Durante décadas, los Consejos Superiores Universitarios (CSU) han sido uno de los órganos menos discutidos, pero más poderosos del sistema de educación superior colombiano. Allí se aprueban presupuestos, se definen planes institucionales, se nombran rectores y se toman decisiones que pueden marcar el rumbo de una universidad pública durante años. Sin embargo, el debate reciente alrededor de varios CSU ha dejado en evidencia una pregunta incómoda: ¿están realmente diseñados para enfrentar los desafíos de la universidad del siglo XXI?
La Ley 30 de 1992 estableció que el CSU es el máximo órgano de dirección y gobierno de las universidades estatales. Su composición mezcla representantes académicos y políticos: profesores, estudiantes, egresados, directivos, representantes territoriales, un delegado del Ministerio de Educación y un delegado del Presidente de la República. La lógica original era razonable: combinar autonomía universitaria con presencia del Estado y participación de la comunidad académica.
Pero el contexto ha cambiado profundamente desde 1992. Hoy las universidades públicas enfrentan retos enormes: transformación digital, inteligencia artificial, crisis demográfica, sostenibilidad financiera, internacionalización, nuevas demandas del mercado laboral, investigación de impacto, salud mental estudiantil y competencia global por talento y recursos.
Gobernar una universidad se parece cada vez más a dirigir una organización compleja de conocimiento y menos a administrar una entidad burocrática tradicional. Y, sin embargo, muchos CSU siguen atrapados en dinámicas políticas de corto plazo. El problema no es la participación de algunos miembros de la comunidad educativa. Las universidades deben preservar espacios de representación de profesores y estudiantes.
El problema es la politización partidista de órganos que deberían pensar estratégicamente el futuro institucional. En Colombia, el delegado presidencial se ha convertido con frecuencia en una figura de influencia política más que en un aporte técnico a la gobernanza universitaria.
El caso reciente de Juliana Guerrero en la Universidad Popular del Cesar ilustra de manera dramática este deterioro institucional. Que una persona cuestionada por la validez de su formación académica y sin trayectoria reconocida en educación superior llegue a representar al Gobierno Nacional en el máximo órgano de dirección de una universidad pública no solo es problemático: es un insulto a la academia. No porque todos los miembros de un CSU deban ser doctores o investigadores, sino porque gobernar universidades exige credibilidad, experiencia y comprensión profunda del sistema educativo. La señal que se transmite es devastadora: que el criterio principal para integrar estos órganos puede ser la cercanía política y no la capacidad técnica.
Algo similar ocurrió recientemente en la Universidad Nacional. Las tensiones alrededor de la elección de rector dejaron la sensación de que el CSU cedió a presiones políticas externas y terminó erosionando la confianza en uno de los activos más importantes de cualquier universidad: la legitimidad de sus procesos internos. Más allá de las posiciones particulares sobre el candidato elegido, el daño institucional ocurre cuando la comunidad percibe que las decisiones estratégicas no responden a criterios académicos sino a influencias gubernamentales coyunturales.
La paradoja es evidente: mientras el mundo avanza hacia modelos de gobernanza universitaria más profesionales y estratégicos, Colombia mantiene estructuras diseñadas hace más de treinta años para un contexto completamente distinto. En muchos países de la OCDE, los órganos superiores de gobierno universitario han evolucionado hacia juntas pequeñas, técnicas y estratégicas, con participación de expertos en educación, líderes empresariales, científicos, exrectores y personas con experiencia en innovación, sostenibilidad y transformación organizacional. El objetivo no es “privatizar” la universidad ni eliminar la autonomía, sino fortalecer la capacidad institucional para pensar a largo plazo.
En esos modelos, las juntas no se dedican a la microgestión ni a disputas ideológicas permanentes. Su función central es otra: definir el rumbo estratégico, exigir resultados, evaluar riesgos y garantizar sostenibilidad institucional. El rector administra; la junta orienta, supervisa y evalúa. Eso es precisamente lo que debería ocurrir en Colombia. Los CSU tendrían que concentrarse mucho más en exigir planes estratégicos robustos, medibles y de largo plazo.
Deberían preguntar permanentemente hacia dónde va la universidad, cómo responde a los cambios tecnológicos, cómo mejora el aprendizaje, cómo fortalece la investigación, cómo aumenta su impacto regional y global, cómo garantiza sostenibilidad financiera y cómo prepara mejor a sus estudiantes para un mundo profundamente cambiante.
Y, sobre todo, deberían exigir avances concretos al rector frente a esas metas. Esa debería ser la verdadera guía de la gobernanza universitaria. Por eso resulta cada vez más necesario abrir una discusión seria sobre la reforma de la Ley 30 de 1992. Mantener un delegado directo del Presidente en los CSU tiene hoy más costos que beneficios. La educación superior necesita menos polarización política y más visión estratégica. La representación del Gobierno puede mantenerse a través de mecanismos institucionales del sector educativo, pero no mediante figuras que terminan convirtiéndose en cuotas políticas de cada administración.
Las universidades públicas son demasiado importantes para quedar atrapadas en las lógicas del clientelismo o de la confrontación ideológica nacional. Son instituciones llamadas a producir conocimiento, formar talento y construir futuro. Y para hacerlo necesitan órganos de gobierno capaces de pensar estratégicamente, con legitimidad académica, capacidad técnica y visión de largo plazo. El verdadero reto de los CSU no es representar al gobierno de turno. Es ayudar a que las universidades colombianas estén preparadas para el futuro.
Luz Karime Abadía es decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la U. Javeriana
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Por Luz Karime Abadía
