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Este lunes, la Contraloría dio a conocer que más de $69.000 millones en recursos de regalías destinados a becas en Chocó y Magdalena, enmarcados en dos proyectos aprobados en 2012 y 2013, no cuentan con soportes suficientes que permitan verificar el uso efectivo de dichos recursos. El ente de control señaló que ni el Ministerio de Ciencias, ni la Gobernación del Magdalena, ni las universidades involucradas remitieron información que permitiera verificar listados de beneficiarios, certificaciones académicas o evidencias de los programas financiados.
En respuesta, el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación aclaró que en ese momento no ejercían funciones de supervisión en ese esquema.
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“Las iniciativas señaladas fueron formuladas bajo la Ley 1530 de 2012, en el marco del extinto Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTeI), donde los recursos eran administrados por los departamentos y la supervisión era responsabilidad exclusiva de las entidades ejecutoras”, explicó el ministerio.
Por su parte, sobre la denuncia, la Contraloría informó que “el equipo auditor calificó los sistemas de control interno de las entidades como ‘inadecuados’, al evidenciar ausencia de auditorías, exclusión de los recursos de regalías de los procedimientos de seguimiento, gestión de los proyectos sin procesos formales de control y la imposibilidad de verificar listados de beneficiarios, certificaciones académicas, informes técnicos o mensuales de ejecución”.
En el caso del programa en el Magdalena, aprobado en 2013 con un presupuesto de COP 29.011 millones del Sistema General de Regalías (SGR), este tenía como objetivo financiar becas de maestría y doctorado dirigidas a profesionales del departamento. El ente de control señaló que no encontraron soportes que acreditaran los giros realizados ni informes técnicos o mensuales de ejecución, pese a que el proyecto reporta un avance financiero del 80,84%.
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En el caso del Chocó, el cual fue aprobado en diciembre de 2012 con un presupuesto inicial de $41.608 millones ejecutado con recursos del SGR, las falencias son, según la Contraloría, aún más preocupantes.
Entre estas se encuentra el incumplimiento en la acreditación de beneficiarios graduados y sus productos académicos, inexistencia de soportes en la formación complementaria de segunda lengua y, entre otros, omisión en el deber de vigilancia y control por parte de la interventoría del proyecto.
La Contraloría anunció que los resultados de estas auditorías fueron trasladados a la Procuraduría y a la Fiscalía para que se determinen posibles responsabilidades disciplinarias y penales.
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