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El Ministerio de Educación, liderado por Viviane Morales, publicó una directiva para establecer qué deben hacer las autoridades educativas y los colegios oficiales de los territorios afectados por el terremoto del 10 de agosto para proteger a estudiantes y docentes y mantener, en la medida de lo posible, la continuidad del servicio educativo.
Como contamos hace poco, más de dos mil colegios sufrieron alguna afectación tras el terremoto. Tanto en Chocó como en Pereira y Cali hay escenas que muestran que la infraestructura escolar necesita una revisión si no queremos más niños y niñas en riesgo. Según Morales, se reportan afectaciones de sedes educativas en 19 departamentos, con los mayores registros en Chocó, Valle, Tolima, Turbo, Quibdó, Pereira y Buenaventura. La ministra estimó que más de 400.000 estudiantes tienen su matrícula educativa afectada.
La directiva organiza la respuesta en cuatro fases: respuesta inmediata, acogida y estabilización, continuidad educativa y recuperación y fortalecimiento. La intención es que las medidas de emergencia no se conviertan en permanentes: a medida que las condiciones de seguridad y funcionamiento se restablezcan, las entidades territoriales deberán volver progresivamente a la presencialidad y a las condiciones ordinarias del servicio educativo.
La idea central de la directiva del Ministerio es que no todos los colegios deben responder de la misma manera al desastre. El Ministerio propone primero evaluar el nivel de afectación de cada establecimiento y, a partir de ahí, definir cómo continúa la educación. La directiva establece tres niveles: crítico, cuando hay colapso o daño estructural grave; moderado, cuando el colegio es habitable pero existen problemas como daños menores, falta de servicios públicos o dificultades para llegar por el estado de las vías; y alerta preventiva, cuando no hay daños físicos, pero el colegio está en un municipio afectado por la emergencia. Para cada uno de esos niveles hay una serie de recomendaciones.
En el nivel crítico, por ejemplo, no se plantea en la directiva simplemente cerrar el colegio. Si la sede tiene daños graves, las autoridades pueden habilitar temporalmente carpas o aulas móviles, utilizar espacios físicos de otros colegios que no hayan sido afectados, iglesias, salones comunales o bibliotecas, e incluso entregar material pedagógico para que los estudiantes continúen sus actividades mientras se recupera la infraestructura educativa. Pero cualquier espacio alternativo, dice el documento, debe ser previamente revisado para garantizar condiciones mínimas de seguridad, accesibilidad y salubridad.
En el nivel moderado, las sedes pueden seguir funcionando, pero con flexibilización de la jornada o de la modalidad educativa. Entre las alternativas de la directiva están establecer jornadas escolares en contrajornada, priorizar determinados proyectos y aprendizajes mediante trabajo académico en casa y utilizar actividades de la Jornada Escolar Complementaria enfocadas en el bienestar socioemocional.
Para los colegios que no tienen daños físicos, pero están en municipios afectados, la directiva establece un nivel de alerta preventiva. Allí la presencialidad puede continuar, pero bajo monitoreo de posibles réplicas. Los colegios deben hacer simulacros de evacuación y revisar las rutas de salida. Además, rectores y directores rurales tienen un plazo máximo de 72 horas para enviar a sus secretarías de Educación un reporte fotográfico preliminar de los daños o averías.
Las secretarías de educación deben identificar también a estudiantes, docentes, directivos y personal administrativo afectados, incluso aquellos que hayan sufrido daños en sus viviendas o perdido sus enseres. Deben ubicar a los estudiantes que estén en albergues y establecer mecanismos para comunicarse con ellos. El documento insiste en que las decisiones sobre la educación deben tener en cuenta también el bienestar y la recuperación socioemocional de la comunidad educativa. En ese sentido, la directiva contempla primeros auxilios psicológicos y acompañamiento socioemocional para estudiantes, familias y docentes. Los colegios y secretarías pueden apoyarse en docentes, orientadores y otros integrantes de la comunidad educativa, pero deben identificar a las personas que necesiten atención especializada y remitirlas a los servicios de salud correspondientes.
La ministra también señaló que se activará el plan de los tutores, alrededor de 6.000 que hay en el país, para que se desplacen a las zonas más afectadas. La directiva establece que los docentes tutores del Programa de Tutorías para el Aprendizaje y la Formación Integral podrán participar de manera transitoria y excepcional en la respuesta educativa a la emergencia. Su función será apoyar a las comunidades educativas afectadas en la identificación de necesidades pedagógicas y socioemocionales, acompañar a rectores y docentes en la adaptación de los colegios y ayudar a implementar las modalidades que se definan para mantener las clases, como educación en casa, escuela itinerante, esquemas híbridos o actividades a distancia. La directiva pone límites a ese despliegue.
Los tutores que sean enviados a apoyar la emergencia no pueden estar directamente afectados por el terremoto, por ejemplo, por daños en su vivienda, problemas de salud, duelo o dificultades de desplazamiento y comunicación. Además, la entidad territorial y el rector deben verificar previamente que estén en condiciones de movilizarse. Según se lee en el documento, estos tutores no van a asumir funciones de evaluación de infraestructura ni de valoración de daños estructurales. Tampoco su participación implica que estén siendo trasladados de manera permanente o que pasen a ocupar vacantes docentes.
Hay algunas medidas para los docentes. En los territorios afectados, las entidades territoriales podrán adoptar temporalmente medidas de organización para que los profesores puedan continuar trabajando en aulas hospitalarias, albergues, espacios alternativos, sedes receptoras u otras modalidades. Sin embargo, estas medidas deben respetar las condiciones laborales y estar sujetas a la verificación de seguridad y salud.
En cuanto al Programa de Alimentación Escolar (PAE), finalmente, se contemplan cambios temporales si el desastre impide el funcionamiento normal de los colegios. La modalidad puede adaptarse según cuánto dure la afectación: si es de hasta diez días calendario académicos, puede utilizarse la modalidad industrializada; si el cierre se prolonga, pueden entregarse canastas PAE en casa o bonos alimentarios, según corresponda. Estas medidas, se lee en el documento, deben dirigirse a los estudiantes afectados por el cierre o la imposibilidad de acceder a las sedes y mantenerse solo durante el tiempo necesario.
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