En las últimas semanas, el Gobierno de Trump ha anunciado una serie de recortes a la Universidad de Harvard. Hace un par de días, a través del Grupo de Trabajo Conjunto de la Casa Blanca para Combatir el Antisemitismo, informó que realizaría un nuevo recorte de 450 millones de dólares, correspondientes a subvenciones otorgadas por ocho agencias federales.
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Esta medida se suma a la decisión tomada el mes pasado, cuando el Gobierno señaló que entre sus planes estaba congelar 2.200 millones de dólares en subvenciones y 60 millones de dólares en contratos con la institución. Durante más de 75 años, el Gobierno federal ha financiado investigaciones y proyectos académicos de Harvard mediante subvenciones y contratos, junto con las inversiones propias de la universidad.
En medio de estos recortes, Alan M. Garber, quien asumió el cargo de director permanente el año pasado, anunció una serie de medidas. La primera de ellas fue reducir su salario en un 25%, según publicó The Crimson, el periódico universitario. Aunque no se conoce con precisión el valor de su sueldo, se sabe que sus antecesores recientes recibían cerca de un millón de dólares anuales.
Esta medida, según Jonathan L. Swain, portavoz de la universidad, comenzaría a entrar en vigencia desde el 1 de julio, cuando inicia el nuevo año fiscal de Harvard.
De acuerdo con The New York Times, la institución ha optado por otras acciones para enfrentar los recortes, como la suspensión de las contrataciones y de aumentos salariales por mérito para varios empleados. Además, 90 directivos anunciaron que, para contribuir a las finanzas de la universidad, también aceptarán una reducción del 10 % en sus sueldos.
En un correo enviado a la comunidad educativa, reseñado por The New York Times, los directivos indicaron que la universidad invertiría al menos 250 millones de dólares en su próximo año fiscal para impulsar la investigación.
En el mismo comunicado, donde también se comprometieron a buscar nuevas fuentes de financiación, los directivos aseguraron que “aunque no podemos absorber el costo total de los fondos federales suspendidos o cancelados, movilizaremos recursos financieros para apoyar actividades de investigación cruciales”.
Hace un mes, el Gobierno había enviado una lista detallando una serie de exigencias que Harvard debía cumplir si deseaba “mantener la relación financiera con el gobierno federal”. Pero, la institución se ha negado a acatarlas, argumentando que atentan contra su autonomía institucional.
En el centro de la controversia está una acusación grave: según la administración de Trump, Harvard no ha cumplido adecuadamente con su deber de prevenir y enfrentar el acoso antisemita, entendido como una forma de discriminación y hostilidad contra personas judías.
El pasado 21 de abril, la universidad presentó una demanda contra el Gobierno de Trump, calificando los recortes de financiación como “ilegales”. “Ningún gobierno, independientemente del partido que esté en el poder, debe dictar lo que las universidades privadas pueden enseñar, a quién pueden admitir y contratar, y qué áreas de estudio e investigación pueden seguir”, señaló la institución en su demanda.
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