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A principios febrero de 2025, el Ministerio de Educación emitió un decreto en el marco del Estado de Conmoción Interior en el Catatumbo, en el que adopta medidas en materia de infraestructura y dotación educativa para los niveles de educación inicial, preescolar, básica y media y educación superior.
En particular, se autorizó la utilización de 77.000 millones de recursos del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (FFIE) para la construcción, ampliación, mejoramiento, adecuación y dotación de sedes y establecimientos educativos en la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y las localidades de Río de Oro y González, en el departamento del Cesar.
En contexto: Gobierno emite un nuevo decreto para abordar la crisis educativa en el Catatumbo.
No obstante, según un documento revelado por W Radio, esta apuesta del Ministerio de Educación podría ser tumbada por la Corte Constitucional, pues la magistrada Cristina Pardo pidió revisar la constitucionalidad de este documento. En ese sentido, solicitó que se realicen una serie de pruebas y que el ministro Daniel Rojas justifique formalmente estas medidas.
Entre los cuestionamientos que se hace la magistrada Pardo está: ”¿Por qué resulta indispensable este decreto para hacer frente a la situación de violencia que vive el país en el Catatumbo?".
En ese sentido, desde la Corte Constitucional se cuestionó que no es clara la relación directa de esta medida con la situación de orden público en esta zona del país, y su implementación en el marco del Estado de Conmoción.
Por su parte, la magistrada solicitó que se den más detalles de cómo se realizará el proceso para viabilizar y financiar los proyectos educativo en el Catatumbo. Además de esto, se pidió el Gobierno Nacional que se den más detalles de cómo está operando el FFIE en este caso y en el resto del país.
De esta manera, se le dio tres días hábiles al Gobierno Nacional para que responda a los interrogantes de la Corte Constitucional, que podría entrar a revisar formalmente la constitucionalidad del decreto.
¿Cómo justificó el Gobierno el decreto?
Por el momento, el Ministerio de Educación no se han pronunciado sobre los cuestionamientos del alto tribunal. Aun así, en el decreto dan algunos argumentos para justificar esta apuesta en el marco del Estado de Conmoción.
En la justificación del proyecto, el Gobierno señala que en la región del Catatumbo hacen presencia siete Instituciones de Educación Superior, de las cuales el 43 % corresponden a instituciones de carácter privado y el 57% al sector oficial. Solo cuatro (4) instituciones Oficiales tienen presencia en ese territorio: el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA en Tibú, la Escuela de Administración Pública - ESAP en los municipios de Ábrego, Convención, Sardinata, Hacarí, Ocaña y Tibú, las Universidades Francisco de Paula Santander y Universidad Nacional Abierta y a Distancia en el municipio de Ocaña.
Por su parte, los municipios de El Carmen, El Tarra, La Playa, San Calixto, Teorama, El Zulia, y Puerto Santander no cuentan con oferta de educación superior.
La tasa de tránsito inmediato a la educación superior en la zona está por debajo del promedio nacional, situándose en el 27,24% frente al 55,38% del país en general. Adicionalmente, la crisis humanitaria ha obligado, según el Gobierno, a miles de personas a desplazarse hacia municipios del área metropolitana de Cúcuta, Río de Oro y González, lo que agrava la demanda de servicios básicos y de educación. En este contexto, se lee en el decreto, se hace indispensable para el Estado adoptar medidas excepcionales para mitigar los efectos de la crisis y fortalecer el acceso a la educación como herramienta clave para la reconstrucción social.
Hay que recordar que, según un reporte de la Procuraduría del pasado 25 de enero, alrededor de 46.000 niños se quedaron sin ir a clase en el Catatumbo.
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