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Las 17.000 tabletas para colegios que generan dudas en Casanare

Un proyecto para llevar dispositivos con una plataforma educativa a 30 colegios de Casanare ha sido objeto de debate por el precio al que se cobraron 17.158 tablets. Una fundación de veeduría ciudadana asegura que se cobraron a precio comercial, cuando se trató de una compra masiva. El contratista asegura que se cobraron correctamente y que las variaciones de precio son normales en el mercado.

Andrés Mauricio Díaz Páez

09 de marzo de 2025 - 09:00 a. m.
Salvador Camacho, una de las instituciones educativas beneficiadas en Nunchía, Casanare, durante uno de los talleres de capacitación.
Foto: Unión Temporal Casanare - Educación de Calidad
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El pasado 24 de octubre, en Villanueva, Casanare, se realizó un evento al que asistieron estudiantes de cuatro colegios del municipio para recibir más de 5.500 tabletas del programa Casanare Educa. Los equipos tenían una plataforma digital con simulacros de las Pruebas Saber y contenidos de varias áreas de conocimiento, con el objetivo de mejorar su desempeño educativo.

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“La mayor queja que he tenido en el departamento, cuando los maestros, estudiantes y padres de familia hacen referencia a los computadores y tabletas que les han entregado, es que siempre nos dicen ‘muy bonito por fuera, dañado por dentro’”, dijo César Ortiz Zorro, gobernador del departamento, durante el evento. El proyecto también buscaba mejorar el número de herramientas tecnológicas para los alumnos de Casanare, pasando de seis a tres estudiantes por equipo.

El contrato tuvo un valor de $34.000 millones y se financió con recursos de regalías. Consistía en distribuir 17.158 tabletas en 30 colegios públicos de 14 municipios del departamento. En todas se instaló la plataforma educativa y un software de administración que bloquea contenidos que no sean aptos o no tengan que ver con el proyecto. Ahora están capacitacitando a estudiantes y docentes en el uso de la plataforma y los equipos.

Pero el proyecto, que fue estructurado por la Secretaría de Educación de Casanare y ejecutado por la Universidad Internacional del Trópico Americano (Unitrópico), ha empezado recibir críticas por el valor de las tabletas. La fundación Little Guardians, dedicada a la veeduría ciudadana y ambiental en el departamento, asegura que se podían conseguir a un precio más bajo (hasta $300.000 menos cada una) o se hubiera podido hacer una mejor negociación.

La idea para llevar a cabo el proyecto se empezó a gestar en 2023, pero solicitaron cotizaciones en febrero de 2024, un mes después de que Ortiz iniciara su mandato de gobernador. El 6 de febrero, la Secretaría de Educación envió una carta a seis empresas: tres para cotizar las tabletas y tres para cotizar la plataforma educativa. Les dio plazo hasta el 15 de febrero para entregar las propuestas.

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Las empresas que cotizaron las tabletas fueron Punto Tablet, Tecnolíder y CEM Electronix. Cada una debía enviar el precio de las tabletas, una funda protectora con teclado, una garantía extendida por un año, un software administrativo de monitoreo para cada equipo y un mueble de almacenamiento. La Secretaría pidió el precio por 17.158 unidades, a excepción de los muebles de almacenamiento, que debían ser 412. El 9 de febrero, todas las empresas enviaron sus propuestas, y CEM Electronix fue la que ofreció el precio más bajo.

Según el registro de la Cámara de Comercio de Medellín, CEM Electronix está catalogada como una “empresa grande” y, al presentar la cotización, registró ventas anuales por más de $98.000 millones. En 2021 también había ejecutado un proyecto para la Alcaldía de Yopal, capital de Casanare, por más de $5.000 millones, con un objeto similar al del proyecto de Casanare Educa. Las otras dos empresas que fueron invitadas a participar por la Secretaría de Educación aparecen como “empresas pequeñas”. El patrimonio neto de Punto Tablet era de $1.000 millones. El de Tecnolíder no aparece, pero registró ventas por $8.400 millones en su último año. Ambas se dedican al “comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones”.

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Tras hacer el estudio de mercado, la Secretaría de Educación luego designó a la Unitrópico para ejecutar el contrato. Es decir, que sería la encargada de invitar a presentar propuestas para ejecutarlo y elegir a la empresa que lo llevaría a cabo. Finalmente, se adjudicó a la Unión Temporal Casanare - Educación de Calidad, que fue la única que se presentó. Está conformada por las empresas CEM Electronix, con un 80 % de participación, y HB Distribuciones (una de las empresas que cotizó la plataforma educativa).

Una de las preguntas que han surgido en medio de las críticas a ese proyecto es por qué la Secretaría de Educación optó por invitar a esas empresas y no a otras. Otro interrogante que se hacen personas como Luis Pérez, de la fundación Little Guardians, es por qué no acudió al importador directo, Samsung Colombia, para adquirir las tabletas.

Para saber las razones, enviamos un cuestionario a esa Secretaría el pasado 27 de febrero, pero al momento de cierre de esta edición no habían contestado a nuestra solicitud, pese a que les insistimos en varias oportunidades.

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Tabletas, ¿a qué precio?

Las 17.158 tabletas que ofreció CEM Electronix a la Secretaría de Educación de Casanare se compraron el 15 de julio de 2024 y costaron $16.984 millones (cada una tuvo un valor de $989.900). “Haciendo una búsqueda rápida en internet, uno encuentra el equipo comercialmente entre $600.000 y $650.000”, dice Luis Pérez, fundador de Little Guardians.

Además, basta hacer una búsqueda avanzada en Google para observar que en la página oficial de Samsung Colombia el mismo equipo (Galaxy Tab A9+, con 64 gigabytes de disco duro y 4 GB de memoria RAM) se ofrecía a $629.900 por la misma época en las que fueron adquiridas. Sin embargo, el precio varía en otros almacenes de cadena: en Éxito, se ofrecía a $715.000; en Jumbo, a $933.000.

Para aclarar estas dudas, Pérez solicitó una cotización a CEM Electronix el 7 de noviembre de 2024. En ese momento, cuatro meses después de la venta de las tabletas para el proyecto, cotizaron la misma referencia, pero con un disco duro de más capacidad (128 GB) y una mejor memoria RAM (8 GB), en $799.900, aplicando un descuento del 38 % sobre un precio original de $1’299.900. En la página oficial de Samsung Colombia hay un descuento similar desde hace varias semanas, y también en almacenes de cadena.

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En otras palabras, la diferencia de precio de cada equipo entre la cotización enviada a Pérez y la enviada a la Secretaría de Educación de Casanare es de $190.000, teniendo en cuenta que la cotizada en noviembre era una tableta con mejores características.

Pero Oriol Jiménez, rector de la Unitrópico, tiene una explicación para esas diferencias en el precio: uno de los factores que podría hacer variar el costo son “las condiciones de tiempo. En el momento en que se hizo todo el proceso, eran unas tabletas de última generación”, dijo y comentó que en noviembre es la temporada de Black Friday, cuando los establecimientos suelen ofrecer descuentos en sus productos.

También, el rector aclara que la “Unitrópico no eligió el modelo de tabletas ni participó en la estructuración del proyecto. Todo el proyecto fue estructurado por la Gobernación de Casanare, en su calidad de entidad territorial responsable de la formulación y aprobación de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR)”.

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Por su parte, Juan David Gómez, director del proyecto en la Unión Temporal Casanare - Educación de Calidad, tiene otras cifras para ayudar a entender la diferencia de los valores: “El estudio de mercado se hizo en febrero de 2024, hace más de un año. En ese momento, el costo de la tableta era de $899.900. Lo sé porque yo mismo hice el estudio de mercado al momento de presentarnos al proceso”, señala.

Hay otro elemento que Gómez destaca para explicar que cada tablet se haya cobrado $90.000 más cara frente al precio que, según él, tenía en el mercado en febrero de 2024. De acuerdo con su explicación, se sumó el precio del cargador ($59.900) y algunos costos indirectos.

Por ejemplo, el alistamiento costó $4.000 por tableta (más de $68 millones por el total de equipos), entre los que incluye “acciones administrativas, conteo de los equipos y organización logística”, según dice un documento que muestra como soporte. También se incluyó el costo de transporte de Bogotá a Yopal ($6.000 por cada una y $102 millones en total) y el de transporte de Yopal a los 14 municipios ($10.000 la unidad y más de $170 millones el total). Finalmente, al precio inicial se le añadió el costo de arrendar una bodega para almacenarlas en Yopal durante el proceso de distribución, los impuestos y la utilidad.

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“Nosotros estamos haciendo un proyecto en el que estamos impactando 14 municipios beneficiarios. Hay municipios a los que nos hemos demorado hasta 10 horas. Ese costo no está determinado dentro del proyecto, y además tenemos que asumir el riesgo desde que salimos de la bodega hasta que entregamos la tableta”, detalla Gómez.

Una pregunta más

Sin embargo, Pérez, de la fundación Little Guardians, plantea un punto que no se puede omitir en este proyecto: “los equipos fueron vendidos a un precio de venta comercial y no al por mayor”, como cree que debió haberse hecho.

Una agente de ventas de Samsung Colombia explica a El Espectador que, efectivamente, los precios para compras al por mayor son diferentes cuando los ofrece la empresa. Por ejemplo, si se compara el precio actual en el mercado de la tableta cotizada por Pérez ($739.000) y el ofrecido por Samsung para una compra al por mayor ($611.983), la diferencia supera los $120.000.

Además, la fundación cuestiona que el proyecto se haya estructurado con un equipo de 4 GB de memoria RAM y 64 GB de disco duro, “cuando existe un modelo con mejores características, de 8 GB de RAM y 128 GB de disco, de la misma línea” que hubieran podido adquirir teniendo en cuenta los recursos disponibles.

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Estas inquietudes también se las planteamos a la Secretaría de Educación, pero no recibimos respuesta.

El avance del proyecto

Por lo pronto, El Espectador conoció que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) inició una visita técnica a la ejecución del contrato, por tratarse de recursos de regalías.

*En un documento de cuatro páginas, la entidad informa que hizo una visita entre el 5 y 6 de marzo, particularmente a los municipios de Villanueva, Sabanalarga y Nunchía.

Las instituciones que visitaron son Nuestra Señora de los Dolores de Manare – Sede Paraíso, y Ezequiel Moreno Diaz - Sedes Central y Morichal, en Villanueva; Jorge Eliécer Gaitán, en Sabanalarga; y Salvador Camacho Roldán, en Nunchía. En su labor de seguimiento y control, el DNP asegura que a estas instituciones recibieron el modelo y cantidad de equipos establecidos en el contrato y que en estos se encuentra instalada y funcionando la plataforma educativa.

“No obstante, durante la visita se evidenció que el bien o servicio ‘Gabinetes para almacenamiento’, que hace parte de este componente, no se ha entregado en las instituciones educativas visitadas”, una tarea que se tenía prevista entre julio y octubre de 2024.

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Respecto al precio de las tablets, la entidad asegura que está fuera de su competencia hacer seguimiento y evaluación de las etapas precontractuales (como el estudio de mercado). “Los procesos de selección de contratistas; la celebración y ejecución de los contratos y su supervisión e interventoría técnica; los desembolsos, terminación y liquidación, son responsabilidad exclusiva de las entidades territoriales beneficiarias contratantes y/o ejecutoras de tales recursos”, dice el documento*.

La otra entidad que tiene en sus manos una denuncia por posibles irregularidades (hecha por la Fundación Little Guardians) es la Procuraduría. En ella le solicitan que se investigue el contrato. La oficina de prensa del ente de control informó que “la Procuraduría Regional hizo un requerimiento de información a la Universidad acerca de la ejecución de ese contrato y se encuentra en revisión la respuesta, para evaluar si hay lugar a algún tipo de acción disciplinaria, entre otros”.

Por su parte, Gómez, director del proyecto en la Unión Temporal, dice que están completamente tranquilos con el trabajo, porque no hicieron nada irregular y asegura que están “blindados” frente a lo que él cree que es un “ataque político”.

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*Nota de edición: los resultados de la visita técnica que el Departamento Nacional de Planeación realizó al proyecto fueron incluidos en la versión web del texto. Sin embargo, no se encuentran en la edición impresa, pues el documento fue recibido después de la hora de cierre y envío a impresión.

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Por Andrés Mauricio Díaz Páez

Periodista y politólogo enfocado en temas ambientales, transición energética y educación.diazporlanocheamdiaz@elespectador.com
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