamento, además de la principal, en Medellín: Urabá (con sedes en Tulenapa, Carepa y Apartadó); Bajo Cauca (en Caucasia); Oriente (en Carmen de Viboral y Sonsón); Suroeste (en Andes); Norte (en Yarumal); Magdalena Medio (en Puerto Berrío); Occidente (en Santa Fe de Antioquia); y Nordeste (en Amalfi y Segovia). Desde 2023, todas ellas tienen acreditación de alta calidad por parte del Ministerio de Educación en la modalidad multicampus. Esto, como contó la UdeA, significa que cumple con “excelencia sus apuestas misionales de docencia, investigación y extensión en Medellín y todas sus sedes y seccionales”.
El objetivo de instalar campus de alta calidad en regiones alejadas de la capital del departamento, en palabras de Pimienta, ha sido, precisamente, llevar programas educativos donde anteriormente la educación superior era vista como una cuestión exclusiva de las ciudades, a la que las personas de los municipios no tenían acceso por un sinnúmero de razones, entre ellas la falta de recursos para trasladarse. “El próximo año se cumplen 30 años de la inauguración de la sede en Turbo. Desde entonces, los resultados no solo se reflejan en el hecho de graduar estudiantes, sino en lo que generan en su entorno: se vuelven un referente para sus comunidades”, añade.
Pero llegar a más territorios también ha significado un costo que, para algunos docentes, hay que medir bien para que el proyecto tenga éxito. Entre ellos está la adecuación de la infraestructura, la dotación de los equipos, la planta administrativa y el equipo docente. “Además, debe tenerse en cuenta que la mayoría de los profesores se deben movilizar desde Medellín y eso también implica una inversión de recursos. Ese esfuerzo no se le ha retribuido a la universidad”, dice el profesor de la Facultad de Comunicaciones y Filología. Su colega de Urabá menciona un punto que no puede dejarse de lado: como las sedes no están descentralizadas, dependen administrativamente de Medellín, algo que suele dificultar algunos procesos.
Ante estas inquietudes, Nora Muñoz, directora de Regionalización, responde que no está bien mezclar el problema de desfinanciamiento que vive la universidad con su apuesta por llegar a las regiones de Antioquia, cuyo costo es de $70.000 millones anuales. En su opinión, la crisis de la institución, “es un problema estructural que tiene la educación superior pública desde hace años”. No en vano, añade, una de las frecuentes peticiones del sector educativo es la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30, donde se establece el monto que año a año destina el Gobierno a las universidades públicas.
“Si hay algo cuya viabilidad se ha analizado a fondo en la UdeA, es la regionalización. Incluso, hay muchas tesis de pregrado, maestría y doctorado que la abordan, no solo respecto a su viabilidad, sino también sobre su necesidad moral y educativa”, agrega Pimienta, del Instituto de Estudios Regionales (INER) de la Universidad. Sin embargo, admite que no hay datos lo suficientemente bien argumentados que respalden la hipótesis de la responsabilidad en la crisis actual que ha tenido la llegada de la universidad a las regiones. Lo que sí está claro, apunta, es que esta iniciativa sí es “susceptible a ser mejorada en términos de eficiencia del gasto. Eso es viable y posible”.
En palabras del actual rector, John Jairo Arboleda, “nosotros siempre decíamos que la historia de esas regiones se iba a partir en dos: antes y después de que llegáramos con nuestros campus que, además, están en excelentes condiciones (...). En 1995, que comenzamos con la regionalización, en algún momento debimos haber dicho que no, pero nadie lo dijo”.
La demanda en las regiones
Quienes critican la regionalización suelen hacerse una pregunta: ¿Existe la suficiente demanda para los programas académicos que se dictan en esas subregiones? Para Muñoz la respuesta es sí. “La población matriculada sí va en ascenso”, asegura y explica que, en la actualidad, este programa cuenta con “casi nueve mil estudiantes matriculados, aunque hay unas fluctuaciones que han obedecido a aspectos específicos, como entre 2020 y 2021 con motivo de la pandemia”.
Pero, según Fredy Duitama, docente vinculado de Ingeniería de la UdeA, el panorama es mucho más complejo. Duitama analizó los datos de libre acceso publicados en el portal Data UdeA y encontró que, efectivamente, entre 2015 y 2024, el número de matriculados en las regiones incrementó en 1.117 estudiantes más. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con la sede principal de Medellín, donde hubo una disminución del 21,4 % de matriculados durante el primer semestre de 2024 respecto al primero de 2015, lo que equivale a 6.438 estudiantes menos.
Paralelo a este escenario, la oferta de programas de pregrado creció en un 21,28 % desde 2017, al igual que las maestrías y doctorados, con un 20,62 %. Este aumento, cuenta Duitama, se registró en la sede principal de Medellín y en los campus regionales, y sus implicaciones indicarían que no existe la suficiente demanda para cumplir la oferta.
En sus términos, “el incremento en la oferta de programas implica abrir más cursos y contratar más profesores, pero, al no haber suficientes estudiantes, esto provoca un uso insuficiente de recursos”. De acuerdo con los cálculos del docente, aunque se puede observar que el número de matriculados creció en las regiones, este podría no ser suficiente para compensar las caídas de Medellín.
Los datos que ha recogido indican que en los campus de las regiones, en el Carmen de Viboral, Caucasia, Andes y Urabá —que son los que congregan mayor número de estudiantes—, no había más de 60 estudiantes por programa para el segundo semestre de 2024. En las demás sedes, se reportaron 46 alumnos o menos.
“Eso implica que muchos programas operan con grupos pequeños, lo que no es suficiente desde un punto de vista financiero y organizativo. En últimas, el crecimiento en las regiones contrasta con la caída del 21,4 % en la matrícula de Medellín, lo que evidencia una subutilización de recursos en el campus principal mientras se destinan más inversiones a las regiones, creando un desbalance en la distribución universitaria”, argumenta Duitama.
¿Hay dinero para sostener la regionalización?
Actualmente, aproximadamente el 40 % de los recursos de la UdeA provienen del Estado. El resto debe ser autofinanciado. Esto quiere decir que, de $10 pesos que necesita la universidad para funcionar, ella misma tiene que gestionar seis, mientras que los cuatro restantes los recibe de transferencias.
Duitama y Guberney Muñetón, integrante del Instituto de Estudios Regionales (INER) de la UdeA, tienen otras cifras que ayudan a entender la situación de la universidad. “La mayoría de generación de recursos externos se cayó en un 80 % y la pandemia agudizó la crisis. Ese 60 % de recursos propios todavía no se ha podido conseguir en su totalidad”, anota Muñetón.
Ante ese panorama, la mayoría de docentes consultados para este artículo opinan que la Gobernación de Antioquia debería aportar mayores recursos a la UdeA. David*, uno de los representantes estudiantiles, quien pidió no ser citado con nombre propio, cree que “la Gobernación no ha reconocido el esfuerzo de la regionalización”.
Sobre este tema, Pimienta explica que los recursos que la Gobernación le transfiere a la universidad son generales, hacen parte de sus aportes anuales y no hay un monto específico que se destine a la regionalización. Muñoz, además, asegura que la Gobernación ha cumplido puntualmente con lo que le debe transferir a la universidad, tal cual como está dispuesto en la Ley 30.
Hace cinco años, explica a El Espectador, el secretario de Educación de Antioquia, Mauricio Alviar, quien también fue rector de la UdeA entre 2015 y 2018, los recursos que le aporta la Gobernación a la UdeA eran de más de $42.000 millones. Ese monto, añade, “ha ido aumentando en los últimos años hasta llegar a $60.000 millones en la actualidad. Eso es un incremento de $18.000 millones, que corresponde al incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los últimos años”. Frente al llamado a que el departamento aporte más recursos, Alviar responde que ese es un debate que deberá definirse con la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30.
El secretario también menciona que el departamento destinó más de $1.100 millones de recursos provenientes de regalías para terminar obras en el campus del Bajo Cauca de la UdeA. “Esos aportes son adicionales a lo que la Gobernación transfiere anualmente”, enfatiza. Pimienta lo complementa y recuerda que el departamento ha invertido en la construcción de bloques en el Magdalena Medio y Carmen de Viboral.
En medio de la discusión, también hay un asunto que no se puede dejar de lado: el político. En la elección de rector de la UdeA que se llevó a cabo este año, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón (Centro Democrático), no le dio su respaldo a la persona que, en últimas, fue elegido para el puesto: John Jairo Arboleda, quien ha ocupado ese cargo desde 2018. Varias investigaciones realizadas por el medio local El Armadillo han sugerido que algunos sectores quedaron con la sensación de que ese desencuentro entre Arboleda y Rendón sería un determinante para lo que sucediera entre el departamento y la universidad en materia financiera.
Ante esos cuestionamientos, Alviar responde que el tema político “no tiene nada que ver con el desfinanciamiento de la UdeA. Para tratar de ayudar al problema de flujo de caja, la Gobernación ha adelantado los pagos dos o tres meses para que cumpla con sus obligaciones de nómina. El departamento es, tal vez, la única entidad que ha apoyado a la universidad con acciones concretas, mucho más que el Gobierno Nacional y los entes territoriales”.
Por ahora, el gobernador Rendón se comprometió con una estrategia: si la UdeA reduce su déficit en $100, el departamento cubriría $30. Alviar pone un ejemplo para entenderlo mejor: “En las últimas reuniones, se nos informó que se está llegando a $18.000 millones de reducción de gasto. Cuando corroboremos esa información, en caso de ser cierta, el 30 % de este valor lo asumiría la Gobernación”.
Profesores, otro punto central
Para Alviar, la regionalización no es el foco del desfinanciamiento de la universidad, pero sí cree que debe pensarse en una modernización del modelo de regiones. Otra de las dificultades que han contribuido a los aprietos por los que pasa la UdeA, dice, tiene que ver con que los gastos de funcionamiento e inversión de la institución han crecido a una tasa mayor de lo establecido por ley. Un ejemplo, afirma, es el de los gastos recurrentes, que son los salarios de los profesores de planta y los empleados administrativos de carrera. En su opinión, estos han crecido mes a mes. La ampliación de cobertura en regionalización también explicaría los gastos extra de la UdeA.
“En 2000, la UdeA tenía el 11 % de profesores con doctorado. Hoy, 24 años después, ese porcentaje es el 66 %. Lo que ha significado en términos de salarios en un incremento muy grande”, menciona el secretario de Educación.
Pero Muñetón cree que hablar de los salarios de los docentes es mucho más complejo. En primer lugar, llevar la universidad a las regiones implica, por supuesto, tener la capacidad profesoral para la cantidad de estudiantes matriculados. La mayoría de maestros de regionalización son de cátedra, con un total de 2.500 hasta hoy. Ese rol cobija a todos aquellos que no están vinculados a la universidad, sino que son contratados para dar clases por una cantidad de horas. Otras 72 plazas están distribuidas en docentes ocasionales, y no hay docentes vinculados de planta.
El 70 % de los profesores que dan clase en las regiones, además, deben desplazarse desde Medellín, lo que implica que la universidad debe cubrir sus viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) en caso de necesitarlo. Según Muñoz, la regionalización le cuesta a la Universidad de Antioquia un 8,6 % de su presupuesto anual para funcionar. “La regionalización necesita alrededor de $70.000 para funcionar cada año, y 6 % de ese total se destina a los viáticos de los docentes que deben movilizarse desde Medellín”, aclara.
Para Pimienta es un “craso error” asegurar que la reducción de los viáticos es una solución para disminuir la crisis. Pero, agrega, que es “importante resaltar que vincular más talento humano en las mismas regiones debería ser una estrategia para escatimar costos”.
Otro asunto complicado para las regiones es que la mayoría de decisiones dependen del campus principal. Un docente de la seccional de Urabá, lo pone en ejemplos sencillos: “desde comprar bombillos fundidos hasta pedir permisos para salidas de campo: todo depende de Medellín y ese modelo administrativo necesita replantearse”.
Sobre esto, Muñoz dice que descentralizar las seccionales es un debate que continúa sobre la mesa: “Estamos avanzando en ello, porque creemos que es un lugar al que se llega. Sin embargo, cada campus maneja un fondo fijo”. Pero para los dos profesores de cátedra de la sección de Urabá no ha existido una voluntad política clara para que esto suceda.
Por lo pronto, el debate de si la UdeA debe cambiar o no su modelo de regionalización sigue abierto, mientras la Universidad busca estrategias para sortear la crisis. Entre las medidas que ha anunciado está la reducción de horas cátedra, la reducción de 160 contratos calendario y la cancelación de varios cursos del segundo semestre de 2024. Por ejemplo, la Facultad de Comunicaciones y Filología, canceló el segundo semestre de este año. Pese a las críticas, el rector Arboleda, es enfático en algo: “Esta universidad no ha derrochado la plata”.
*Nombre reservado por petición de las fuentes.