A finales de 2025, el Congreso le dio luz verde a una reforma clave para la educación superior en el país: la modificación a la Ley 30, con la que se espera llevar más recursos a las universidades públicas del país. Para hacerlo oficial, solo faltaba la firma del presidente Gustavo Petro, que llegó hoy durante un evento en Popayán.
Puntualmente, la reforma cambió los artículo 86 y 87 de la Ley 30, que se encuentra vigente desde 1992. La iniciativa fue aprobada en su último debate, en la Cámara de Representantes, con 116 votos a favor y ninguno en contra.
Como contamos en esta nota, se trata de una reforma clave porque cambia el cálculo con base en el cual se destina el presupuesto de las universidades públicas del país.
Con la Ley 30 de 1992, se estableció el Índice de Precios al Consumidor (IPC) como la base para definir el incremento de los presupuestos año a año. Sin embargo, este incremento no reflejaba necesariamente el incremento en el costo de sostener una universidad pública, que está marcado por el incremento en el número de estudiantes, el incremento de los salarios de los docentes, el sostenimiento de laboratorios y tecnologías, entre otros.
“La nueva ley corrige ese desajuste histórico. A partir de ahora, el aumento de los ingresos de las IES públicas estará ligado al Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), un referente que sí reconoce los gastos propios del sector. Además, incorpora recursos adicionales para ampliar cobertura, cerrar brechas regionales, fortalecer la formalización laboral y mejorar la capacidad instalada de las instituciones públicas”, explicó el Mineducación en un comunicado, tras la firma del presidente Petro con la que se promulgó la ley.
La desfinanciación de las universidades públicas había alcanzado una cifra de COP 18 billones durante 2025, debido al desbalance entre el incremento del presupuesto y el aumento de los costos.
“Con la Ley 2568 de febrero de 2026, que reforma los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, Colombia adopta un nuevo modelo de financiamiento orientado a fortalecer la oferta pública y garantizar sostenibilidad a largo plazo”, añadió el Mineducación.
Además, la reforma incluye otro ajuste en la fórmula que calcula los ingresos de las universidades públicas. La modificación del artículo 87 de la Ley 30 implica que los aportes adicionales de la Nación para la educación superior pública se incrementen anualmente mínimo el 70 % del crecimiento del PIB, y no el 30 % que se estableció en 1992.
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