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La semana pasada, el Ministerio de Educación publicó los datos de inscritos, admitidos y matriculados en educación superior para 2024. La presentación de estas cifras generó polémica porque el ministro Rojas las comunicó como un logro de gestión, asegurando que durante este gobierno se habían creado 190 mil nuevos cupos en instituciones de educación superior -IES-públicas. Expertos del sector y opositores respondieron señalando que esa afirmación es incorrecta. Vale recordar que, en campaña y en el Plan Nacional de Desarrollo, el presidente Gustavo Petro prometió la creación de 500 mil nuevos cupos.
La realidad es que no se han creado 190 mil nuevos cupos en programas de pregrado de las IES públicas, ni tampoco han ingresado 190 mil nuevos estudiantes durante este gobierno. La creación de nuevos cupos no se limita a reportar más inscritos o matriculados; significa que las universidades públicas puedan recibir más estudiantes de los que permite su capacidad actual. Para lograrlo, se requiere contratar más profesores, ampliar la infraestructura, fortalecer los laboratorios y escenarios de práctica, y mejorar las herramientas tecnológicas que soportan la formación. Sin estos cambios estructurales, el número de admitidos difícilmente puede crecer de manera significativa.
(Lea: La confusión que han generado las cifras de matrícula en educación superior)
Un ejemplo claro es la Universidad Nacional, donde en 2024 se presentaron 86.302 aspirantes a programas de pregrado. Solo el 15% de ellos fueron admitidos y el 74% de esos admitidos se matricularon. La Universidad de Antioquia apenas admitió el 12% de sus aspirantes y la Universidad del Valle mantiene porcentajes similares. Estas cifras prácticamente no han cambiado desde 2010 porque estas instituciones tienen límites de capacidad que solo pueden superarse con una inversión sustancial. Esta realidad explica por qué no se puede hablar de la creación de decenas de miles de cupos sin que exista un plan de mejoras en eficiencia de los recursos acompañado de expansión física, tecnológica y académica que lo respalde.
Una forma de aproximarse a la capacidad real es observar el número de admitidos. Según el Laboratorio de Economía de la Educación, en el primer semestre de 2021 el sector oficial admitió 312 mil estudiantes, mientras que en el segundo semestre de 2024 fueron 309 mil. Esto significa que todavía estamos por debajo del máximo histórico. Si comparamos el segundo semestre de 2022 con el segundo semestre de 2024, el incremento es de solo 70 mil admitidos adicionales. Es decir, no hay evidencia de un aumento significativo de cupos.
Si el presidente Petro y el ministro Rojas confundieron términos claves del sector y no se referían a cupos sino al aumento de estudiantes matriculados, las cifras muestran que sí ha habido un crecimiento, pero muy inferior al anunciado. La tendencia al alza en el sector oficial viene desde 2020 y se explica por la política de gratuidad implementada durante el gobierno de Iván Duque y al crecimiento de programas virtuales. Según cifras del SNIES, entre 2022 y 2024 se matricularon 66.488 estudiantes adicionales si se hace un análisis año corrido, y 125.441 si se consideran las comparaciones por estacionalidad entre primeros y segundos semestres. Estas cifras están lejos de los 190 mil comunicados por el ministerio y mucho más distantes de los 500 mil prometidos en campaña. Además, si se tiene en cuenta que el gobierno actual inició en agosto de 2022, ese año no debería contarse como meta de esta administración, lo que haría que el número real de nuevos estudiantes atribuibles al actual gobierno sea aún menor.
(Lea: Una de las peores crisis en UdeA prende alarmas en Mineducación y Contraloría de Antioquia)
A esto se suma un problema estructural: el ingreso de nuevos estudiantes en el sector privado está estancado. Esto es especialmente preocupante porque los créditos condonables del Icetex, que en gobiernos anteriores permitían que jóvenes de bajos recursos y alto mérito ingresaran a universidades privadas, se han reducido. Ocho de cada diez de estos créditos beneficiaban a estudiantes de bajos ingresos, en su mayoría mujeres, que no lograban un cupo en las universidades públicas o preferían las IES privadas. Es válido preguntarse cuántos más habrían podido ingresar a la educación superior si esa política de apoyo financiero se hubiera mantenido.
Otro elemento que genera controversia es la forma en que se presentan las cifras. El DNP y el Ministerio de Educación cambiaron la metodología de cálculo y eligieron 2022 como año base, un año en el que la matrícula oficial cayó de manera significativa. Al partir de un mínimo histórico, cualquier aumento posterior parece más pronunciado de lo que realmente es. En análisis estadístico, un año base debe ser representativo, no un punto excepcionalmente bajo, porque de lo contrario se produce un sesgo en la interpretación de los resultados. Si el año base fuera 2021, los aumentos serían mucho más modestos.
Un indicador más completo y confiable es la tasa de cobertura, que refleja no solo el ingreso de nuevos estudiantes sino también su permanencia. Según el LEE, durante el gobierno Santos esta tasa aumentó 4,15 puntos porcentuales, en el gobierno Duque 0,95 puntos y en lo que va del gobierno Petro 2,61 puntos. Sí ha habido un avance, pero es un aumento moderado, que no respalda el relato de una transformación histórica ni mucho menos el cumplimiento de la promesa de medio millón de nuevos cupos.
La discusión sobre estas cifras tiene un fondo más profundo: la credibilidad de la política educativa. Usar las estadísticas de manera selectiva para presentar resultados exagerados no solo confunde a la ciudadanía, sino que también debilita la confianza en las instituciones públicas. La educación superior es demasiado importante para quedar atrapada en relatos de éxito sin sustento. Los jóvenes que esperan una oportunidad merecen información transparente, indicadores sólidos y compromisos realistas. La política educativa debe centrarse en inversiones sostenibles que amplíen realmente la capacidad de las IES, fortalezcan la permanencia y aprovechen también al sector privado como complemento. Solo así podremos abrir las puertas de la universidad a más jóvenes colombianos y convertir la educación superior en una verdadera palanca de movilidad social y desarrollo para el país.
*Decana, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Javeriana
Por Luz Karime Abadía*
