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En Colombia, los maestros tienen un régimen especial de seguridad social en salud. A diferencia de otros trabajadores del país, no pueden escoger libremente su EPS ni cambiarla si están insatisfechos. Quienes toman esa decisión por ellos son los administradores del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), una entidad que, en teoría, debería garantizar calidad y oportunidad en el acceso a los servicios de salud. Pero en la práctica, los docentes llevan décadas denunciando un sistema ineficiente, opaco y profundamente inequitativo.
El Fomag maneja un presupuesto gigantesco. En 2024, su asignación superó los $21 billones (pesos), más que el de ministerios completos como el de Comercio, Vivienda o Cultura. De ese monto, cerca de $8 billones están destinados exclusivamente a salud, incluyendo la contratación de operadores (EPS) que atienden a más de 800 mil beneficiarios entre maestros y sus familias.
Sin embargo, este no es un sistema de libre competencia ni de transparencia plena. El Fomag, a través del Ministerio de Educación y el Fiduprevisora, elige mediante licitación nacional los operadores regionales, lo que ha derivado en numerosos escándalos de corrupción.
Investigaciones de la Contraloría y la Fiscalía han documentado sobrecostos, contratos amañados y redes clientelistas en varias regiones. En 2023, por ejemplo, se conocieron denuncias sobre pagos anticipados injustificados, servicios no prestados y manejos indebidos en varias fiduciarias regionales. Y no han sido solo gobiernos pasados: el propio gobierno de Gustavo Petro ha sido cuestionado por maniobras políticas en la adjudicación de nuevos contratos, incluso frente a llamados de alerta de la Procuraduría.
Los más perjudicados por este sistema son los docentes, quienes reportan demoras crónicas en la asignación de citas, escasez de especialistas, problemas en la entrega de medicamentos y una sensación generalizada de abandono. Para un maestro con una enfermedad crónica o con un familiar en tratamiento oncológico, esta falla no es solo burocrática: es una amenaza directa a su salud y su dignidad.
El problema no es solo de mala gestión. Es estructural. El régimen especial del magisterio fue concebido en un momento en que se creía que centralizar y aislar su salud permitiría mayor protección. Pero hoy, con un sistema de aseguramiento universal y con mecanismos de supervisión más robustos (al menos el sistema de salud que teníamos hace 3 años y que espero se logre salvar), no hay razón técnica ni ética para que cientos de miles de colombianos estén obligados a recibir servicios de salud de un solo proveedor, sin posibilidad de elección ni competencia.
El Fomag se debe desmontar, pues sus supuestos privilegios, en vez de proteger, excluyen y empobrecen. Eliminar este régimen especial implicaría integrar a los maestros al sistema general de salud, con libertad de elección de EPS, incentivos por calidad y mecanismos de control ciudadano. El Fomag, como está concebido hoy, no garantiza ni eficiencia, ni equidad, ni transparencia. Y mantenerlo así solo beneficia a los intermediarios y a algunos políticos, no a quienes educan a nuestras presentes y futuras generaciones.
*Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Javeriana
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Por Luz Karime Abadía*
