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El Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Pontificia Universidad Javeriana, lanzó recientemente una alerta sobre el impacto del conflicto armado en el sistema educativo del país.
Tras analizar datos del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), el Censo C600 del Ministerio de Educación, y la Unidad de Víctimas, el LEE estableció que a marzo de 2025 había alertas tempranas para 1.487 sedes educativas, lo que corresponde al 22 % de todas las afectadas durante el año pasado.
De acuerdo con el Laboratorio, en 2024 se registró el mayor número de sedes educativas en zonas con alertas tempranas: 6.745. Esto es, un 69,2 % de las que se presentaron en 2023.
Otra forma de entender el impacto del conflicto armado en los planteles educativos del país es la cantidad de estudiantes en zonas con alertas tempranas. En 2024, fueron 653.146 los estudiantes en estas regiones, mientras que para el tercer mes de este año iban 204.435, un 31 % del total que hubo el año pasado.
Los profesores son otros de los actores afectados. Para 2024, 17.618 trabajaron en zonas con alertas tempranas, mientras que en lo que va de 2025 serían 5.796. Según la Unidad Nacional de Protección (UNP), los docentes son el quinto grupo con más solicitudes de protección en el país.
El análisis, explicó el LEE, excluyó a las ciudades capitales para evitar la sobrerrepresentación y se centró únicamente en alertas clasificadas como “inminentes”, las cuales reflejan amenazas urgentes.
Las disidencias de las FARC-EP, son los principales generadores de riesgo en entornos escolares, según el informe. Le siguen el ELN y Grupos Armados de Crimen Organizado, así como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo), los Comandos de la Frontera e, incluso, redes transnacionales.
“El conflicto armado sigue siendo una amenaza directa al derecho a la educación en muchas regiones del país. La escuela debería ser un refugio, no un campo de riesgo”, apuntan los investigadores del Laboratorio.
El documento también plantea una serie de recomendaciones, como fortalecer la presencia institucional en los territorios, garantizar medidas de protección para docentes y estudiantes, así como adaptar el currículo escolar a contextos de conflicto mediante programas de resiliencia y educación para la paz.
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