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Dos exfuncionarios de la Gobernación de Magdalena y un contratista fueron condenados por un entramado de corrupción que se apropió de 5.000 millones de pesos que buscaban garantizar el servicio de educación a niños, niñas y adolescentes de comunidades que habitan zonas geográficas de difícil acceso en Magdalena. De acuerdo con la información suministrada por la Fiscalía, las tres personas fueron declaradas responsables del delito de peculado por apropiación.
Los tres implicados son el exsecretario de Educación de Magdalena, Antonio José Matera Ramos, condenado a 20 años y 10 meses de prisión; la exfuncionaria de la gobernación, Dubys Teresa Zagarra Palacios, condenada a 25 años; y el contratista John Mairon Macias Sierra, condenado a 33 años y 4 meses.
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Los hechos que motivaron las condenas están relacionados con un contrato de 2013, suscrito entre la Gobernación de Magdalena y una fundación por valor 18.531 millones de pesos, con el objeto de prestar servicios educativos a menores de edad fuera de la cobertura departamental. La idea era beneficiar a 15.524 niños, niñas y adolescentes, pero tan solo fueron atendidos 5.191, según la Fiscalía.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción estableció que el contratista no respondió ante la obligación de ubicar las aulas, dotarlas físicamente y entregar los materiales necesarios para la impartición de las clases. Así como seleccionar y cubrir los honorarios de
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“De igual manera, quedó en evidencia que Macias Sierra presentó documentos falsos como contratos de profesores y facturas que daban cuenta de que una empresa cubría determinadas actividades, cuando en realidad eso no ocurrió. La compañía en realidad estaba habilitada para comercializar partes, piezas y accesorios para automóviles”, mencionó la entidad.
Asimismo, agrega la Fiscalía, Zagarra Palacios, en su condición de supervisora, también dio su aval; y el exsecretario Matera Ramos aprobó una certificación de supuesta ejecución exitosa del contrato y ordenó el desembolso de recursos. “Con estas actuaciones los involucrados auspiciaron el desvío de 5.000 millones de pesos”.
La decisión es de primera instancia, y por el momento, las penas deberán cumplirse en establecimiento carcelario.
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