Objeciones a la JEP “abren escenarios riesgosos a la democracia”: profesores de Derecho de la U. de Antioquia

Uniéndose a voces como la Procuraduría General, y de organizaciones como Dejusticia, el claustro de profesores de de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia dio a conocer una carta abierta en la que reflexionan sobre las consecuencias negativas que pueden tener las objeciones del presidente Iván Duque a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) en la situación política y de construcción de paz en Colombia. (Puede interesarle: Objeciones a la JEP no son procedentes, dicen la Procuraduría y Dejusticia)

Para los docentes, una de las consecuencias más nefastas de la decisión que tomó el presidente Iván Duque de objetar esta justicia especial es que “pone en entredicho la voluntad del Estado para cumplir las obligaciones adquiridas tras la firma de los acuerdos de paz del año 2016”. 

Desmienten, además, los argumentos presidenciales de que dichas objeciones son parte de la “colaboración” entre las tres ramas del poder público. Dichas objeciones –dice el claustro– corresponden a la constitucionalidad del entramado de leyes que crean la JEP y, como se ha expuesto en otras ocasiones, ya fueron resueltas por la Corte Constitucional. Aun asi, dicha corporación dijo que se pronunciará respecto a las objeciones de Duque, que son las mismas que ha enarbolado su partido, el Centro Democrático. (En contexto: Corte Constitucional se apresta a sentar su posición frente a las objeciones de la JEP)

Pero tal vez el llamado más alarmante que hacen los profesores es que la decisión de poner en duda lo que ya había sido firmado y revisado por Senado y Corte, abre “una puerta a escenarios muy riesgosos para nuestra democracia. Pareciéramos estar regresando a la política del “estado de opinión”, en la cual el respeto de las instituciones políticas es algo que se hace en principio y no por principio”. 

Es decir: para ellos, esta decisión sí es un choque de trenes, una violación por parte del Presidente de la independencia de las tres ramas del poder público. “Esta batalla jurídica contra la Corte Constitucional podría leerse en el marco más amplio de una batalla cultural en la cual los relatos del gobierno disputan por imponer un nuevo sentido común en el que sea la lucha antiterrorista y no el conflicto armado lo que explique nuestra historia”, expresan.

Además, se lamentan que haya intereses “partidistas” detrás de las objeciones y reiteran, a lo largo de la misiva, en lo lesivo que es para la democracia que las decisiones del ejecutivo se sometan a “ intereses de ciertos sectores políticos y a los cálculos de las campañas electorales”. 

También hacen hincapié en que la discusión de las objeciones a la JEP ha dejado en la sombra otros puntos importantes del Acuerdo de Paz que garantizan una construcción de paz real para los territorios, como la reforma rural integral. Y concluyen: “Lamentamos que en lugar de discutir sobre otras cuestiones trascendentales para el país como el proyecto de Plan de Desarrollo, el cumplimiento efectivo de los acuerdos por la educación superior, o el uso de los recursos naturales, las decisiones del actual gobierno hayan puesto a la opinión pública a hablar otra vez de la guerra, o al menos de cómo evitar que se reanude con toda su crudeza”. 

Uniéndose a voces como la Procuraduría General, y de organizaciones como Dejusticia, el claustro de profesores de de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia dio a conocer una carta abierta en la que reflexionan sobre las consecuencias negativas que pueden tener las objeciones del presidente Iván Duque a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) en la situación política y de construcción de paz en Colombia. (Puede interesarle: Objeciones a la JEP no son procedentes, dicen la Procuraduría y Dejusticia)

Para los docentes, una de las consecuencias más nefastas de la decisión que tomó el presidente Iván Duque de objetar esta justicia especial es que “pone en entredicho la voluntad del Estado para cumplir las obligaciones adquiridas tras la firma de los acuerdos de paz del año 2016”. 

Desmienten, además, los argumentos presidenciales de que dichas objeciones son parte de la “colaboración” entre las tres ramas del poder público. Dichas objeciones –dice el claustro– corresponden a la constitucionalidad del entramado de leyes que crean la JEP y, como se ha expuesto en otras ocasiones, ya fueron resueltas por la Corte Constitucional. Aun asi, dicha corporación dijo que se pronunciará respecto a las objeciones de Duque, que son las mismas que ha enarbolado su partido, el Centro Democrático. (En contexto: Corte Constitucional se apresta a sentar su posición frente a las objeciones de la JEP)

Pero tal vez el llamado más alarmante que hacen los profesores es que la decisión de poner en duda lo que ya había sido firmado y revisado por Senado y Corte, abre “una puerta a escenarios muy riesgosos para nuestra democracia. Pareciéramos estar regresando a la política del “estado de opinión”, en la cual el respeto de las instituciones políticas es algo que se hace en principio y no por principio”. 

Es decir: para ellos, esta decisión sí es un choque de trenes, una violación por parte del Presidente de la independencia de las tres ramas del poder público. “Esta batalla jurídica contra la Corte Constitucional podría leerse en el marco más amplio de una batalla cultural en la cual los relatos del gobierno disputan por imponer un nuevo sentido común en el que sea la lucha antiterrorista y no el conflicto armado lo que explique nuestra historia”, expresan.

Además, se lamentan que haya intereses “partidistas” detrás de las objeciones y reiteran, a lo largo de la misiva, en lo lesivo que es para la democracia que las decisiones del ejecutivo se sometan a “ intereses de ciertos sectores políticos y a los cálculos de las campañas electorales”. 

También hacen hincapié en que la discusión de las objeciones a la JEP ha dejado en la sombra otros puntos importantes del Acuerdo de Paz que garantizan una construcción de paz real para los territorios, como la reforma rural integral. Y concluyen: “Lamentamos que en lugar de discutir sobre otras cuestiones trascendentales para el país como el proyecto de Plan de Desarrollo, el cumplimiento efectivo de los acuerdos por la educación superior, o el uso de los recursos naturales, las decisiones del actual gobierno hayan puesto a la opinión pública a hablar otra vez de la guerra, o al menos de cómo evitar que se reanude con toda su crudeza”.