“Galán, cazador de profes”, “¡A los maestros se respeta, carajo!”, o “Exigimos escuelas públicas con garantías”, fueron algunas de las frases que estaban escritas en las pancartas que acompañaron las marchas de más de 18.000 profesores y trabajadores este jueves 24 de abril. Sobre las 9:00 de la mañana, los docentes de los diversos sindicatos, como la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de Educación (ADE) o el de trabajadores de la educación de Bogotá, se citaron en varios puntos de la capital del país entre ellos el Centro Administrativo Distrital (CAD) y la plaza del Centro de Memoria Histórica. Su objetivo era llegar hasta la Plaza de Bolívar para protestar contra la alcaldía de Carlos Fernando Galán, pues dicen que “la administración está abandonando a la educación pública”.
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Raúl Vásquez, uno de los directivos de la ADE, estaba listo en el Centro de Memoria Histórica para comenzar a marchar. Mientras esperaba a que otros docentes llegaran hasta ese punto, contó que son conscientes de que hay unas diferencias entre la alcaldía de Galán y los diversos sindicatos, pero que, en su opinión, no se han establecido las garantías suficientes para tener una conversación sobre el pliego de peticiones establecido en junio de 2024. “El gobierno distrital se niega a cumplir los acuerdos de las garantías sindicales, que es tener esas mesas de trabajo y las garantías para la movilización y la protesta”, anotó.
De acuerdo con Vásquez, la Secretaría “ha vulnerado su derecho a la protesta”. La razón que expuso es por los diferentes comunicados que ha publicado la Secretaria de Educación de Bogotá en el marco de diversas manifestaciones. Por ejemplo, el pasado 18 de marzo, cuando el presidente Gustavo Petro convocó a un día cívico para llevar a cabo una serie de movilizaciones en apoyo a la reforma laboral, la ADE anunció que participaría de esta iniciativa. Sin embargo, desde la alcaldía, indicaron que no se acogerían a este día cívico y, por lo tanto, los colegios no se cerraban, los docentes debían cumplir con su jornada laboral y, aquellos que no asistieron a clases, enfrentaron consecuencias económicas con descuentos en su salario.
Una situación similar se vivió en el marco de este paro de 24 horas. El miércoles, 23 de abril, en horas de la noche, la Secretaría de Educación publicó un comunicado en el que le exigía a todos los colegios oficiales de la ciudad garantizar el derecho a la educación de los estudiantes, por lo que, no estaban “autorizados para cerrar este jueves”. La entidad, además, recordó que el cese de actividades por parte de algunos sindicatos docentes “no es justificado y la Secretaría mantiene su invitación al diálogo para resolver diferencias sin afectar el derecho fundamental a la educación”.
Isabel Segovia, secretaria de Educación, ha reiterado en más de una oportunidad que, desde la administración, no tienen “ningún inconveniente con respetar los derechos a la protesta y a la manifestación”. Entonces, añade, lo que le han planteado a los maestros es que debe prevalecer el derecho a la educación de los niños y niñas, por eso, les plantean la posibilidad de salir a marchar “en horarios de contrajornada, sin afectar la jornada escolar. La mejor manera de defender la educación pública es estar con los niños y niñas, acompañándolos y estando con ellos”.
¿Qué piden los maestros de Bogotá?
En el comunicado con el que convocaron el paro, la ADE aseguró que el panorama de la educación en Bogotá se resumía en “colegios deteriorados, docentes y directivos con sobrecarga laboral, un Programa de Alimentación Escolar (PAE) ineficiente y exigencias incumplidas”. Lo primero que explicó Vásquez es que llegaron a cerca de 90 acuerdos con la Secretaría, sin embargo, advirtió que no se han cumplido completamente.
La Secretaría de Educación, por medio de sus redes sociales, respondió y aseguró que, hasta el momento, han cumplido con más del 50 % del acuerdo de 94 puntos con los sindicatos, el cual tiene plazo hasta diciembre de 2026. Arturo Charria, subsecretario de Gestión Institucional, agregó que las actas fueron suscritas en junio de 2024 con más de 20 organizaciones sindicales y quedó establecido que tenían 30 meses de plazo para cumplirlos. Por el momento, anotó, se han desarrollado tres sesiones de seguimiento, en las cuales no se ha hablado de incumplimientos, por lo que, “no está bien que sigan engañando a la ciudadanía y a los profesores. Nuestra voluntad de diálogo se mantiene”.
A los ojos de la ADE, otro de los puntos que ha generado inconformidad está relacionado con la infraestructura educativa, pues, añadió, ha presentado diversas evidencias en video de “las pésimas condiciones en las que se encuentran algunas sedes”. Sin embargo, Abel Matiz, subsecretario de acceso y permanencia de la Secretaría, anunció que, hasta la fecha, han mejorado 194 sedes y en 2025 intervendrán 140 más. “Entregaremos 28 colegios: 16 nuevos y 12 restituidos y el mejoramiento de 310 sedes educativas existentes, esos recursos están contemplados en el Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Camina Seguro (..) es falso que estamos dejando acabar la infraestructura educativa”, sentenció.
Otro de los puntos que, en opinión de los sindicatos, no ha cumplido la Secretaría está relacionado con el presupuesto. Vásquez señaló que varios rectores han asegurado “que no les giran todo el presupuesto a tiempo y hace que no les llegue oportunamente el dinero. Se deriva en otras afectaciones, como la contratación de las rutas”. Esto, añadió Vásquez, podría estar relacionado con que la Secretaría de Educación manifiesta que está en un estado de austeridad. Según el dirigente sindical, el distrito “tiene austeridad para los colegios públicos y no para hacer convenios de alianzas público-privada”, lo que, advirtió, ha afectado la capacitación y la formación docente.
En este tema coincide Miguel Antonio Lasso, del Sindicato de trabajadores de la Educación de Bogotá. Su punto de partida fue el CAD, desde donde explicó que generalmente la capacitación y formación docentes se había realizado de la mano de universidades acreditadas, sobre todo públicas. Pero, ahora la Secretaría les anunció que para este proceso quería contratar a unas ONG. Lo problemático, dijo Lasso, es que los programas que estarían ofreciendo son unos diplomados y “eso no es lo que estamos exigiendo en formación docente. Buscamos una educación universitaria, que es lo que se necesita”.
El Programa de Alimentación Escolar (PAE), sin embargo, es el factor que para los sindicatos ha generado mayor inconformidad. De acuerdo con Lasso, si bien la Alcaldía tiene el derecho a reducir el presupuesto que le destina a este programa, en su opinión, al limitar el dinero se podría afectar la calidad, como han podido evidenciar en la actualidad. “Tenemos videos, reportes, fotos, minutas que dan cuenta de que no se está cumpliendo con una alimentación nutricional y que hay mucha fruta muy madura y se han encontrado hasta insectos”, aseguró Lasso y añadió que la respuesta de la Secretaría se ha centrado en que “no pasa nada y esos alimentos se cambian”. “No le puede llegar así los alimentos a los estudiantes”, dijo
Frente a este tema, Segovia ha recordado que Bogotá cuenta con el mejor PAE del país y que, en la actualidad, entrega comida y refrigerios a los más de 700.000 estudiantes de la ciudad. “Somos los únicos que entregamos PAE al 100 % de estudiantes en los 412 colegios oficiales”, señaló Daniel Mora, director de bienestar estudiantil de la Secretaría. Además de cumplir las normas nacionales, el PAE en Bogotá se ofrece en dos modalidades: comida caliente y refrigerios escolares.
Luego de las movilizaciones, la secretaria de Educación, Isabel Segovia, entregó un balance: “tenemos en este momento 119 colegios operando con normalidad, algunos apoyados por la Secretaría y otros no han tenido impedimento, porque no se ausentaron docentes. 280 colegios adicionales sí interrumpieron servicios, específicamente 43 ahora en lo que se llama la media mañana, pero allí el PAE está funcionando perfecto. Además, hay 51 colegios que no arrancaron y estuvieron completamente cerrados”. Los sindicatos, por su parte, puntualizaron en que seguirán exigiendo las garantías necesarias para prestar el servicio.
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