12 Apr 2021 - 2:00 a. m.

Lo que no sabemos (y deberíamos tener claro) sobre el retorno a los colegios

A la niñez del país y al cuerpo docente les urge volver a clases presenciales, pero la pelea por las condiciones de seguridad para hacerlo tiene enfrentados a sindicatos, sociedad civil y Ministerio de Educación. La desigualdad y la falta de información son factores determinantes e ignorados en la discusión.

Aunque pocos, hay diagnósticos que nos ayudan a entender el estado de la educación y de los colegios del país. Gracias a la sistematización del Laboratorio de Economía de Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, sabemos que hay casi ocho millones de estudiantes y 43.956 sedes educativas oficiales en Colombia, además de otras 10.000 que son privadas. También sabemos que el 90 % de quienes estudian allí pertenecen a estrados 0, 1 y 2, y que el 63 % de los estudiantes de colegios oficiales no tienen computador ni internet en su casa.

Pero no todos los colegios de Colombia son iguales, y aunque para todos los niños, niñas y adolescentes volver al colegio es una urgencia (como ha señalado en varias ocasiones Unicef), hay unos para quienes el asunto es de vital importancia. Por ejemplo, la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico), reportó cuarenta eventos en donde se habían podido reclutar o vincular a grupos armados 190 niños, niñas y adolescentes en el primer semestre de 2020. Otra urgencia es evitar el trabajo infantil, el aumento de la pobreza, el embarazo adolescente y el rezago de lo ganado en materia de educación para las niñas.

La semana pasada, el Ministerio de Salud anunció que será obligatorio que alcaldías y gobernaciones le pidan autorización para cerrar colegios por coronavirus. Esta medida se suma a las ya establecidas para la reapertura de colegios, que va lenta y cada día es más urgente. Pero la cancha está dividida: mientras la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) no ve garantías para el regreso, otra facción de académicos, padres de familia y pedagogos piden que se abran los colegios, y la voz de los niños no está por ninguna parte.

Lo que sí está claro es que la educación en Colombia no es solo desigual sino variopinta y, tras trece meses de encierro, aún no hay un diagnóstico general de qué necesita cada institución educativa para volver. Mientras una necesita abrir urgentemente para evitar el reclutamiento, otra necesitará mejorar los baños y el alcantarillado, alguna tendrá recursos propios para abrir (especialmente los privados), otra necesitará más docentes para cumplir con la alternancia sin sobrecargar laboralmente a los que ya están contratados, otros necesitan actualizar su currículo académico. Aunque esto debería estar en manos de las secretarías de Educación departamentales, aún no se ha adelantado en forma (a excepción de las secretarías de Palmira (Valle), el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Bogotá.

Dado que no todos los colegios tienen las mismas condiciones, y que no todas las zonas del país tienen la misma cantidad de casos de coronavirus, una de las propuestas para superar la desigualdad es que se abran los colegios tomando en cuenta los municipios que no tengan altas tasas de contagio. Esta idea fue informada por Silvana Zapata, epidemióloga de la Gobernación de Antioquia y una de las divulgadoras científicas en la pandemia.

La epidemióloga cruzó los datos de 39.276 instituciones educativas (IE) públicas del país con la afectación de COVID-19 por municipio y el porcentaje de ocupación de UCI en cada departamento, y calculó que 9.238 colegios podrían volver a tener actividades presenciales con riesgo bajo o nulo, el 23,5 %. De esos hay 2.387 que no son oficiales y que, se supone, deberían poder gestionar ciertas condiciones para volver, por lo menos en materia de infraestructura.

Aunque quienes exigen que se retorne a clases presenciales acogieron esta propuesta (que no es nueva, sino actualizada con datos más recientes), El Espectador no pudo determinar si alguna facción de la sociedad civil está en contacto con el Ministerio de Educación para discutir estas medidas. Al cierre de esta publicación, Constanza Alarcón, viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media, no había respondido a las preguntas que este diario le hizo llegar a través de la jefatura de prensa.

El único contacto con el MEN, hasta donde sabemos, lo tiene la Fecode, que desde que se anunció la reapertura de colegios, en septiembre del año pasado, ha sentado su posición sobre no retornar hasta que “existan las condiciones necesarias”. Esto implica incluir al cuerpo docente y estudiantes como grupo priorizado en el Plan Nacional de Vacunación, que el coronavirus sea incluido como riesgo profesional ante EPS y aseguradoras, que se expida un certificado de comorbilidades para COVID-19, además de las otras peticiones (aprobación de las cesantías para vivienda, nivelación salarial, etc.).

“En las mesas que hemos tenido con el Gobierno propusimos que se hiciera un trabajo en terreno, sede por sede, para verificar que los protocolos funcionen como corresponde y ahí sí dar apertura, pero hay colegios que han comenzado sin tener eso y nadie lo vigila, ni siquiera las secretarías de Salud”, dice Martha Alfonso, vicepresidenta de Fecode.

Estos diálogos también evidencian cierta desigualdad, porque si bien Fecode ha exigido que los docentes sean tenidos en cuenta como personal de primera línea, otros critican que para abrir los colegios no se puede esperar a resolver una deuda histórica con los maestros, el clamor de investigadores en educación (que en muchos casos también son padres y madres con sus hijos en la casa desde hace trece meses) es que se abran los colegios con urgencia y que se garantice lo mejor posible la bioseguridad, pero esta facción no tiene diálogo con el Ministerio. Fecode, por otro lado, tiene manera de hacer presión gubernamental, dado que tiene representantes en prácticamente cada municipio y ha demostrado su capacidad de poner temas en la agenda pública, como con el paro de maestros de 2018, en donde tenían exigencias similares a las de este año (solo que la pandemia se sumó al pliego de peticiones de 2021).

Ni la niñez, ni la infraestructura de jardines y colegios, ni el cuerpo docente da espera, pero estamos en el momento más álgido del tercer pico y las UCI en Medellín o Bogotá están al máximo de su capacidad, ¿entonces qué hacemos?

Por ahora, y hasta donde sabemos, no hay propuestas formalizadas ante el MEN, aunque rectoras y rectoras hacen lo que pueden para mantener las clases sin importar si hay internet, computadores, caminos para llegar al colegio o no. El profesor Arlis Montilla, que enseña en un colegio de Chaparral (Tolima), opina que no puede volver a su colegio porque hay solo tres baños para noventa niñas y dos para noventa niños. “No hay lavamanos buenos y nosotros sacamos el agua de una quebrada que hay detrás del colegio, pero en invierno se crece y queda puro barro, y no tenemos agua. Yo por ahora no volvería. Sigo enviándoles tareas a mis estudiantes por WhatsApp, pero la conexión es pésima y muchos viven metidos en la montaña. Por eso necesitamos plata hasta para las fotocopias y no la hay, no la hemos podido redimir de la Secretaría por problemas administrativos”. De hecho, el MEN destinó $311.000 millones a las secretarías de Educación del país, pero solo el 23 % de esta plata se ha ejecutado.

Otros han tratado de actualizar la información local disponible. Por ejemplo, la Gobernación de Antioquia ya hizo el listado de cuántas sedes educativas de Antioquia no tienen agua, para saber a dónde dirigir los recursos que gira el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME). Por ejemplo, el 49 % de las que están en Urabá y el 18 % de las del Bajo Cauca no tienen acceso al agua. Pero no todas las secretarías tienen este diagnóstico y por eso el giro de dinero a las IES se dificulta. Según el MEN, se han asignado $400.000 millones para adquirir guías, talleres, textos y, en general, material de apoyo pedagógico; también recursos al Programa de Alimentación Escolar para garantizar un complemento alimentario en el período de la educación en casa.

“Desconozco los criterios con los cuales se hace la asignación de recursos, pero debería ser por el tamaño de la matrícula en cada colegio y por las necesidades de cada IES. Lo que me parece sorprendente es que trece meses después de los cierres de colegios aún no tengamos información oficial sobre las adecuaciones que necesita cada sede educativa, de las condiciones precisas en las que están los colegios colombianos”, dice Sandra García, de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, quien es defensora del retorno seguro a las aulas.

Otra apuesta es mejorar la virtualidad en zonas remotas. El Ministerio de Tecnologías y Comunicaciones anunció que les dará conectividad gratuita a 14.745 colegios oficiales hasta el 2031. Según El Tiempo, el proceso de licitación (que ganaron Claro y UT Centros Poblados) levantó algunas críticas en días pasados porque Camilo Ernesto Valencia Suescún, abogado de uno de los proponentes al proyecto Unión Temporal SES Inred, era asesor jurídico del Mintic.

Otra iniciativa consiste en invertir más en los estudiantes y maestros de colegios públicos, que concentran la mayoría del alumnado del país. Según la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, en un colegio privado se invierten entre $20 y $50 millones por niño al año, mientras que en uno público se invierten $3′696.000. Al menos estos son los datos de 2014, la brecha entre las cifras se puede haber acrecentado. De hecho, Colombia no está entre los cinco primeros puestos en inversión del PIB para educación, a pesar de que por primera vez el presupuesto para educación superó al de defensa, en 2019.

Entre otras, tampoco está muy claro de quién sería la responsabilidad de un contagio dentro del aula. En marzo de este año, la Institución Educativa Altos del Rosario, en Sincelejo, fue cerrada por orden de la Secretaría de Educación tras la muerte de una docente por COVID-19. El retorno de los estudiantes a las aulas es voluntario, pero dejar de prestar un servicio educativo no, bien sea porque un colegio pierde sus matrículas y se ve obligado a cerrar o porque es imperativo garantizar la educación básica, primaria y secundaria. Por otro lado, es obligación de cada establecimiento dar estricto cumplimiento a los protocolos de bioseguridad, así que algunas instituciones (por ejemplo la U. de los Andes) han pedido a sus docentes firmar un documento en donde se les exime de responsabilidad por posibles contagios, dado que volver a la presencialidad es voluntad única del docente. Según Fecode, aún no han sido reemplazados los docentes fallecidos por coronavirus, y la sobrecarga laboral de los docentes está afectando su salud mental y su entorno familiar, pero a la fecha no hay diagnósticos ni encuestas que soporten esta obvia realidad. Al preguntarle al Ministerio si existen directrices que eximan al Estado colombiano por posibles contagios a consecuencia del retorno a la presencialidad, no obtuvimos respuesta.

Pero mejoras en la infraestructura y mayor inversión no son la única manera de lograr que la niñez vuelva al colegio y cerrar las brechas que había antes de la pandemia, pero aumentaron. Según Andrés Molano, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes, “por ahora no hay nadie proponiendo nuevos modelos pedagógicos que puedan garantizar la interacción social, el aprendizaje del cuidado o los afectos. Las escuelas no son solo para enseñar a leer y escribir”.

Las realidades entre los colegios no son iguales y parte del problema, según Molano, es pensar en una solución única. Incluso, lo que consideramos desventajas pueden ser ventajas: “Un colegio rural, aunque no tenga el lavamanos o el acceso al agua potable, tiene la ventaja de la ventilación y los espacios abiertos que un colegio público urbano en Bogotá no necesariamente tiene. Hay que buscar la manera de examinar colegio por colegio. Además, se han cerrado calles enteras para abrir restaurantes, por qué no cerrar calles para hacer clases”.

“El primer paso es preparar a los colegios físicamente, pero más importante es desarrollar el aprendizaje y bienestar emocional perdido por el trauma del encierro. Ese debe ser el debate que nos convoque a quienes trabajamos en el sector educativo. La crisis de aprendizaje será tremenda y para eso hay que desarrollar nuevos modelos educativos y resolverla antes de avanzar”, dice García.

Por ahora, ante nuevos picos y la llegada de nuevas variantes del coronavirus, colegios de Toronto (Canadá) y Francia han decidido volver a cerrar hasta nuevo aviso.

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