“El país requiere un cambio estructural que siente las bases para el desarrollo enfocado en la equidad. Construir soluciones de fondo requiere de un diálogo constructivo, al cual los académicos e investigadores abajo firmantes queremos aportar”. (Lea Así le fue a Colombia en las Pruebas Pisa).
Con ese párrafo empieza la carta que enviaron más de 500 profesores y profesoras universitarios el 2 de diciembre el Gobierno Nacional, a los grupos de estudiantes y de la sociedad civil que se han manifestado desde el 21 de noviembre.“Interpretamos que las históricas movilizaciones desbordan las reclamaciones puntuales, y expresan un descontento amplio, tanto con problemas estructurales del país, como con desaciertos de este gobierno”, escriben. “Corresponde a los líderes políticos, empezando por el gobierno, reconocer estos problemas y errores y trabajar constructiva, diligente y armónicamente para su solución”. (Lea: Pruebas Pisa: Colombia obtuvo puntajes más bajos que el promedio de la OCDE)
En las dos páginas, los académicos instan el Gobierno y a los manifestantes a “la autocrítica para cambiar el rumbo frente a los compromisos del Estado colombiano y, específicamente, a honrar el Acuerdo de Paz, la protección de líderes y lideresas sociales, y a respetar acuerdos ya establecidos con estudiantes, indígenas, afrodescendientes y demás sectores que se han movilizado”.
En los ocho puntos que establecen los firmantes, de universidades colombianas tanto públicas como privadas, también invitan a respetar los derechos humanos y la protesta pacífica. “El respeto a los derechos humanos y al derecho fundamental a la protesta pacífica por parte de las instituciones es vital para la democracia. Defender estos derechos no puede reducirse a declaraciones de intención por parte de servidores públicos, sino a una activa disposición de protección y diálogo”, apuntan.
Frente a los hechos relacionados con el Esmad son claros: “La protesta social no se debe criminalizar, y el Esmad debe actuar de acuerdo con los protocolos más estrictos de protección de derechos; cuando así no ocurra, las instancias competentes deben sancionar contundentemente su proceder”.
“Rechazamos el uso de la violencia como mecanismo de expresión o de disuasión. La vida es sagrada”, indican en otro apartado.
Además, los profesores invitan a quienes protestan a cuidar los bienes públicos y a no causar “afectaciones desproporcionadamente onerosas a la vida cotidiana de las personas, especialmente a quienes tienen que seguir cumpliendo con sus deberes laborales para subsistir. Instamos igualmente a que se respete con civilidad el desacuerdo que expresan quienes no apoyan la protesta”.
En el quinto punto hacen un llamado para deliberar y llegar a acuerdos. “Dialogar implica escuchar de lado y lado, con pluralismo, respeto, y con disposición a entender las razones del otro. Invitamos a la escucha activa, a entender las ideas, sentimientos y lenguajes de la contraparte, y a mostrar una disposición verdadera para llegar a acuerdos concretos que persigan soluciones efectivas que mejoren la calidad de vida de toda la población colombiana”.
Así mismo, invitan a que en ese diálogo, que debe ser transparente, se incluyan a todos los actores relevantes, pues “no todas las voces están siendo incluidas o escuchadas en el intento presidencial de tener una conversación”.
“Instamos a los líderes de los movimientos sociales a mantenerse en la mesa de diálogo, aceptar la interlocución con otros actores y reconocer el disenso para poder llegar a acuerdos concretos”, escriben.
Frente a la gran cantidad de noticias falsas que se han producido en medio del paro, proponen fortalecer el diálogo y “luchar contra la distribución y fabricación de datos que no se soportan en la realidad (...) Como académicos nos comprometemos a aportar análisis e información soportada en la evidencia para contribuir a un diálogo informado”.
Finalmente, señalan la necesidad de introducir cambios en el corto plazo pero que también efectos en el mediano y largo plazo. “Instamos, entonces, al Gobierno Nacional, a los estudiantes y a los diferentes grupos de la sociedad civil a hacer propuestas concretas y a mostrar su disposición para acordar compromisos de corto y mediano plazo que realmente construyan un camino de solución a los problemas estructurales”.
Por - Redacción Educación
