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Los hechos revelados recientemente en torno a la Fundación de Educación Superior San José, una institución tecnológica que al parecer habría otorgado títulos universitarios a personas que no cursaron los estudios correspondientes ni cumplieron con los requisitos académicos obligatorios en Colombia, como la presentación del examen Saber Pro, evidencian una falla estructural en el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior.
Este episodio pone en evidencia una realidad preocupante: en Colombia crear una institución de educación superior es relativamente sencillo, especialmente en lo que respecta a las exigencias académicas, administrativas y docentes necesarias para garantizar procesos formativos de calidad.
Según su página web, la Fundación San José tiene 24 años de existencia, pero no cuenta con acreditación de alta calidad institucional y ninguno de sus programas ha sido acreditado. Sin embargo, al revisar la información reportada al SNIES surgen datos inquietantes: en 2019 recibió 1.587 estudiantes de primer semestre y tenía un total de 2.113 estudiantes de pregrado; aun así, para 2023 graduó a 5.700 estudiantes.
Más desconcertante todavía es la tasa de deserción reportada entre 2022 y 2023, que supera el 60%, una señal de alarma que en cualquier sistema robusto de evaluación de calidad ameritaría intervención inmediata. Por otra parte, en el desempeño promedio de sus estudiantes en el examen SaberPro, la institución ocupó el puesto 242 de 271 a nivel nacional.
La situación del cuerpo docente tampoco corresponde a los estándares mínimos esperados en educación superior. Para ofrecer programas académicos serios se requieren profesores de tiempo completo con alta formación, experiencia investigativa y capacidad de acompañamiento permanente. Sin embargo, la institución registra una relación de casi 98 estudiantes por cada profesor de tiempo completo. Aunque aumentó la contratación de docentes temporales y de cátedra, apenas el 18% cuenta con título de maestría y ninguno con doctorado. Resulta difícil imaginar cómo se garantiza calidad, innovación pedagógica o procesos de investigación bajo estas condiciones.
Colombia cuenta hoy con 305 instituciones de educación superior, pero solo una cuarta parte tiene acreditación de alta calidad. El país ha visto crecer la oferta de instituciones y programas, aunque este aumento no ha ido de la mano con la excelencia académica. La normativa actual permite la creación de instituciones mediante la presentación de un documento con ciertos estándares básicos y unos soportes, pero una vez autorizadas, los mecanismos de seguimiento basado en resultados son débiles.
Todo esto plantea una pregunta fundamental: ¿cuáles son las consecuencias de permitir que instituciones funcionen sin cumplir estándares mínimos? Los primeros perjudicados son los estudiantes y sus familias, quienes confían su tiempo, recursos y expectativas en instituciones que podrían no ofrecer una formación adecuada. Los egresados de programas de baja calidad enfrentan en promedio mayores tasas de desempleo, menores salarios y menos posibilidades de movilidad social. La promesa de la educación superior como palanca de progreso se diluye cuando los títulos pierden credibilidad.
El país también sufre consecuencias profundas. La confianza pública en el sistema educativo se erosiona cuando proliferan instituciones que otorgan títulos sin rigor. El valor de los diplomas se deprecia, incluso para quienes provienen de instituciones serias. Además, se afecta la productividad nacional al graduar profesionales con competencias insuficientes, lo que limita la capacidad del país para generar innovación, competitividad y desarrollo económico sostenible.
Por estas razones, es urgente fortalecer los mecanismos de aseguramiento de la calidad con un enfoque basado en resultados verificables, más que en trámites formales o sanciones aisladas. La supervisión debe incluir seguimiento a indicadores de graduación, permanencia, empleabilidad, producción académica, cualificación docente, desempeño en pruebas de Estado y capacidad institucional; así como alertas tempranas. Y debe ir acompañada de tiempos razonables para que las instituciones corrijan y mejoren. Cuando no haya evidencia de mejoras o estándares mínimos de calidad, el país debe tener la capacidad de restringir programas o suspender operaciones, no como castigo, sino como protección del derecho de los estudiantes a recibir educación de calidad.
La educación superior es un bien público y un motor esencial de movilidad social, innovación y crecimiento económico. Un país que permite que su educación superior opere sin estándares mínimos compromete no solo el futuro de sus jóvenes, sino también su propio desarrollo. La educación no admite improvisaciones. Es hora de asumir con seriedad la responsabilidad de velar por su calidad.
*Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Javeriana.
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Por Luz Karime Abadía*
