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El Comité Ejecutivo del Sindicato de los Trabajadores del Sector Educativo de Santander, por medio de un comunicado, aseguró que están planteando la posibilidad de realizar un paro departamental de 48 horas con la posibilidad de que sea indefinido.
La principal razón, exponen en el documento, es por las constantes fallas que han presentado en la implementación y estabilización del nuevo modelo de salud del magisterio, el cual entró en operación el pasado 1° de mayo de 2024.
Según el magisterio, las constantes fallas “vulneran los derechos a la vida y a la salud de los maestros y sus beneficiarios”. En la actualidad, este sistema de salud se encarga de la atención de un poco más de 800.000 personas.
Otra de las quejas que expuso el sindicato es la demora y la dilatación del pago a los operadores del servicio médico asistencial, lo que, dijeron, se ha traducido en la suspensión o racionalización del servicio por parte de muchos operadores.
El sindicato también mostró su inconformidad con respecto a la labor realizada por la firma auditora D&G, porque “las barreras constantes en el acompañamiento, respuestas y acciones correctivas de la firma, ha generado afectaciones a la red prestadora de servicios”.
Estos incumplimientos, en opinión del sindicato, ha provocado que la red prestadora se desarticule, principalmente en el tema de gestores farmacéuticos, laboratorios e instituciones prestadoras del servicio.
Frente a esta situación, el sindicato declaró que el magisterio santandereano está en estado de alerta y piden a la Fiduprevisora atender lo antes posible la situación en el departamento.
Entre los principales cambios que planteó el nuevo modelo está la eliminación de uno de los actores clave del anterior modelo: los operadores, los cuales se encargaban de contratar a las IPS (que son la red de clínicas y hospitales).
La labor ahora recae en la Fiduprevisora, una fiducia de la que el Estado es el socio mayoritario. Hasta ese entonces, había la entidad responsable de manejar el dinero y de abrir una licitación para contratar los servicios de salud con los operadores.
La Fiduprevisora, en este nuevo modelo, es la entidad encargada de hacer esos contratos después de abrir una invitación pública para que todas las IPS que quieran (y que cumplan con ciertas condiciones) se inscriban a una “Red Nacional de Prestadores”. Un rol que ha sido criticado por varios actores.
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