Las imágenes de exaltados funcionarios de la Universidad Nacional lanzando arengas en contra de las directivas, de la entidad, las improvisadas carpas en las que se acuartelaron desde hace tres semanas para reivindicar sus demandas sobre ajustes salariales y los comunicados oficiales de las máximas autoridades de la institución anunciando que no cederán ante las presiones son, aunque llamativos, tan sólo una arista en la problemática que vive el más importante centro de educación superior del país.
Un síntoma más del mal momento que viven las universidades públicas y que se suma a los problemas que derivaron en las protestas del semestre pasado y a los que motivaron la consolidación del movimiento estudiantil de hace casi dos años.
Por eso la verdadera solución exige un gran consenso en el que estén involucrados desde el Gobierno Nacional hasta los diversos actores de la comunidad académica. Así lo reconocen los estudiantes, los sindicalistas, los docentes, las directivas y los funcionarios de la Universidad Nacional a quienes El Espectador y el Seminario Permanente de Profesores reunieron ayer para que deliberaran acerca de la situación en el centro docente. Es la primera vez que todos los actores de esa comunidad se reúnen fuera del campus para pensar en lo que cada uno puede aportar para salvar la universidad.
No es fácil lograrlo. Con un escenario en el que las universidades públicas tienen un desfinanciamiento que se acerca a los $11,3 billones (pese a que han aportado recursos propios por $7,5 billones para contrarrestarlo) la invitación que les ha hecho el Gobierno es a ser creativas para la consecución de recursos. Requieren $1,3 billones anuales para funcionar y $9,8 billones más para formación de los docentes e infraestructura. El Sistema Universitario Estatal (SUE) ya planteó al Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) una veintena de ideas sobre posibles fuentes de financiación para superar ese déficit.
Las propuestas van desde hacer que los departamentos y municipios les transfieran a las universidades de su jurisdicción el 1% de sus ingresos tributarios, hasta incentivar mediante estímulos tributarios las donaciones a los centros académicos y crear impuestos a la telefonía celular que estén destinados a la actividad académica. Incluso el Congreso estudia la creación de una estampilla pro educación superior.
El propio vicerrector general de la Universidad Nacional, Jorge Iván Bula, dijo ayer ante los asistentes al foro que entre las ideas que podrían ayudar a solventar la crisis está la del trámite para crear la estampilla conmemorativa de los 150 años de la universidad.
En palabras del profesor, Mario Hernández, miembro del seminario permanente de profesores y uno de los oradores del foro de ayer, dichas propuestas tienen un espíritu loable, pero apuntan una vez más a resolver exclusivamente la crisis del momento y no la problemática de fondo, que según la mayoría de los expositores del foro se debe al abandono estatal de la educación pública.
“¿Hacia dónde va la Universidad Nacional?”, se preguntó Hernández, retomando uno de los interrogantes principales del encuentro. “¿Qué significa para los colombianos que esta sea la universidad de la nación?”, se cuestionó también Mariana Ríos, estudiante de física y representante de los alumnos ante el Consejo Superior Universitario.
No obstante, la coyuntura en la que tuvo lugar el foro, con un claustro universitario oficialmente abierto, pero con un ambiente de incertidumbre entre los estudiantes que apenas regresarían a clases el lunes (y también entre quienes aspiran a cursar allí sus carreras y no han podido presentar los exámenes de admisión debido a los bloqueos) demostró una vez más que la urgencia del momento suele desplazar los debates de fondo sobre la raíz del problema.
La universidad pública del país está en crisis. La Universidad Nacional, en particular, padece problemas de financiación, infraestructura, cuestionamientos sobre su rol en un escenario de privatización de la educación y hasta afronta inconvenientes para resolver las diferencias entre los actores de la comunidad universitaria. Una situación que cuando menos resulta paradójica en un centro académico que se jacta de formar a buena parte de los expertos en resolución de conflictos que tiene el país.
¿Y qué hacer frente a esa crisis del momento? El Cómite Pro Mejora Salarial (CPS), que lideró los bloqueos de las sedes de Bogotá y Palmira demandando un reajuste salarial de cerca del 30% para los empleados de planta (que según los manifestantes sería de unos $300 mil), argumenta que sus reclamos obedecen a la desatención e incumplimiento de viejos acuerdos. Juan Arango, uno de sus voceros, increpó a Bula por dicha situación y aseguró que las directivas no han hecho más que tratar de desprestigiar sus reclamos.
William Parga, fiscal del Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia (Sintraunicol), prefirió marcar distancia frente al CPS, aclaró que ambos colectivos tienen formas de lucha distintas, que el suyo todavía continúa negociando y que en el momento que sienta que les incumplen también se irán a paro. Eso sí, unos y otros creen que la solución sólo se puede encontrar dialogando.
El problema es la falta de confianza entre las partes para que puedan ponerse de acuerdo, por ejemplo, en la propuesta unificada al Gobierno Nacional acerca del incremento de salario para los trabajadores de planta y en las eventuales consecuencias que recaerían sobre éstos por las tres semanas de bloqueos a la universidad. Y eso que se trata apenas de unos puntos específicos de la más reciente manifestación de esa gran crisis de la universidad pública que aún está por resolver.
Por Élber Gutiérrez Roa egutierrez@elespectador.com
