Las dudas sobre los 500 mil nuevos cupos en educación superior

El tránsito inmediato que tienen los jóvenes en algunas regiones del país, es decir, cuántos de los estudiantes que se gradúan de 11 acceden a un cupo en educación superior, en la actualidad es de 39,7.

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Uno de los anuncios más importantes que ha realizado Alejandro Gaviria, ministro de Educación, es la creación de 500 mil cupos para la educación superior, noticia que ha generado inquietudes en el sector. ¿Cuánto dinero se va a invertir?, ¿de dónde saldrán los recursos, teniendo en cuenta el desfinanciamiento de las universidades públicas?, o, ¿cuáles son las estrategias que se van a emplear para cumplir esta ambiciosa meta?, son algunas de las dudas que han surgido. (Lea: El nuevo requisito para acceder a Política de Gratuidad de las universidades públicas)

Lo primero que se debe tener en cuenta, dice Diego Sánchez, coordinador general dela Fundación Empresarios por la Educación, es entender cuál es el tránsito inmediato que tienen los jóvenes en algunas regiones del país, es decir, cuántos de los estudiantes que se gradúan de 11 acceden a un cupo en educación superior. Como se ve en la tabla que acompaña este artículo, algunas regiones se ubican por debajo de la media nacional, que en la actualidad es de 39,7.

“Es importante tener en cuenta cuántos estudiantes tenemos, cómo podemos facilitar este tránsito inmediato y cómo conseguimos que estos 500 mil cupos se puedan ofertar en las zonas más afectadas o donde ni siquiera tenemos instituciones de educación superior propias de la región”, anota Sánchez. Por ejemplo, en Chocó hay dos, en Amazonas o en Caquetá solo una y en Vaupés, Vichada y Guaviare no hay ninguna.

El otro reto, comenta Omer Calderón, decano de la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital, es garantizar transformaciones institucionales que acerquen la educación media a la superior, y presupuestales. Para conseguirlo, añade, “se debe duplicar el promedio de inversión por estudiante y para ello se debe aumentar el dinero de funcionamiento en $5 billones”. Conseguir este valor, dice, significa duplicar el monto que se destina cada año a la educación superior pública.

Una meta ambiciosa, pero no imposible

Para entender la complejidad de esta meta, Jairo Torres, presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE) y rector de la Universidad de Córdoba, cuenta que para 1993 el SUE contaba con 150 mil estudiantes inscritos en pregrado en las 34 universidades públicas del país, cifra que hoy, 30 años después, incrementó a 650 mil. “Es decir, en este tiempo incrementamos 500 mil nuevos cupos. Alcanzar este objetivo costaría $16 billones”, asegura. (Puede leer: Las 13 propuestas educativas del Plan de Desarrollo de Petro)

Según explica Torres, de conseguirse el dinero para cumplir la meta, es esencial comprender cuál es la fórmula o el modelo que se va a emplear. Calderón, por ejemplo, plantea la implementación de estrategias fiscales e institucionales. “El incremento del presupuesto debe dirigirse a ampliar la planta de personal docente, mejorar e incrementar sustancialmente la infraestructura locativa y académica y fortalecer la investigación científica”, apunta.

Torres, por su parte, comenta que desde el SUE elaboraron una hoja de ruta presentada al Gobierno, pero que aún sigue en discusión. La primera, que es a largo plazo, es bien conocida y es la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que es la que determina cuánto es el monto de dinero que debe destinar cada año el Estado a las instituciones de educación superior públicas. Este presupuesto se basa en el IPC. Así, dice, se podrían asegurar 100 mil cupos.

Sin embargo, anota, mientras se tramita y se aprueba en el tintero hay otras iniciativas, como flexibilizar el sistema de aseguramiento de la calidad, que es donde se establecen, entre otras normas, que solo se pueden tener 40 estudiantes por salón. “En la actualidad contamos con 1.500 programas académicos de pregrado en el SUE. El plan sería habilitar 20 cupos más”, aclara y con esta modificación “podríamos tener 30 mil nuevos cupos por semestre”.

Otra de las propuestas se enfoca en la creación de 34 nuevas sedes regionales. En la actualidad, el país solo cuenta con una cobertura en educación superior del 54 %, según el Ministerio de Educación, lo que equivale a que dos millones de jóvenes que se encuentran en las zonas más rezagadas del país no realicen estudios superiores. En este punto, anota Torres, el SUE propone algunas ideas sobre los registros calificados, que es la licencia con la que opera un programa académico. Esta iniciativa la explica Torres con este ejemplo: la U. de Córdoba requirió un programa determinado y hacerlo demanda tiempo. Pero este plan académico lo tiene otra institución pública y cuenta con el registro calificado. Proponemos que se pueda traer a esta universidad o viceversa. Lo que quiero decir es que esos registros calificados no sean de una institución en particular, sino de todo el sistema universitario estatal.

Las últimas propuestas planteadas por el SUE buscan habilitar la infraestructura física y tecnológica de las universidades públicas para los programas nocturnos, y para ello se debe determinar cuánto costaría o el número de profesores que se deberían vincular; y, finalmente, repensar los tiempos de duración de los programas, su metodología, pedagogía y si su oferta será virtual. “En este punto se debe tener en cuenta que la gran parte del país no tiene conectividad”, añade Torres. (Le puede interesar: Los cambios que empleará la UdeA para tratar las violencias basadas en género)

¿Qué plantea el Gobierno?

Desde que hizo pública la meta, Gaviria ha sido enfático en señalar que necesita tanto de las universidades públicas y privadas. También ha aclarado los ejes que conforman esta política, como seguir garantizando la gratuidad de la educación superior pública, que beneficia a más de 700 mil jóvenes y cuesta cerca de $ 1 billón; lograr algunas reformas para conseguir financiación, como la de la Ley 30; la transformación del Icetex, y asegurar complejos educativos.

El Icetex cumplirá un rol fundamental. Como lo comenta su presidente, Mauricio Toro, tienen el propósito de conseguir los recursos para financiar a 86 mil jóvenes. Pero, ¿cómo lo van a conseguir? Lo primero, dice, es la Ley Bianual de Regalías, en la que se aprobó un artículo que habilita a alcaldes y gobernadores a emplear unos recursos de regalías para crear fondos con el Icetex para créditos condonables, que se condonarán dependiendo de las condiciones delineadas.

Con la creación de esos fondos, el Icetex comenzará un proceso de acompañamientojunto con el Departamento Nacional de Planeación, por medio de los proyectos Tipo. “Este proyecto es como una tesis en blanco, en la que el mandatario pone el departamento o del municipio, el número que se plantea en la meta y el nombre del programa. Esa información se va para el DNP y sale relativamente rápido”, anota Toro.

El objetivo del Icetex es terminar este proyecto antes del 30 de junio. Una vez finalice el proceso, cuenta Toro, “debemos ir por los recursos en gobernaciones, de tal manera que se motiven a destinarlos en la creación de fondos y luego con las universidades comenzamos la concertación, es decir, qué programas ofrecen, los precios y las condiciones”. Con estos datos se elabora una subasta para tener el piloto de los primeros cupos en el primer semestre de 2024.

Toro comenta que la idea es comenzar este piloto en el Caribe, que es donde se ha reportado que hay zonas son buenas en percepción de regalías, pero que cuentan con bajos niveles en cobertura universitaria. Puntualiza que ya se han adelantado algunas conversaciones para que se realice en La Guajira, Magdalena, Bolívar, Córdoba y Cesar. Además, confiesa, se ha puesto sobre la mesa incluir a Chocó. (Lea también: Ley 30: la reforma en la educación superior pública que busca hacer el gobierno de Petro)

Aunque el Ministerio ha sido hermético con el dinero que destinará para esta meta, Sánchez comenta que desde la fundación les han hecho un seguimiento a los comentarios y publicaciones de la entidad sobre este tema: “Estimamos que tiene un costo aproximado de $3,6 billones, sin embargo, también hay que ver qué otras fuentes de financiación se van a usar. También es clave generar equidad en las distintas regiones para que esta financiación no se concentre en una sola”.

Mientras se despejan algunas de las dudas iniciales de este artículo, las personas entrevistadas para este texto coinciden en que esta meta, además de ser un gran reto para las instituciones de educación superior, es una gran oportunidad para impulsar la educación técnica y tecnológica en el país., y generar incentivos para que las universidades lleven sus programas académicos a otras regiones, sobre todo a las más apartadas.

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