Tradicionalmente, nos han enseñado que la forma “adecuada” de impartir justicia es a través del castigo. Nos explicaron que si hacemos algo mal, debemos recibir una sanción, cuya dureza dependerá de la falta. Se trata de una receta que se ha replicado por generaciones y que llegó hasta los salones de clases. En 2021, cinco años después de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc que finalizó un conflicto armado de más 50 años, un proyecto decidió apostarle a la transformación de este concepto de justicia. (Lea: Abren becas para niñas y jóvenes afro e indígenas para formación tecnológica)
Se trata de Justa-mente, una iniciativa de Educapaz y de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que surgió para “que desde los colegios, la comunidad educativa pueda comprender qué es el proceso de justicia transicional que atraviesa el país”, resume Juana Yunis Marulanda, directora ejecutiva de Educapaz. El objetivo, agrega, es “armar espacios cuidadosos para hablar del conflicto armado en el aula y que así los estudiantes puedan formar su propia opinión fundamentada”.
En esta estrategia, tanto los niños, niñas y jóvenes como los profesores, son sujetos activos de este proceso de justicia transicional y restaurativa que ha atravesado el país en estos ocho años. Según Harvey Suárez, secretario ejecutivo de la JEP, “el objetivo es que entiendan que no hay solo una forma de hacer justicia en los conflictos del día a día. Buscamos alejarnos un poco de esta cultura que señala que la única forma de justicia es el castigo, la venganza y la cárcel. Hablar de la necesidad de ir más allá de una justicia ordinaria, que hoy resulta insuficiente para reparar a las víctimas”.
Suárez, de la JEP, explica que cuando hablamos de justicia transicional y restaurativa hacemos referencia al proceso que se lleva a cabo para resolver un problema enfocándose en la compensación del daño a las víctimas. Es decir, “nos enfocamos en mostrarles que los conflictos y las tensiones, las podemos resolver a partir de mecanismos no anclados en el castigo, el castigo social, el castigo moral, sino en un proceso de diálogo”, dice. Por eso, el punto de partida han sido los colegios ubicados en los municipios PDET (priorizados dentro de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), aquellos territorios que han sido afectados por el conflicto armado y donde se han reportado varios casos de revictimización. (Lea: Una nueva apuesta por cerrar las brechas de aprendizaje en Colombia)
El colegio piloto de esta iniciativa fue la Institución educativa San Antonio María Clareth, de Montelíbano (Córdoba), un plantel que cuenta con 980 estudiantes de estrato 1, 2 y 3 que han vivido en una zona afectada por el conflicto armado. Allí, su rector, Hugo Benedetty, dice que desde 2022 empezó a implementarse la estrategia de Justa-mente y señala que uno de los casos más relevantes fue el de ciberacoso hacia una niña que había ingresado hace poco a esta escuela.
En décimo, uno de los estudiantes culpó a su compañera por una serie de pérdidas de cuadernos, libros y lápices que se estaba presentando entonces. En redes sociales la señaló sin ninguna prueba, provocando que, incluso, la amenazaran de muerte. “Cuando nos dimos cuenta, la niña ya había entrado en un estado de depresión y no quería ir al colegio. Además, la mamá nos comentó que iba a interponer una denuncia en la fiscalía contra los 10 estudiantes involucrados”, recuerda el rector.
Una de las respuestas más comunes ante esta situación, plantea Benedetty, podría haber sido expulsar a los estudiantes del plantel. “Así se manejaba antiguamente en el colegio”, señala, pero cuestiona si la única opción es dejar a un niño o niña sin educación, “sobre todo en estos municipios que son muy golpeados por la violencia”. La consecuencia de haberlos expulsado, añade, hubiese sido provocar que estos alumnos, probablemente, no terminaran el bachillerato y crecieran las probabilidades de ingresar a la delincuencia o a un grupo al margen de la ley.
Con la estrategia Justa-mente, el discurso y la respuesta a esta situación dio un giro de 180 grados. La primera medida que tomó Benedetty fue llamar a los estudiantes para entender por qué habían publicado esa información de su compañera, y encontró que lo hicieron sin dimensionar el daño que podían provocar. “Reconocieron que habían cometido un error y se comprometieron a pedirle disculpas en público. Sus padres, además, le pidieron disculpas a la niña y su familia, reconociendo el error que habían cometido”, asegura el rector Benedetty, y reitera que el problema se solucionó y la estudiante se reintegró a sus clases.
Los estudiantes también tuvieron una sanción pedagógica e investigaron qué era el acoso escolar en todas sus modalidades, qué implicaciones tenía y cómo podían prevenirlo. Los hallazgos los debían exponer en los grados noveno, décimo y once, con el propósito, dice Benedetty, de concientizar sobre esta problemática.
Aunque el rector confiesa que esta iniciativa ha tenido un impacto positivo en la institución, pues los estudiantes están aprendiendo a solucionar los conflictos sin tener que llegar a instancias superiores y, generalmente, esos casos no se vuelven a repetir, señala que al comienzo enfrentaron una serie de retos. Sobre todo desde la comunidad docente y los padres, que, dice, estaban acostumbrados a la sanción.
Sin embargo, tras una serie de talleres pedagógicos, todos entendieron que cuando se sancionaba a los estudiantes o los expulsaban, no solo quedaba un grado de resentimiento en ellos sino, que además, no reparaban sus faltas. En cambio, notaron que en los casos donde se había aplicado la justicia restaurativa, aquel que cometía una falta, reconocía su error y se preparaba para reparar, aunque fuera una parte del daño. “Al ver que el agredido y agresor vuelven a tener unas relaciones armónicas nuevamente y que esa falta no se vuelva a repetir, los docentes y la familia le apostaron a esta estrategia”, agrega el rector.
Así como han trabajado en la Institución educativa San Antonio María Clareth, de Montelíbano, la iniciativa se ha extendido a otros 84 planteles educativos de Córdoba, Antioquia, Cesar, Casanare, Norte de Santander, Meta y Valle del Cauca, donde, añade Yunis Marulanda, han llevado material didáctico, realizado formación docente y conversatorios virtuales y presenciales. “Hemos impactado a más de 2.500 estudiantes del país”, cuenta.
Entre los resultados que han empezado a notar en su tercer año de implementación, asegura Yunis Marulanda, está el cambio y la resignificación de los manuales de convivencia, en los que cada vez se ven menos medidas sancionatorias y más acciones restaurativas. También han realizado modificaciones a su curriculum escolar, dándole prioridad a aquellas materias que le apuestan a las relaciones sociales. Ahora, puntualiza Suárez, de la JEP, esperan que estos niños y niñas sean agentes de cambio y puedan aplicar la estrategia de justicia transicional y restaurativa en otros espacios, como el familiar o en su comunidad, pues, insiste esta iniciativa debe impactar y transformar positivamente cada uno de estos escenarios para tener una comprensión distinta del conflicto y de sus afectaciones.