El Tribunal Administrativo de Antioquia suspendió en las últimas horas y de manera provisional los efectos de la Resolución 2632 del 26 de noviembre de 2024, emitida por el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia. Dicha resolución autorizaba al rector de la institución para constituir una hipoteca sobre bienes inmuebles de la universidad, con el fin de garantizar un contrato de crédito de tesorería celebrado con el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA).
Esta medida implicaba que la universidad comprometiera parte de su patrimonio como respaldo de una deuda que ascendía a unos 90.000 millones, de los cuales al menos $45.000 millones quedarían cubiertos con la hipoteca.
El tribunal consideró necesario suspender temporalmente la resolución mientras se evalúa el impacto de dicha garantía sobre los bienes de la universidad y la legalidad de la decisión tomada por el Consejo Superior. En consecuencia, ordenó comunicar de inmediato esta determinación al representante legal de la Universidad de Antioquia o a la persona delegada para recibir notificaciones.
Hay que recordar que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, había anunciado el crédito a mediados de noviembre de 2024: “Con el IDEA hemos tomado la decisión, después de que ninguna entidad bancaria le prestara a la universidad, de ponerle sobre la mesa un crédito de tesorería de hasta 90 mil millones de pesos para que los profesores y los empleados de la institución no vayan a terminar el año sin el pago de los salarios a los que tienen derecho”, afirmó.
Esa fue una de las medidas que se han anunciado en el departamento para afrontar la crisis financiera que tiene la segunda universidad pública más importante del país. Como hemos explicado en El Espectador en anteriores oportunidades, entre las razones del déficit que enfrenta la universidad (que se estima en más de $350.000 millones) se encuentran la reducción de estudiantes en pregrados y posgrados, el déficit financiero del Hospital Alma Máter que, si bien es una entidad privada, su mayor accionista de la UdeA. La institución de salud tiene una deuda de $130.000 millones con la universidad, según su mesa ético-política.
A la situación también se suma el insuficiente aumento que ha habido desde los gobiernos para financiar la educación pública. Varios críticos han señalado que, según los artículos 86 y 87 de la Ley 30 (que regula la educación superior en Colombia), el Gobierno debe ajustar cada año el presupuesto únicamente con el valor de la inflación. Sin embargo, ese monto no suele contemplar otras responsabilidades financieras ni proyectos de investigación.
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