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Las deudas financieras por las que la U. Autónoma del Caribe podría perder dos sedes

Una juez ordenó a la institución educativa entregar dos de sus sedes por deudas financieras que superan los $5.000 millones. La actual rectoría aseguró que cuenta con nuevos argumentos para evitar la pérdida de estos activos de la universidad.

Redacción Educación

15 de mayo de 2025 - 07:29 p. m.
Universidad Autónoma del Caribe.
Foto: Universidad Autónoma del Caribe
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En los despachos judiciales de Barranquilla avanza un proceso en el que se ordena a la Universidad Autónoma del Caribe la entrega de dos edificios por deudas financieras que superan los $5.570 millones.

Esta determinación, que ya se encuentra en la etapa de cobro forzoso, hace parte de un litigio entre el Banco Davivienda y la institución de educación superior. En particular, la entidad financiera denuncia el incumplimiento de la universidad en el pago de un contrato de leasing suscrito en marzo de 2016.

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Este contrato, firmado durante la rectoría de Ramsés Vargas —acusado por el presunto desfalco de la universidad— fue pactado a diez años con un canon variable. Posteriormente, se firmó un otrosí para reducir los costos de arrendamiento y otros conceptos.

A pesar de esta modificación, para 2021 Davivienda aseguró que la universidad le adeudaba más de $5.000 millones por cánones de arrendamiento no pagados entre 2019 y 2021. Como consecuencia, se interpuso una demanda para exigir el pago de la deuda.

Los bienes por los cuales no se han pagado los cánones incluyen un edificio de 3.221 m² y un parqueadero de 6.073 m².A pesar de los múltiples alegatos de la universidad, una juez le dio la razón a Davivienda.

Sedes la institución educativa.
Foto: Universidad Autónoma del Caribe

“Así las cosas, queda claro que la demandada ha incumplido con la obligación de pagar el canon de arriendo en la forma en que se estipuló en el contrato de leasing financiero, adeudando estos los meses desde el 2 de julio del año 2019 hasta el 30 de junio del año 2021, y los que se hayan causado hasta la fecha”, se lee en la sentencia del caso.

En la misma providencia se decreta el fin del contrato de leasing y se ordena a la universidad entregar los inmuebles mencionados. Además, se le impone el pago de $55 millones adicionales por gastos legales a Davivienda.

Según se puede revisar sistema judicial, las últimas actuaciones del proceso están relacionadas con el traslado del expediente para efectos del cobro jurídico y la solicitud de información por parte de un apoderado de la universidad.

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¿Qué responde la universidad?

Ante estos hechos, la Universidad Autónoma del Caribe emitió un comunicado en el que busca transmitir un parte de tranquilidad y detalla las acciones que está emprendiendo para “proteger sus activos”.

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“En cuanto al proceso con el banco Davivienda, se han interpuesto los recursos correspondientes de manera oportuna. Paralelamente, nuestro equipo jurídico ha venido adelantando actuaciones judiciales tendientes a que se restablezcan los derechos de la universidad sobre los mencionados inmuebles (parqueadero y edificio multipropósito)”, se lee en el comunicado.

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Asimismo, la institución indica que, bajo la dirección del rector Jorge Senior Martínez —designado por el Ministerio de Educación—, se han “identificado nuevos argumentos de defensa para la protección de los bienes activos de la universidad, los cuales se espera se reflejen en decisiones judiciales futuras favorables”.

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