El gobierno de Gustavo Petro está en una carrera contrarreloj para dejar listas las reglas de juego de la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30, con la que cambió la fórmula que usa el Estado para girarles dinero cada año a las instituciones públicas de educación superior. Ya el Ministerio de Educación hizo un primer intento en un borrador de decreto, que estuvo abierto para observaciones hasta el pasado 14 de julio, y, de acuerdo con Daniel Rojas, cabeza de esa cartera, “han recibido muy buenos comentarios que pueden nutrir la discusión”. Sin embargo, mientras ese proceso avanza, algunos integrantes del sector educativo no ven con buenos ojos algunos de los temas que contempla el documento publicado por el Mineducación.
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Una de las razones que podrían explicar estos desacuerdos, dice Diego Cortés, investigador del Observatorio Colombiano de Políticas Educativas y Profesión Docente de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), se debe al afán del Gobierno para dejar reglamentada la reforma antes de la llegada de Abelardo de la Espriella. A su juicio, era importante que eso sucediera.
Frente a esos reparos, Sergio Lancheros, integrante del grupo de investigación en políticas públicas de educación superior de la Universidad Nacional, tiene otra lectura, y asegura que no es un error de la reglamentación del Ministerio de Educación, sino que son tuercas que no quedaron ajustadas en la reforma que fue aprobada a finales del año pasado. “Los puntos quedaron en la ley tal y como fue aprobada en el Congreso. El Gobierno se está limitando a reglamentarla”, cuenta.
En el documento hay un término que ha generado especial discusión: los “Planes indicativos”. Se trata de una serie de lineamientos que las universidades deberán presentar al Ministerio, en los que deberán explicar cómo usarán los recursos adicionales y qué metas se comprometen a cumplir para acceder a ellos. Deberán tener en cuenta aspectos como cobertura, calidad, fortalecimiento institucional, bienestar y permanencia o infraestructura. Una vez las instituciones presenten los planes, el Ministerio los revisará y podrá pedir ajustes para emitir un concepto, el cual será clave para ver si se asigna o no ese dinero.
Este punto, a juicio de Cortés, es el que ha concentrado el debate, pues en la actualidad las universidades reciben esos recursos y, amparadas en su autonomía, deciden cómo distribuirlos. No obstante, con el nuevo esquema contemplado en la ley, esa capacidad de decisión quedaría condicionada al cumplimiento de criterios definidos por el Ministerio. Al final, anota, “es restringir la autonomía universitaria” y, como advierte el Sistema Universitario Estatal (SUE), en una carta que envió al Ministerio, se terminaría subordinando la asignación de recursos adicionales a esos planes.
El problema, opina Jairo Torres, presidente del SUE, no se concentra en que existan estos indicadores, sino en la cantidad de requisitos que los acompañan. “Se supedita (la transferencia de recursos) a una tramitología excesiva”, expresa y sugiere que, en lugar de exigir nuevos formatos y procedimientos, se deberían evaluar los resultados con indicadores verificables. De no ajustarse este punto, para Lancheros, se podría correr el riesgo de que la planeación de las universidades termine girando alrededor de las metas que exige el Gobierno para obtener financiación.
“Las instituciones podrían empezar a orientar sus prioridades hacia aquello que les permita acceder a más recursos, en lugar de responder a sus propios planes de desarrollo”, dice Lancheros. Otro de los efectos que identifica Cortés es que estos planes podrían ampliar la diferencia entre instituciones, pues aquellas con mayor capacidad técnica tendrían más herramientas para diseñar proyectos sólidos y cumplir los requisitos exigidos por el Ministerio.
Desde el Ministerio de Educación, Daniel Rojas, jefe de la cartera, responde las críticas y señala que “todas las universidades tienen capacidad financiera y técnica para crear planes indicativos (...) no hay universidades pequeñas en Colombia”. Aclara que los planes indicativos solo aplican para los recursos adicionales y que exigir metas e indicadores busca garantizar que ese dinero tenga un objetivo verificable. “Los recursos públicos son para garantizar derechos y no para que sean un cheque en blanco”, comenta.
Un déficit que sigue sin resolverse
Si bien los Planes indicativos concentran la discusión sobre la autonomía, al SUE le preocupa que el borrador siga sin resolver el problema que, durante los últimos años, ha incrementado el déficit de las universidades públicas: los costos salariales y prestacionales. Para el sistema, el documento planteado por el Mineducación tampoco garantiza la financiación del impacto del Decreto 1279 de 2002, que es el encargado de definir cómo se calculan los salarios de los profesores de las universidades públicas, la formalización laboral ni el fortalecimiento de las plantas docentes y administrativas.
A juicio de Torres, si el decreto no establece expresamente que la nación asumirá esos costos, “el desfinanciamiento va a continuar (...) En la actualidad tenemos un faltante financiero acumulado de alrededor de COP 19 billones”.
Otro reparo apunta a la obligación que establece la propuesta de decreto para que las universidades deban demostrar fuentes de cofinanciación; es decir, deberán buscar recursos diferentes a los entregados por la nación. De acuerdo con el borrador del decreto, los proyectos no podrán financiarse únicamente con estos recursos, sino que deberán complementarse con aportes propios, territoriales, cooperación internacional y otras fuentes.
Este punto reviviría, para Cortés, el modelo que obligó durante años a las universidades a dedicar buena parte de sus esfuerzos a conseguir dinero, en lugar de fortalecer la docencia, la investigación y la extensión. Una medida que, en opinión del SUE, “contradice el objetivo de la reforma, que precisamente buscaba aliviar el desfinanciamiento de las universidades públicas”.
En el documento que publicó el Ministerio de Educación, además, hay un punto que tiene que ver con otro de los actores fundamentales del sistema educativo: las instituciones técnicas y tecnológicas. Su financiación y los criterios para la creación de su base presupuestal son puntos que también han generado inquietudes. Lancheros, por ejemplo, asegura que sería oportuno revisar el criterio que contempla la ley para su creación, pues estaría basándose en el Producto Interno Bruto (PIB) de 2025 para cumplir una meta establecida en los cinco años siguientes, es decir, en 2030. El problema, complementa Cortés, es que este cálculo se haría con base en el PIB de 2025, y “si estamos hablando de que se va a cumplir a futuro, va a representar menos dinero” para estas instituciones.
Cortés también cuestiona que, además del Ministerio de Educación y la Contraloría, el Ministerio del Interior participe en los mecanismos de acompañamiento del control social, lo que, en su opinión, representa una extralimitación sobre el sistema universitario.
Desde el Ministerio, Rojas defiende que el decreto no está introduciendo obligaciones nuevas, sino que está presentando las reglas claras de lo aprobado por el Congreso. Por eso, mientras terminan de ajustar esas tuercas para entregar una versión definitiva del decreto, el SUE espera que las observaciones presentadas sean incorporadas y que el próximo gobierno, independientemente de su postura, mantenga el rumbo de fortalecer la financiación de la educación superior pública.
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