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La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE), por medio de sus redes sociales, ha mostrado su rechazo a los bonos escolares en los colegios del país. Además, asegura que, en su opinión, representa “un riesgo de corrupción y clientelismo político”.
De acuerdo con el sindicato, los bonos escolares “están en contravía de la Ley General de Educación y de la Constitución Política”. La principal razón que exponen es porque, a sus ojos, “se imponen contenidos de enseñanza y currículos, amenazando la libertad de cátedra, el ejercicio de la autonomía docente, la democracia y el gobierno escolar".
⛔¡No a los bonos escolares!
— fecode (@fecode) April 15, 2025
🚩🚩🚩Los bonos escolares con inconstitucionales y vulneran el derecho a la educación. pic.twitter.com/D4Cjxh3jTG
Para el sindicato, los bonos también podrían convertirse en mecanismos de manipulación electoral, porque “se asigna a un colegio privado un número predefinido de estudiantes y un monto estimado por cada uno. Esta entrega se devuelve en forma de apoyo electoral, presionando a las familias que reciben el “beneficio””.
Otra de las alertas del sindicato gira en torno al debilitamiento de la educación pública, pues, advierte, con los bonos se favorecería a los planteles privados con los recursos que “deberían ser para las instituciones públicas”.
Desde hace un par de año, como lo hemos explicado en estas páginas, el Centro Democrático ha promovido diferentes proyectos de ley para proponer la creación de los Bonos Escolares. El objetivo se ha centrado en crear un bono escolar para que los padres o quienes tengan la patria potestad de niños y niñas en condición de vulnerabilidad o pobreza puedan estudiar en instituciones privadas o públicas. El Estado deberá asumir los costos de matrícula, pensión o derechos académicos.
Una de las principales inquietudes con esta figura es la de estudiantes o docentes “fantasma”. Entre 2013 y 2014 se registraron una serie de denuncias en torno a unos “estudiantes y profesor fantasmas”, que son aquellos que están reportados en el Sistema de Información (SIMAT), pero de los que no se encuentran evidencias de su existencia al momento de efectuar la verificación en el establecimiento educativo.
La investigación, adelantada por Gina Parody, ministra de Educación en ese entonces, reveló que de las más de 4.000.000 matrículas auditadas, se encontraron más de 131.000 niños inexistentes en la educación regular, en los grados que van de preescolar a 11º.
Otra denuncia fue publicada por El Heraldo en 2024, en la que reportaba que en varias sedes del San Judas Tadeo, en Soledad (Atlántico) no había niños pese a que estaban contratados con la Alcaldía.
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