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Gobierno emite un nuevo decreto para abordar la crisis educativa en el Catatumbo

La medida busca priorizar la instalación de infraestructura modular para garantizar el acceso a la educación y habilita al Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (FFIE) para gestionar y financiar proyectos en todos los niveles educativos.

Redacción Educación

10 de febrero de 2025 - 07:01 p. m.
Para el Gobierno, por ejemplo, es clave la instalación de infraestructura modular en la región del Catatumbo como medida “urgente” para atender la crisis educativa y garantizar el derecho a la educación.
Foto: EFE - Mario Caicedo
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El Gobierno Nacional dio a conocer en las últimas horas un nuevo decreto en el marco del Estado de Conmoción Interior que aun rige en la zona del Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar. En esta ocasión, el Ministerio de Educación adopta medidas en materia de infraestructura y dotación educativa para los niveles de educación inicial, preescolar, básica y media y educación superior.

Para el Gobierno, por ejemplo, es clave la instalación de infraestructura modular en la región del Catatumbo como medida “urgente” para atender la crisis educativa y garantizar el derecho a la educación. Con infraestructura modular se hace alusión a un tipo de construcción que permite la instalación rápida y eficiente de espacios educativos en contextos de emergencia o con alta necesidad de infraestructura. Los municipios de El Tarra y Tibú han sido identificados como prioritarios para la implementación de estos espacios, lo que requiere un mecanismo financiero y contractual que permita su ejecución inmediata, dice el decreto.

En este sentido, el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE), creado por la Ley 1753 de 2015 y modificado por la Ley 1955 de 2019, podría jugar un papel clave en la viabilidad y financiamiento de estos proyectos, aunque su alcance se ha limitado históricamente a la educación básica y media.

El decreto habilita al Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (FFIE) para gestionar y financiar nuevos proyectos educativos en territorios afectados por el conflicto armado. Con esta medida, el FFIE podrá impulsar la construcción, mejoramiento, adecuación y ampliación de infraestructuras educativas públicas, tanto en zonas urbanas como rurales, incluyendo residencias escolares en áreas dispersas. Además, se podrán contemplar inversiones en infraestructura digital y contratos de interventoría para garantizar la correcta ejecución de los proyectos.

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De manera específica, se autoriza la asignación de recursos del FFIE a iniciativas de educación superior en la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y las localidades de Río de Oro y González, en el departamento del Cesar. El decreto ya entró en vigencia.

En la justificación del proyecto, el Gobierno señala que en la región del Catatumbo hacen presencia 7 Instituciones de Educación Superior, de las cuales el 43% corresponden a instituciones de carácter privado y el 57% al sector oficial.Solo cuatro (4) instituciones Oficiales tienen presencia en ese territorio: el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA en Tibú, la Escuela de Administración Pública - ESAP en los municipios de Ábrego, Convención, Sardinata, Hacarí, Ocaña y Tibú, las Universidades Francisco de Paula Santander y Universidad Nacional Abierta y a Distancia en el municipio de Ocaña.

Por su parte, los municipios de El Carmen, El Tarra, La Playa, San Calixto, Teorama, El Zulia, y Puerto Santander no cuentan con oferta de educación superior.

La tasa de tránsito inmediato a la educación superior en la zona está por debajo del promedio nacional, situándose en el 27,24% frente al 55,38% del país en general. Adicionalmente, la crisis humanitaria ha obligado, según el Gobierno, a miles de personas a desplazarse hacia municipios del área metropolitana de Cúcuta, Río de Oro y González, lo que agrava la demanda de servicios básicos y de educación. En este contexto, se lee en el decreto, se hace indispensable para el Estado adoptar medidas excepcionales para mitigar los efectos de la crisis y fortalecer el acceso a la educación como herramienta clave para la reconstrucción social.

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Hay que recordar que, según un reporte de la Procuraduría del pasado 25 de enero, alrededor de 46.000 niños se quedaron sin ir a clase en el Catatumbo.

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