Durante esta semana, el inicio de la construcción de una nueva sede de la Universidad Nacional en Bosa, cuya promesa es ser una destacada obra de infraestructura educativa, resultó en el ojo del huracán luego de que El Tiempo revelara que la adjudicación de ese contrato había estado plagado de situaciones irregulares y que una de las empresas que hace parte del consorcio que se ganó el contrato está siendo investigada por un presunto robo de tierras.
El Espectador habló con el secretario de Educación, Óscar Sánchez, quien presidió el Consejo Superior de la Universidad Distrital hasta diciembre pasado, cuando renunció precisamente por el manejo que el Consejo le dio al proceso de licitación para la sede en Bosa, contrato que tiene un valor de $70.000 millones. Según Sánchez, la administración de la universidad está llegando a un punto crítico y necesita un 'revolcón' con urgencia, porque son los estudiantes y profesores los que salen perdiendo.
¿Cómo funciona la Universidad Distrital?
Es sui generis. Es muy grande, tiene 30 mil estudiantes y la financia fundamentalmente el Distrito, no la administración distrital, que es distinto. Es un ente autónomo de educación superior y es regido por la normatividad de educación superior. El Distrito le aporta $160 mil millones al año y además financia su desarrollo de infraestructura con los dineros de una estampilla. Hay que tener presente que la Universidad Distrital no la gobierna la Alcaldía.
¿Cómo llega esta entidad a verse involucrada en el escándalo en que está hoy?
La universidad nunca ha tenido un sistema de gobernabilidad que sea transparente, democrático y eficiente. Eso es histórico, no es de ahora. Yo he hablado con la mayoría de las personas que han sido miembros o presidido el Consejo Superior y todos han salido muy frustrados, inclusive rectores de muy buen nivel como Carlos Ossa. Es que es frustrante saber que se tiene entre manos una universidad con mucho potencial por sus estudiantes y académicos, saber que está en una ciudad que necesita ese centro de investigación, tener recursos, y ver que no funciona.
¿Quién maneja la universidad?
Los miembros del Consejo Superior tienen un poder casi absoluto. Los miembros del Consejo se basan en el estatuto general, en el que se determinan todas las formas de gobierno. El Consejo determina las reglas para elegir el rector y puede hasta destituirlo.
¿Cómo está constituido?
Tiene nueve miembros: cuatro elegidos, cuatro designados (que incluyen al representante de la Alcaldía, quien preside el Consejo, uno de la Presidencia de la República y uno del Ministerio de Educación) y uno designado por el rector. Tiene más votos el Gobierno Nacional a pesar de que el gobierno distrital financia el 90% de la universidad. Uno nombrado por la Presidencia y otro por el Ministerio de Educación.
¿Y en qué radica el caos?
Toda la definición de reglas de juego y el proceso electoral, de los miembros del Consejo que son elegidos (el rector y los delegados de los estudiantes, egresados y profesores) muestran de manera latente la debilidad de la universidad. Se caen todas las elecciones. Por ejemplo hoy no hay representante de los profesores, de los estudiantes ni de los egresados, a pesar de que tienen titular y suplente. La Universidad Distrital es el único lugar del planeta en que cada miembro del Consejo Superior, un minuto antes de que se tome una decisión, saca cualquier cosa que ha venido conversando con algún sector de la universidad y cambia el orden del día, cambia la orientación de la decisión, no permite que sea la administración de la universidad la que presente los puntos de vista sobre los cursos de acción a tomar… saltan liebres por todas partes.
¿Cómo califica la gestión del Consejo Superior de la U. Distrital?
Es terriblemente opaca. Yo siempre he advertido que la universidad tiene serios problemas de fragilidad institucional y de riesgo. Y las situaciones específicas que podrían materializar esos riesgos siempre las he señalado.
¿Qué lo llevó a renunciar del Consejo Superior de la universidad?
Si hay un contrato de $70 mil millones pues hay una situación de riesgo en un contexto de gobernabilidad tan frágil como el que tiene la universidad, y hay que pararle bolas. De ahí a decir que se robaron el contrato es una diferencia muy grande. Pero al ver que no estoy cómodo en ese lugar, que no me pasan la información, que no tengo respaldo político de los miembros del Consejo y que no tengo capacidad de cambiar las cosas, pues me voy. Y eso fue lo que hice: alertar todo el tiempo, cuando vi la situación más específica hice una alerta más fuerte, pero el conjunto de cosas que me mostraban que la universidad era ingobernable.
¿Qué le dijo el alcalde Petro?
Obviamente se preocupó y en razón a mi renuncia tratamos de buscar otras estrategias para solucionar el problema de gobernanza de la universidad. Empezamos a reunirnos con estudiantes y profesores y a plantear la posibilidad de generar una crisis en el consejo superior. Ahora queremos apoyar las elecciones que se vienen en marzo de rector y delegados, para fortalecer el Consejo.
¿Todas las decisiones se toman en el consejo?
Muchas, pero ojo: las de contratos no, porque, por ley, eso le corresponde al rector y a sus vicerrectores, en concreto a la vicerrectoría administrativa, que fue la que adelantó todo el proceso de la sede de Bosa. Se expidieron comunicados, se dejó constancia en actas de que algunas personas, sobre todo yo, dijimos que íbamos mal, que íbamos demorados, que no íbamos por el camino para garantizar que las cosas se hicieran rápidas y transparentes. Pero la administración de la universidad fue cogiendo siempre el camino que le pareció, que yo veía era un camino culebrero. Ese es un ejemplo que muestran cómo funcionan las cosas en la universidad.
¿Quién seleccionaba entonces los proponentes y los términos de la licitación de Bosa?
Es competencia del rector y sus vicerrectores.
Estamos hablando de que había mucho dinero en juego, de que las alarmas estaban encendidas. ¿Por qué se queda uno con la sensación de que la Alcaldía no actuó con más fuerza para evitar este lío?
En las actas del Consejo Superior se consta que sí se actuó con fuerza. Yo, sistemáticamente, a lo largo de año y medio, planteé que esa sede sería la más grande que hubiera construido la Universidad Distrital y ésta había demostrado en varios contratos de obra que no era una buena licitante ni una buena supervisora de obras de infraestructura. Propuse más de una vez que la universidad buscara un camino con un socio estratégico gestor. Por ejemplo, Fonade, un aparato enorme que le maneja licitaciones con todas las entidades del Estado para que se hagan transparentes y se logren sacar adelante obras de infraestructura con eficiencia. Por ejemplo, la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá. La universidad invitó a algunas entidades gestoras pero escogió una muy frágil porque nunca había manejado un proyecto de infraestructura: Inmobiliaria Cundinamarquesa, que es pública, del departamento.
¿Y qué pasó después?
Al poco tiempo Inmobiliaria Cundinamarquesa dijo que el proyecto valía más plata. Dijimos: pero cómo va a ser si es un presupuesto enorme. Sabemos que es muy sofisticado el edificio, pero todo el presupuesto y los estudios los hicieron firmas de alta confiabilidad, pero no puede ser que necesitemos más plata. Finalmente deshicieron el contrato con el gestor y entonces planearon crear una unidad administradora interna que elaborara los pliegos. Yo volví y dejé mi alerta: a mí eso me despierta preocupaciones. Los demás miembros del Consejo consideraron que era el mejor camino . Pedí estar alerta con los pliegos. Contrataron a unos expertos para elaborarlos, creo que les pagaron $300 millones.
Sobre los pliegos también hay muchas sospechas hoy…
Salieron los pliegos y abrieron el proceso con tiempos extraordinariamente breves, como una semana para una audiencia de interesados, cuando lo normal son cuatro o cinco semanas. No darles tiempo a los interesados para prepararse para una licitación es reducir las posibilidades de que sea competitiva. La Secretaría de Educación publicó un aviso en la prensa llamando a las empresas constructoras a un contrato potencial de $70 mil millones, y aparecieron. Creo que logramos que 16 fueran a la audiencia a los tres, cuatro días de publicado el aviso, muchas de ellas las más grandes del país. Escucharon las condiciones que la universidad estaba proponiendo, manifestaron sus preocupaciones por los tiempos y por la naturaleza del pliego, y no se presentaron. Sólo una lo hizo. La misma a la que finalmente le dieron el contrato, el consorcio ZGC El Porvenir. Bueno, de hecho se presentaron tres, pero a dos no les recibieron la propuesta porque llegaron cinco minutos tarde. Dije que no me gustaba el proceso. La universidad canceló y volvió a convocar. Al final le adjudicó al mismo consorcio del proceso anterior.
Además de usted, ¿quién señaló preocupación por lo que estaba ocurriendo?
Ante la universidad yo no oficio como secretario de Educación sino que hay una secretaria ad hoc, Patricia Buriticá, y ella mandó sus observaciones sobre el proceso. Allí dijo: se están pidiendo requisitos que son restrictivos, se está pidiendo un certificado que sólo se le pide a las empresas del sector de hidrocarburos y que se demora hasta cuatro meses en obtenerse. Muchas firmas expertas en construir infraestructura educativa no van a poder participar por un requisito exótico para construir infraestructura educativa. Me vengo a enterar ahora que también la Cámara Colombiana de Infraestructura había hecho sus observaciones. A raíz de eso le manifesté al Consejo que no estaba de acuerdo con que se hiciera esa adjudicación ni con que se nombrara como rector encargado a una persona que venía de la administración de la universidad. El Consejo Superior terminó dándole la razón a la administración. Entonces renuncié, no me gusta estar en sitios donde no tengo autoridad.
¿Por qué el alcalde dijo ayer que los delegados del Gobierno Nacional eran afines al PIN?
No sé.
¿Qué tiene que ver el congresista del PIN Samuel Arrieta con todo esto?
Él fue estudiante, representante de los estudiantes, secretario general. Desde muy joven ha tenido una fuerza de poder representativa en la Universidad Distrital de Bogotá. Lo mismo que Hosman Martínez, el concejal.
¿Pero ellos influyen en algo en la gobernabilidad de la Distrital?
No puedo señalarlo en específico.
¿Han pedido alguna investigación penal contra las personas vinculadas en esta historia?
Yo hasta esta semana lo que tenía era preocupaciones sobre un procedimiento contractual y las manifesté con claridad. Pero no tenía elementos de juicio para sospechar que hubiera algún delito. Ya pedí asesoría sobre el tema del contrato, porque que la Cámara de Infraestructura haya manifestado las mismas preocupaciones que tuve yo sí me lleva a pensar que probablemente es necesario poner esto en conocimiento de la Fiscalía. Y así lo haré tan pronto tenga los conceptos jurídicos, si amerita.
¿Van a hacer alguna investigación interna?
Lo primero que hay que hacer, si el contrato sigue en pie, es supervisarlo de la manera más cuidadosa que se pueda y promover el control social: hacer que los ciudadanos, profesores y estudiantes estén ahí encima. Si jurídicamente el contrato tiene alguna vulnerabilidad se podría caer, pero prefiero que sean los abogados los que determinen eso.
¿Hubo irregularidades en el contrato de interventoría?
No soy capaz de emitir un juicio al respecto. Pedí que se hiciera investigación también sobre este tema.
¿Ya se sabe quién lo va a reemplazar a usted para presidir el Consejo Superior de la universidad?
Por ahora no, entre otras cosas porque creo que el alcalde Petro quiere personalmente enterarse muy bien de todo lo que pasa, incluso podría ser que él esté al frente de algunas sesiones del Consejo, apoyado por nosotros, para retomar la gobernanza de la universidad.
¿Cree que se puede retomar?
Soy moderadamente escéptico. Necesitamos también que el Gobierno Nacional se siente a que construyamos juntos, como delegados del eEtado, una propuesta en el Consejo Superior. Lo que creo es que Bogotá necesita educación pública de excelencia y la Distrital merece ser fortalecida. Es que Bogotá se ha enriquecido mucho, tiene mucho dinamismo económico, una riqueza cultural enorme, y con una universidad del Distrito eso es más favorable. La juventud de la ciudad va a encontrar su camino para tener una buena educación superior, de eso no me cabe duda, y la Alcaldía está en disposición de gestionar los recursos y los esfuerzos para que eso suceda.
Por Diana Carolina Durán Núñez
