Fecode, el principal sindicato de maestros y maestras en Colombia, a través de un comunicado, le exigió al Gobierno Nacional la “estabilización del nuevo modelo de salud del magisterio”, el cual comenzó a funcionar el pasado 1° de mayo de 2024. Para ello, le solicitó con carácter urgente una audiencia al presidente Gustavo Petro.
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Según el sindicato, esta transformación ha generado múltiples problemas, como falta de control y auditoría, miles de quejas y reclamos sin respuesta, un aumento en las tutelas interpuestas y tarifas más altas que las del régimen general de salud.
Ante este panorama, Fecode exigió al Gobierno una serie de acciones urgentes. Entre ellas, que el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) sesione de forma permanente para atender las dificultades en tiempo real; que se defina un manual tarifario acorde con las condiciones demográficas y de salud de los docentes; que se establezca una red nacional de prestadores de servicios médicos; y que se implemente un programa integral de seguridad en el trabajo.
Además, Fecode le pidió al Gobierno “exigir y solicitar la profundización de las investigaciones a los hallazgos encontrados por la Contraloría en auditoría adelantada al FOMAG”. Este informe del que habla el sindicato fue publicado el 3 de julio y dio a conocer los hallazgos de una auditoría financiera adelantada durante el primer semestre de este año y correspondiente a la vigencia de 2024.
Producto de la investigación, la Contraloría determinó 21 hallazgos, de los cuales 20 tienen presunta connotación disciplinaria, tres tienen presunta incidencia penal y uno incidencia para la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Otros siete tienen incidencia fiscal por $81.593 millones.
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Aunque Fecode reconoce avances en el nuevo modelo —como una mayor contratación con la red pública, mejor distribución de recursos, aumento en las consultas médicas y la apertura de 174 consultorios escolares en 32 departamentos y Bogotá—, advierte que los problemas persisten.
Las críticas al nuevo sistema de salud del magisterio, sin embargo, no son nuevas. Como contamos en El Espectador, el modelo administrado por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) ha despertado inconformidades por problemas en la dispensación de medicamentos y acceso a servicios. Se estima que atiende a unas 800.000 personas.
Entre los principales cambios que planteaba el modelo (que comenzó a funcionar el 1° de mayo de 2024) está la eliminación de uno de los actores clave del anterior modelo: los operadores, los cuales se encargaban de contratar a las IPS (la red de clínicas y hospitales).
Ahora, esta labor está a cargo de la Fiduprevisura, una fiducia de la que el Estado es el socio mayoritario. El objetivo de esta red era contar con tres niveles: un componente de prestador primario, un nodo regional de servicios y centros de excelencia o especializados para acceso nacional a cualquier maestro o beneficiario del magisterio.
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En el último año, el principal reto se ha centrado en que la Fiduprevisora adquiera la capacidad técnica y operativa para asumir la gestión directa de los contratos. La entidad pasó de contratar entre 10 y 13 operadores regionales integrales a tener que coordinar, potencialmente, con miles de IPS en todo el país, como parte del modelo de red abierta contemplado en el Acuerdo 03 de 2024.
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