Llegó la hora de crear una educación para la paz

El 2016 pasó por una montaña rusa de episodios controversiales para el Ministerio de Educación, que van desde las cartillas de educación sexual y la renuncia de la ministra Gina Parody, hasta los desfalcos millonarios dentro del Plan de Alimentación Escolar y la homologación de títulos falsos de cirujanos plásticos. A la cartera le toca este año resolver grandes retos.

El primero de ellos, y tal vez el más importante de todos, consiste en reformar el sistema de financiación para la educación superior planteado en la Ley 30 de 1992 que, según la experta en educación Isabel Segovia, es “extremadamente desigual” dado que la repartición de los recursos por parte del Gobierno Nacional se da en escenarios “inequitativos, donde unos pocos, casi siempre los mismos, son los favorecidos mientras otros se endeudan”.

De inyectárseles más plata a las universidades públicas, también se estarían dando pasos gigantes en garantizar el acceso a la educación superior gratuita y de alta calidad, uno de los sueños más anhelados por los jóvenes.

“El ideal sería avanzar en los conceptos, las promesas y los deseos de la educación superior como un derecho y un bien público. Hay que dejar de impulsar el crédito educativo y becas en el exterior (del Icetex) como una entidad bancaria y reformular el modelo de Ser Pilo Paga para que se convierta en una política de Estado”, piensa Carlos Lopera, director del Observatorio de la Universidad Colombiana.

Lopera es un crítico del programa, pues, según dice, “el 85 % de los jóvenes beneficiados se han ido a universidades privadas y el 98 % de los recursos asignados por el Estado se han ido a las mismas”, lo que revela una “favoritismo para universidades privadas tradicionales y de élite, afectando así a las universidades públicas”.

Sin embargo, la ministra de Educación, Yaneth Giha, asegura que en 2017 fortalecerá más el programa, que hoy le permite a 21.699 jóvenes de escasos recursos y con los mejores resultados en las pruebas Saber 11º estudiar en las mejores universidades del país, las que ellos elijan.

“En este 2017 esperamos llegar a 30.000 Pilos y finalizaremos el cuatrienio con 40.000 beneficiarios”, dice Giha, quien es consciente de los retos que hay en materia de educación superior.

“En los últimos años Colombia ha dado pasos importantes. Mientras que en 2010 la tasa de cobertura era del 37,1 %, 2016 lo cerramos con una del 51,6 %. Nuestra gran meta es llegar a una del 57 % antes de finalizar 2018 y eso lo logramos con créditos, becas y subsidios de Icetex”, sostiene la ministra.

Otro de los temas importantes en 2017 tiene que ver con el papel del Ministerio de Educación en el posconflicto para que los desmovilizados tengan garantizado el acceso a la educación. Giha asegura que pondrá en marcha un Plan de Educación para el Posconflicto, “con el que llevaremos más y mejor educación al campo, combatiremos la deserción, el ausentismo escolar y brindaremos formación diferencial que contribuya a generar un mayor desarrollo en el sector rural de nuestro país”.

El plan priorizará los 187 municipios más afectados por el conflicto armado, además de continuar con el programa Universidades para la Paz, “con el que jóvenes de las zonas históricamente más afectadas por la guerra podrán estudiar en siete universidades públicas acreditadas en alta calidad sin tener que moverse de sus regiones, pues las instituciones llegaran a ellos”, remata Giha.

Asimismo, es una prioridad para el Gobierno seguir ampliando la jornada única para que cerca de 1,2 millones de niños y jóvenes puedan recibir ocho horas diarias de clases. Para lograrlo, la cartera tiene pensado entregar 3.200 aulas e iniciar la construcción de otras 8.000. 

El 2016 pasó por una montaña rusa de episodios controversiales para el Ministerio de Educación, que van desde las cartillas de educación sexual y la renuncia de la ministra Gina Parody, hasta los desfalcos millonarios dentro del Plan de Alimentación Escolar y la homologación de títulos falsos de cirujanos plásticos. A la cartera le toca este año resolver grandes retos.

El primero de ellos, y tal vez el más importante de todos, consiste en reformar el sistema de financiación para la educación superior planteado en la Ley 30 de 1992 que, según la experta en educación Isabel Segovia, es “extremadamente desigual” dado que la repartición de los recursos por parte del Gobierno Nacional se da en escenarios “inequitativos, donde unos pocos, casi siempre los mismos, son los favorecidos mientras otros se endeudan”.

De inyectárseles más plata a las universidades públicas, también se estarían dando pasos gigantes en garantizar el acceso a la educación superior gratuita y de alta calidad, uno de los sueños más anhelados por los jóvenes.

“El ideal sería avanzar en los conceptos, las promesas y los deseos de la educación superior como un derecho y un bien público. Hay que dejar de impulsar el crédito educativo y becas en el exterior (del Icetex) como una entidad bancaria y reformular el modelo de Ser Pilo Paga para que se convierta en una política de Estado”, piensa Carlos Lopera, director del Observatorio de la Universidad Colombiana.

Lopera es un crítico del programa, pues, según dice, “el 85 % de los jóvenes beneficiados se han ido a universidades privadas y el 98 % de los recursos asignados por el Estado se han ido a las mismas”, lo que revela una “favoritismo para universidades privadas tradicionales y de élite, afectando así a las universidades públicas”.

Sin embargo, la ministra de Educación, Yaneth Giha, asegura que en 2017 fortalecerá más el programa, que hoy le permite a 21.699 jóvenes de escasos recursos y con los mejores resultados en las pruebas Saber 11º estudiar en las mejores universidades del país, las que ellos elijan.

“En este 2017 esperamos llegar a 30.000 Pilos y finalizaremos el cuatrienio con 40.000 beneficiarios”, dice Giha, quien es consciente de los retos que hay en materia de educación superior.

“En los últimos años Colombia ha dado pasos importantes. Mientras que en 2010 la tasa de cobertura era del 37,1 %, 2016 lo cerramos con una del 51,6 %. Nuestra gran meta es llegar a una del 57 % antes de finalizar 2018 y eso lo logramos con créditos, becas y subsidios de Icetex”, sostiene la ministra.

Otro de los temas importantes en 2017 tiene que ver con el papel del Ministerio de Educación en el posconflicto para que los desmovilizados tengan garantizado el acceso a la educación. Giha asegura que pondrá en marcha un Plan de Educación para el Posconflicto, “con el que llevaremos más y mejor educación al campo, combatiremos la deserción, el ausentismo escolar y brindaremos formación diferencial que contribuya a generar un mayor desarrollo en el sector rural de nuestro país”.

El plan priorizará los 187 municipios más afectados por el conflicto armado, además de continuar con el programa Universidades para la Paz, “con el que jóvenes de las zonas históricamente más afectadas por la guerra podrán estudiar en siete universidades públicas acreditadas en alta calidad sin tener que moverse de sus regiones, pues las instituciones llegaran a ellos”, remata Giha.

Asimismo, es una prioridad para el Gobierno seguir ampliando la jornada única para que cerca de 1,2 millones de niños y jóvenes puedan recibir ocho horas diarias de clases. Para lograrlo, la cartera tiene pensado entregar 3.200 aulas e iniciar la construcción de otras 8.000.