Desde hace un par de semanas, en los pasillos de las universidades públicas y en las conversaciones de los actores del sector educativo hay un intenso debate sobre si reformar o no el decreto 1279 de 2002, que define cómo se calculan los salarios de los profesores de planta y que, con el paso de los años, ha permitido salarios mensuales de hasta COP 60 millones.
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