Un nuevo informe del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE), de la Pontificia Universidad Javeriana, advierte que, respecto a 2024, el total de estudiantes atendidos por el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en 2025 se redujo en 239.674, a pesar de que la cobertura reportada aumentó en 6 puntos porcentuales.
Básicamente, el estudio revisó 51 Informes de Operación del PAE (INOP) publicados entre junio de 2022 y octubre de 2025 por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UApA). También incluyó información del Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), el Informe de Gestión 2025 de la UApA y el Boletín Técnico de Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES) de 2025 del DANE, además de evidencia que, en anteriores oportunidades, ya había sido analizada por el LEE.
De ese modo, los investigadores encontraron que, mientras la cobertura nacional del PAE pasó de 76 % en 2022 a 81,8 % en 2025, el número de beneficiarios, en realidad, se redujo de 5,84 millones en 2024 a 5,60 millones en 2025.
“Esta aparente contradicción se explica, en buena medida, por el comportamiento de la matrícula utilizada como denominador para calcular la cobertura”, explicó el laboratorio. En otras palabras, el número de beneficiarios del PAE se estima con base en el total de matriculados, que entre 2024 y 2025 disminuyó en 431.684 estudiantes. “Como resultado, el porcentaje de estudiantes atendidos aumenta aunque el número absoluto de estudiantes beneficiarios disminuya”.
En ese sentido, dicen los investigadores, a pesar de que el indicador porcentual de cobertura puede transmitir señales de mejora, eso no necesariamente significa que el programa esté llegando a un número mayor de estudiantes.
El LEE también apunta otro factor importante que influye en los cálculos. Mientras que la UApA calcula la cobertura sobre una matrícula “saneada”, en la que excluye registros como los de estudiantes “retirados”, el laboratorio utiliza los datos reportados oficialmente por el Ministerio de Educación, a través del SIMAT.
Entre 2019 y 2024, esa diferencia en las metodologías se había mantenido relativamente estable, pues osciló entre 141.000 y 294.000 estudiantes y generaba variaciones de, aproximadamente, uno o dos puntos porcentuales en la cobertura. Sin embargo, en 2025 la brecha llegó a 396.420 estudiantes, produciendo la diferencia de casi seis puntos porcentuales.
Otro de los retos identificados por el LEE fue el de la continuidad del servicio del PAE, pues el número de Entidades Territoriales Certificadas (ETC) con alguna alerta de intermitencia pasó de 17 en 2022 a 25 en 2025. El análisis, además, arrojó que algunas entidades territoriales presentan alertas de manera recurrente, entre ellas Córdoba, Cesar, Magdalena, Cauca, Antioquia y Buenaventura. “La repetición de estos episodios sugiere dificultades estructurales en la gestión territorial del programa y no únicamente situaciones aisladas”, apuntó el laboratorio.
Un ejemplo de esta situación es Chocó, que, pese a que en 2025 registró la cobertura departamental más alta del país, el servicio se interrumpió progresivamente en hasta 22 de sus 30 municipios entre mayo y septiembre, afectando a más de 55.000 estudiantes en septiembre. Por otro lado, en Cesar, una suspensión en 12 municipios de la zona norte puso en riesgo la atención de 74.452 beneficiarios, mientras que otra alerta en la zona sur involucró a 46.194 estudiantes. Entre tanto, en Cauca, el SIMAT registraba una cobertura de 0% al 30 de abril de 2025 y luego, tras el vencimiento de cinco contratos con operadores, otra suspensión afectó a 97.658 estudiantes.
No obstante, el informe detecta mejoras en el inicio oportuno del programa, pues mientras que en enero de 2023 se registraban 36 ETC con alguna alerta, en enero de 2025 había 13, seis sin iniciar la operación y siete con atención parcial. En todo caso, el LEE advierte que los retos persisten, pues para marzo de 2024, en Girardot, Sincelejo, Córdoba y Popayán, donde hay alrededor de 278.000 estudiantes, no se había iniciado la operación del PAE. La adjudicación de los contratos tomó entre seis y diez semanas del calendario escolar, un periodo en el que los estudiantes no recibieron el complemento alimentario previsto por el programa.
Consulte el informe completo del LEE aquí.
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