La carta de más de 500 profesores universitarios a Duque y a los manifestantes

En la carta los profesores también rechazan el uso de la violencia. / Gustavo Torrijos

“El país requiere un cambio estructural que siente las bases para el desarrollo enfocado en la equidad. Construir soluciones de fondo requiere de un diálogo constructivo, al cual los académicos e investigadores abajo firmantes queremos aportar”. (Lea Así le fue a Colombia en las Pruebas Pisa).

Con ese párrafo empieza la carta que enviaron más de 500 profesores y profesoras universitarios el 2 de diciembre el Gobierno Nacional, a los grupos de estudiantes y de la sociedad civil que se han manifestado desde el 21 de noviembre.“Interpretamos que las históricas movilizaciones desbordan las reclamaciones puntuales, y expresan un descontento amplio, tanto con problemas estructurales del país, como con desaciertos de este gobierno”, escriben. “Corresponde a los líderes políticos, empezando por el gobierno, reconocer estos problemas y errores y trabajar constructiva, diligente y armónicamente para su solución”. (Lea: Pruebas Pisa: Colombia obtuvo puntajes más bajos que el promedio de la OCDE) 

En las dos páginas, los académicos instan el Gobierno y a los manifestantes a “la autocrítica para cambiar el rumbo frente a los compromisos del Estado colombiano y, específicamente, a honrar el Acuerdo de Paz, la protección de líderes y lideresas sociales, y a respetar acuerdos ya establecidos con estudiantes, indígenas, afrodescendientes y demás sectores que se han movilizado”.

En los ocho puntos que establecen los firmantes, de universidades colombianas tanto públicas como privadas, también invitan a respetar los derechos humanos y la protesta pacífica. “El respeto a los derechos humanos y al derecho fundamental a la protesta pacífica por parte de las instituciones es vital para la democracia. Defender estos derechos no puede reducirse a declaraciones de intención por parte de servidores públicos, sino a una activa disposición de protección y diálogo”, apuntan.

Frente a los hechos relacionados con el Esmad son claros: “La protesta social no se debe criminalizar, y el Esmad debe actuar de acuerdo con los protocolos más estrictos de protección de derechos; cuando así no ocurra, las instancias competentes deben sancionar contundentemente su proceder”.

“Rechazamos el uso de la violencia como mecanismo de expresión o de disuasión. La vida es sagrada”, indican en otro apartado.

Además, los profesores invitan a quienes protestan a cuidar los bienes públicos y a no causar “afectaciones desproporcionadamente onerosas a la vida cotidiana de las personas, especialmente a quienes tienen que seguir cumpliendo con sus deberes laborales para subsistir. Instamos igualmente a que se respete con civilidad el desacuerdo que expresan quienes no apoyan la protesta”.

En el quinto punto hacen un llamado para deliberar y llegar a acuerdos. “Dialogar implica escuchar de lado y lado, con pluralismo, respeto, y con disposición a entender las razones del otro. Invitamos a la escucha activa, a entender las ideas, sentimientos y lenguajes de la contraparte, y a mostrar una disposición verdadera para llegar a acuerdos concretos que persigan soluciones efectivas que mejoren la calidad de vida de toda la población colombiana”.

Así mismo, invitan a que en ese diálogo, que debe ser transparente, se incluyan a todos los actores relevantes, pues “no todas las voces están siendo incluidas o escuchadas en el intento presidencial de tener una conversación”.

“Instamos a los líderes de los movimientos sociales a mantenerse en la mesa de diálogo, aceptar la interlocución con otros actores y reconocer el disenso para poder llegar a acuerdos concretos”, escriben.

Frente a la gran cantidad de noticias falsas que se han producido en medio del paro, proponen fortalecer el diálogo y “luchar contra la distribución y fabricación de datos que no se soportan en la realidad (...) Como académicos nos comprometemos a aportar análisis e información soportada en la evidencia para contribuir a un diálogo informado”.

Finalmente, señalan la necesidad de introducir cambios en el corto plazo pero que también efectos en el mediano y largo plazo. “Instamos, entonces, al Gobierno Nacional, a los estudiantes y a los diferentes grupos de la sociedad civil a hacer propuestas concretas y a mostrar su disposición para acordar compromisos de corto y mediano plazo que realmente construyan un camino de solución a los problemas estructurales”.